Beatriz Contreras (INDH) y violencia sexual en la crisis: “No nos había tocado ver esta magnitud”


En los más de cien días transcurridos desde el 18 de octubre, las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado por cuatro respecto a los últimos 9 años. Hasta ahora los casos más emblemáticos han sido las lesiones oculares generadas por perdigones y bombas lacrimógenas. No obstante, desde el INDH, la directora jurídica de la Región Metropolitana recalca la gravedad y masividad de apremios ilegítimos de carácter sexual que hasta el 15 de enero, cuando se realizó el último informe, ascienden a 214.

Por Daniel Meza

Beatriz Contreras (45), jefa regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cree que la ciudadanía no ha sido capaz de dimensionar las graves vulneraciones que, desde el 18 de octubre, ocurren en nuestro país. La masividad y cotidianeidad con que se han instalado las violaciones a las garantías fundamentales, no han permitido reflexionar sobre los diferentes abusos que se han dado. Se han recibido miles de denuncias. De ellas, 214 son por violencia sexual y 191 en comisarías. En este ítem se incluyen casos de sentadillas, desnudamientos, tortura sexual y violaciones que habrían sido cometidas por agentes del Estado. 

¿Cuál es el balance del 2019? 

—Ha sido bastante más intenso desde el 18 de octubre en adelante. La referencia que siempre se hace es con las querellas de tortura: ahora se han presentado 4,3 veces más que en los nueve años anteriores. Eso habla por sí mismo de cómo aumentó explosivamente la cantidad de vulneraciones a los Derechos Humanos en solo tres meses. 

¿Cómo ha influido en su funcionamiento? 

—Ha sido súper complejo. Desde el 18 de octubre tratamos de desplegarnos en los distintos espacios que nuestro mandato legal nos permite. Básicamente eran observaciones en comisarías, hospitales y manifestaciones públicas. Asimismo, había profesionales y personal de apoyo que se tenía que quedar en las sedes para hacer, por lo menos en la Metropolitana, la atención de público, porque muchas denuncias ingresaban por atención directa en las oficinas y otras vía telefónica. 

Para las observaciones en terreno, hacíamos turnos, estábamos desplegados todo el día y toda la noche. Los turnos de noche completa duraron mes y medio. Después, hemos hechos turnos nocturnos diarios más cortos, hasta como las dos o tres de la mañana. 

¿Se vieron sobrepasados? 

—Para las observaciones, en general no hubo tanto problema. Pero teníamos que contar con abogados colaboradores, que no forman parte del staff permanente del INDH, pero tienen un contrato a honorarios y son requeridos para gestiones muy puntuales. Esto para que los equipos no se fueran desgastando. El turno de noche era súper complejo, dado que las situaciones más graves de vulneración a los derechos humanos pasaban en esas horas. Además, los recorridos son súper largos. En el fondo, tratamos de abordar todas las comisarías de la Región Metropolitana. 

Previo al estallido social, nuestra labor en comisarías era a requerimiento en el contexto de las manifestaciones que tenían lugar en Santiago, Providencia y Ñuñoa. Una vez finalizadas, se producían detenciones y en esas circunstancias nos llamaban desde la sociedad civil para denunciar vulneraciones. Pero ahora tenemos que duplicar y triplicar los esfuerzos para tener un alcance mayor, y, sobre todo, poner mucho ojo en las comisarías de las comunas más periféricas. Entonces, hay días y noches, desde el 18 de octubre, que hacemos recorridos por 27 ó 30 comisarías. En esas rondas nos dimos cuenta de que existen algunas comisarías en que se repetía un patrón de conducta. Por eso esas unidades no fueron soltadas ni en el día ni en la noche.

 —¿Cuáles son esas comisarías? 

—La 12° de San Miguel, la 43° de Peñalolén y la 25° de Maipú fueron, en las primeras semanas, súper complicadas. También en la 49° de Quilicura tuvimos algunos problemas..

 —¿Qué patrones se repetían? 

