La frontera: El viaje clandestino de una madre y su hijo

Una investigación de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota dejó al descubierto una importante red de tráfico de migrantes. La indagatoria reveló los riesgos que viven las personas que deciden dejar su país y la precariedad que rodea a esta operación ilegal si además se decide pasar esta travesía con un hijo en los brazos.   

Por Rodrigo Tapia Soto / Fotografías Agencia UNO

En agosto de 2015, Rosalina Ramírez Rosario pasaba por una mala situación económica y con un hijo de 3 años, se convenció que había llegado la hora de dejar República Dominicana, su país natal.

El trabajo como peluquera no era suficiente y una serie de otros problemas personales gatillaron la conversación con una de sus mejores amigas. De boca de Yulissa, Rosalina escuchó por primera vez una posibilidad cierta para salir de los problemas que la aquejaban: los hermanos de su amiga viajarían a Chile con la intención de radicarse en Santiago y para acompañarlos, necesitaba comprar un pasaje a Bogotá, Colombia, donde comenzaría el periplo.

Finalmente la idea no se concretó y la joven, aconsejada por su hermana Rossana que ya vivía en nuestro país hace casi un año, emprendió rumbo recorriendo más de 4 mil 200 kilómetros por tierra junto a su hijo.

El viaje y el sueño de rehacer su vida en el extranjero, se transformó en un infierno. Rosalina fue engañada por una banda de tráfico de personas migrantes y su pequeño hijo fue internado en un centro dependiente del Sename, cuando la policía chilena la descubrió indocumentada en un control de rutina en Iquique.

El visado legal y la seguridad de la ruta que le habían prometido para llegar a nuestro país fue solo el libreto de un discurso para reclutarla a ella y otros dominicanos en lo que sería la mayor red de tráfico de personas migrantes en Chile de los últimos años, con más de 200 extranjeros ingresados ilegalmente desde el 2014.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, fue conocida como “La Operación Desierto”.


Algunos de los imputados en la investigación de la Fiscalía Regional de Arica en el caso conocido como la «Operación Desierto». Fotografía Fiscalía Regional de Arica y Parinacota.

Las instrucciones por Whatsapp

El hijo de Rosalina no sería el primer niño que pasaría ilegal por la frontera chilena en manos de los ciudadanos peruanos Soledad Marquera y su brazo derecho Kliver Zárate, ambos líderes de la banda que desbarató el Ministerio Público en 2016.

Según pudo establecer la extensa investigación de la fiscalía, que se extendió por dos años, Marquera, junto a su organización –todos ciudadanos peruanos– captaba a personas por medio de contactos telefónicos, redes sociales o colaboradores para cruzarlos desde su país de origen, casi en su mayoría de República Dominicana, a territorio chileno, pidiendo a cambio una suma que variaba entre 700 y 3.000 dólares.

Pero había otro factor, que en el caso de Rosalina encareció la operación: Marquera cobraba un adicional de 500 dólares si el “cliente” viajaba con un niño.

Los miembros de la banda repartían instrucciones a través de WhatsApp o mensajería de texto para que las víctimas llegaran a las ciudades de paso y se alojaran en hoteles o residencias que ellos les indicaban. Todo era parte de una gran cadena que se terminaba en el norte de Chile.

A través de ambas rutas, la red de tráfico de personas conducía a los migrantes por lugares aislados y desérticos, donde muchas veces los privaron de alimentos y abrigo adecuado. Inclusive, en algunos casos, las víctimas eran atacadas sexualmente, cuando la banda les exigía más dinero para continuar.

Marquera trasladaba a sus víctimas en buses, en motos o a pie, ingresando en varias ocasiones por pasos no habilitados. A Chile, por ejemplo, podían entrar por las siguientes rutas: cruzando desde Perú por Tacna, siguiendo a Pisiga, Bolivia, hasta la zona de Colchane, en Arica. Este viaje incluía condiciones climáticas y atmosféricas extremas con temperaturas de una mínima de hasta -5,7°.