—En la 12°, desnudamientos a mujeres, niñas y adolescentes. En la de Peñalolén, casos graves de torturas. Ahí también tuvimos una situación de violencia sexual importante. Hubo que hacer un despliegue que va por sobre las funciones normales, pero esto se hizo no solo con los funcionarios de estas sedes, sino que también con personal de las unidades de nivel central. El Instituto desde el 18 y 19 de octubre abrió canales de denuncias específicas para ese contexto. Primero, fue un correo (denuncias@indh.cl). Luego, para poder tener una información más filtrada, se habilitó un formulario con el objetivo de recolectar y analizar la información. 

En la Región Metropolitana tenemos más de 3.500 denuncias, lo que equivale al 60% de las acusaciones totales a nivel país. Hay que hacer un análisis jurídico y administrativo. De esa forma, vemos si procede una acción judicial o en caso que no se alcancen a reunir los elementos, realizar otro tipo de acción: administrativas, envió de oficios, solicitud de informaciones, entre otras. 

Comisarías en la lupa

¿Por qué  los casos más graves de torturas sexuales se dieron, en los primeros días, en las comisarías de San Miguel (12°), Quilicura (49°) y Peñalolén (43°)? 

—La verdad es que nosotros no tenemos una mayor respuesta a eso. Quizás es porque son comisarías que, antes del estallido, no eran tan fiscalizadas por el INDH.  No tenían, tal vez, la costumbre de estar siendo observadas en cuanto a su comportamiento en los derechos humanos. 

Un día hubo esta situación de vulneración; a la noche siguiente, otro caso parecido. Así que dijimos: “aquí se está estableciendo un patrón dentro de la propia comisaría». Ello porque la mayoría de las vulneraciones ocurrían al momento de la detención y no en la comisaría.

Las unidades de Pedro Aguirre Cerda y Peñalolén, donde ocurrieron los casos de abusos sexuales más graves, luego ya no estuvieron involucradas en incidentes, ¿por qué?

—Sí. Cuando empezamos a constatar situaciones graves en una comisaría, no la soltábamos: la visitábamos durante el día y la noche. De hecho, nos tocó que, habiéndonos ido, nos contactaban para que regresáramos por situaciones de graves violaciones a los derechos humanos. El tenerlas en el ojo durante mucho tiempo causó un efecto disuasivo.

¿Tuvieron algún problema cuando iban a las comisarías? 

—En general, no. Bueno, acá en las de Santiago Centro y Ñuñoa nunca, porque son unidades muy visitadas y nos conocen. En la 19° de Providencia siempre tenemos algún tipo de problema: ya sea la demora en el ingreso o cuestionamientos sobre si nuestros observadores están en el listado que el INDH ha enviado a Carabineros. Es un poco compleja esa comisaría. 

En otras, donde no conocen la labor del Instituto, nos reciben con muchos requerimientos. Al principio es un poco complejo, pero había que explicarles que nuestro mandato legal nos permite el ingreso a los centros de detención. También a entrevistar a personas que están detenidas, ya sea por el contexto del estallido social, o no. 

Según el informe institucional del 30 de diciembre, las unidades con mayores casos de tortura sexual y desnudamientos pertenecen al sector sur de Santiago. La Pintana, con 30 casos; San Bernardo, con 15; y Puente Alto, con 14. Son sectores con bajos ingresos. ¿Es ese el factor común?

—Son comisarías que corresponden al lado más periférico, que no son visitadas de forma frecuente. Además, en el caso de Puente Alto fue muy complejo porque cuando quisimos interponer un amparo en garantía el juez o jueza de turno no se constituía. Me imagino que eso provoca que Carabineros sienta una cierta libertad de actuación.

¿Qué excusa les dieron los jueces para no constituirse?

—Que estaban con mucho trabajo, que por eso no podían concurrir al lugar. También nos respondían que si el procedimiento estaba en conocimiento de la Fiscalía, para qué iban a ir ellos. Son excusas que no son aceptables desde ningún punto de vista cuando estás denunciando una vulneración, sobre todo en el contexto que estábamos viviendo.

En un caso particular, una jueza no se quiso constituir durante el día y nos respondió que quizás más tarde lo haría. La seguimos llamando y le pedí a uno de nuestros abogados que insistiera en que fuera la jueza de turno. Además, a eso de las 23.00 horas, nuestros abogados del turno de noche constataron la gravedad de varios detenidos, entre ellos cuatro niños, niñas y adolescentes con vulneraciones graves. Así que seguimos insistiendo de manera ya casi obsesiva hasta que ella fue a la comisaría y se encontró con las abogadas que estaban constatando esta situación. Insistir sirvió como herramienta, en esa ocasión, para que los jueces se constituyeran y tomaran conocimiento de las nuevas vulneraciones que se estaban produciendo. De esa forma, se logró que se acogieran los amparos de garantía y después, además, fuera a otra comisaría, ya que en esa otra unidad había una situación de gravedad y la propia jueza, a solicitud de las abogadas, acogió otro amparo en garantía por las adolescentes que se encontraban detenidas.

La 20° de Puente Alto ha sido denunciada por varios casos de torturas sexuales y desnudamientos a menores de edad  ¿Por qué se dan esas situaciones en aquel cuartel?

—Hay comisarías que tienen conductas que se encuentran asentadas, –nosotros le llamamos un patrón–, donde están acostumbrados a hacerlo porque básicamente nadie les pone controles y no son fiscalizados de manera regular. A nosotros ya se nos hacía complejo, desde antes del estallido social, hacer visitas preventivas a las comisarías, es decir, ir a hacer recorridos sólo para verificar cuál es la situación, si es que hay personas detenidas, etc.

En general, sólo teníamos, antes del 18 de octubre, la capacidad para ir a requerimiento. Pero desde el 18 de octubre, por las graves situaciones, dijimos: “Bueno, hay que ahondar sobre todo en las comisarías donde no vamos nunca porque precisamente ahí puede que carabineros estén acostumbrado a realizar y llevar a cabo determinado tipo de conductas». Y como nadie los está mirando, nadie está haciendo fiscalización. Entonces es probable que muchas de estas conductas sean efectivamente constitutivas de vulneraciones de derechos humanos y ellos las tengan naturalizadas.

Abusos sexuales a hombres

Según el mismo informe, son 39 los casos de abusos hacia varones menores de 18 años y 22 hacia mujeres.

—Fíjate que en el caso de los adultos, hasta primeras dos semanas de noviembre, las víctimas de tortura también eran más hombres que mujeres. En cambio, en los casos de tortura sexual la cifra se invertía y eran muchas más mujeres que hombres. Hoy en día, ya con el correr del tiempo, está casi equiparado.

Sin embargo, los casos de violación han sido casi todos , salvo uno, en contra de hombres. Son cuatro víctimas masculinas y una mujer. 

¿En los casos de violación hacia hombres hay patrones que se repiten?

—Sí. La mayoría fueron violados en un vehículo institucional y fueron penetrados -salvo un caso- con armas  de servicio.

¿Bastones retráctiles?

—Claro. Bastones o palos, porque no necesariamente al hablar de palo o un elemento externo estamos hablando de la luma, sino que en un caso fue un palo de madera. En otros casos, se utilizó la luma. Los llevaban detenidos, los subían al auto y en ese momento eran violados con un elemento externo, no como una penetración tradicional. Para los efectos de los estándares internacionales, la violación se configura no sólo por la penetración carnal, sino por la introducción de cualquier elemento vía cavidad anal o vaginal.

¿Cómo fueron interceptadas las víctimas?

—Una de estas personas iba por la calle caminando a horas de la noche, a la salida de su trabajo, y ahí es abordado por un carro policial. Por ser de otra nacionalidad, lo comienzan a insultar y lo suben al carro donde lo agreden. Luego, lo llevaron a un sitio eriazo. Ahí, al interior del vehículo policial fue violado. Después, en algún momento, los funcionarios que participaron en estos graves actos, salieron del carro y en ese minuto la víctima, en la desesperación de poder salvarse, logra arrancar.

En otro caso, que ha sido conocido mediáticamente, el del estudiante de medicina (Josué Maureira), él estaba al lado de un supermercado que había sido saqueado. Escuchó un grito de ayuda, concurrió al lugar. Estaba muy oscuro, era de noche. En ese contexto, fue abordado por funcionarios de Carabineros. Lo detuvieron y le imputaron el delito de robo en lugar no habitado. Al rato, al percatarse de que el joven tenía sus uñas pintadas de rojo, dedujeron una orientación sexual diversa. En función de eso, fue golpeado fuertemente. Existió ahí un móvil de discriminación por su opción sexual, porque se lo hicieron manifiesto en las palabras que le dirigían. Lo agredieron a tal punto que esta persona perdió la conciencia. Una vez que lo trasladan a la comisaría ,y cuando recuperó el conocimiento, lo siguieron agrediendo. Es ahí cuando es violentado sexualmente por los funcionarios. 

¿Algo más? 

—Tres de las víctimas estaban caminando solas. Por ejemplo, en el caso del hombre en el Parque Forestal, dice que ni siquiera estaba participando en las manifestaciones, sino que venía del trabajo. Otra víctima de violación que tenemos había participado en manifestaciones, sin embargo la detención fue el otro contexto. Él iba caminando por una calle y en la vereda del frente había un grupo de carabineros. Ésta persona les gritó y siguió caminando. Al rato se percató de que los funcionarios se subieron a un auto y lo comenzaron a perseguir: lo detienen, lo golpean, y lo suben entre varios al vehículo. Eso en cuanto a los patrones de las violaciones.

¿Y respecto de la violencia sexual?

—Se han dado en contexto de detenciones por participar de manifestaciones y han tenido lugar en las comisarías. Eso es algo que a nosotros no nos había tocado ver con esa magnitud. La vulneración se da en ese escenario y no en el momento de la detención, más allá de que muchas de estas víctimas durante la detención sufrieron apremios ilegítimos Pero la violación, propiamente tal, en general es en autos de policías. Los otros casos de violencia sexual, son en las estaciones. 

¿Por qué cree que hay mayor número de casos de violación hacia hombres que hacia mujeres? 

—Es imposible darte una respuesta. También nos llama la atención.

¿Y hay alguna manera de esclarecer quiénes fueron los perpetradores? 

—La verdad es que las víctimas cuando logran zafar de esa situación están tan en shock que no tienen la noción sobre si el vehículo tenía patente o si los funcionarios estaban identificados. Lo que sí nos ha pasado, no sólo a propósito de las víctimas de violencia sexual, es que muchas veces los funcionarios policiales no portan la identificación en su vestimenta. En algunos casos, sí pueden identificarlos. Además, esto está asociado a un contingente que está a cargo de ese ese sector en un determinado momento. Así que los pueden identificar visualmente. Muchas veces cuando estábamos entrevistando a las víctimas nos decían: «ese funcionario que está ahí, al lado de la mesa, fue».

No todas las víctimas denuncian

¿Hay alguna correlación entre los índices de apremios ilegítimos y el nivel socioeconómico o de escolaridad?

—No tenemos un estudio formal para hacer esta afirmación, pero si uno ve los datos, es en las comunas periféricas es donde más ocurren estas situaciones, específicamente en el sector sur. Son comunas populares y personas que están en situaciones de vulnerabilidad desde el punto de vista social o educacional. Aunque no tenemos estadísticas ni datos duros que señalen esto, es cosa de hacer un primer análisis a la luz de la información que hemos recabado de manera directa.

¿Hay víctimas que no denuncian? 

—Hay muchas que no denuncian. Nos pasó mucho en las comisarías que al entrevistar a las personas, les preguntábamos “¿Has sido vulnerado en tus derechos?” y nos respondían «no». Después contaban que no les habían dicho el motivo de la detención, que les habían hecho sacarse la polera. Les decíamos que eso no corresponde, que era una vulneración. Por eso era importante hacer un despliegue masivo de observadores: hay una parte de la población que ha sido tan vulnerada históricamente que lo tiene asumido como algo normal.

¿El problema de Carabineros en derechos humanos es estructural?

—Claramente hay un problema de formación, sin perjuicio de que el propio Departamento de Derechos Humanos de Carabineros ha venido hace ya 8 años llevando a cabo un programa de formación en la materia. Esto, por las cifras que tenemos, no ha sido efectivo. Me imagino que ellos como institución tienen que replantearse la forma en que siguen haciendo la formación en derechos humanos.