La otra ruta comenzaba desde Tacna a Arica, donde los “clientes” eran llevados con un “guía” hacia los hitos 1 al 14. Según la información de la fiscalía, el trayecto podía variar por el sector costero o siguiendo la línea férrea, cruzando a Chile por la Quebrada Escritos, en Arica, zona conocida porque en 1978 la dictadura de Augusto Pinochet, decidió sembrar más de 180 mil minas antipersonales y antitanques en las fronteras chilenas, debido a la tensión que existía con los gobiernos de Argentina, Bolivia y Perú,

A través de ambas rutas, la red de tráfico de personas conducía a los migrantes por lugares aislados y desérticos, donde muchas veces los privaron de alimentos y abrigo adecuado. Inclusive, en algunos casos, las víctimas eran atacadas sexualmente, cuando la banda les exigía más dinero para continuar.

Kliver Zárate, cuya edad bordeaba los 30 años al momento de cometer los delitos, se caracterizaba por su delgadez, su pelo liso y su estatura media. Él era uno de los que entablaba contacto con los migrantes para iniciar el proceso. Y además fue el primero en hablar con Rosalina para venir a Chile.

Cuando la joven conversó por primera vez con Zárate, él le recalcó que no había ningún problema en viajar con su niño, porque “todo este trayecto sería legal”. La suma era de 1.720 dólares, al valor de hoy $1.147.000. Pese a que no incluía el costo de los pasajes, el dinero permitía recibir las instrucciones, la guía y el visado que supuestamente era legal.

Una de las pruebas presentadas por la fiscalía en la investigación fue un audio de WhatsApp, donde Marquera entregaba las tarifas de la banda:

-Por niño cobro 500 dólares, por la mamá 500 más.

Según la mujer, todo era 100% seguro. Al menos así les informaba a los futuros “clientes” que viajaban junto a sus hijos. De hecho, en ocasiones aclaró que los niños cruzaban la frontera en vehículos, aunque ese no fue el caso de Rosalina, que tuvo que pasar caminando con su pequeño por la ruta Tacna – Arica, tal como lo hizo el resto de los migrantes.

Una vez que Rosalina realizó el acuerdo con Kliver, comenzó el viaje más largo que le haya tocado vivir: Cali e Ipiales, en Colombia; Tulcán, Quito, Guayaquil y Huaquillas, en Ecuador; Tumbes, Chiclayo y Tacna, en Perú; y desde Arica a Santiago, en Chile.

El infierno en la ruta a Chile

La investigación de la fiscalía concluyó que los trayectos podían durar un mes aproximadamente. Rosalina viajó en bus con su hijo de Bogotá a Cali, siguiendo las órdenes de Kliver en cada mensaje que le enviaba a su teléfono móvil. Cuando llegó al terminal de buses de Cali, el hombre le indicó que debía tomar otro autobús, pero esta vez en dirección a Ipiales, ubicada en la frontera entre Colombia y Ecuador. Allí tuvo que alojar una noche porque su hijo no se sentía bien tras su partida desde República Dominicana.

Al otro día, la madre y el niño cruzaron el paso fronterizo ubicado en el Puente Internacional de Rumichaca, ubicado en Ipiales. Luego viajaron en taxi, que es el transporte común para trasladarse, hasta llegar al terminal de buses de dicha ciudad y así cumplir con el recorrido por  tres ciudades: Quito, Guayaquil y Huaquillas.

El “coyote” tomó al niño de Rosalina y se lo acomodó como mochila en su espalda, mientras ella se movía con dificultad con su maleta por la arena junto al resto de los dominicanos que iban con ella.

Cuando Rosalina y su hijo bajaron del vehículo, en Huaquillas, divisó a un hombre que, según las indicaciones de Kliver, la hospedaría en un hotel. Su nombre era Kharlo Zárate, hermano de Kliver, que era el encargado de los aspectos logísticos del traslado de los extranjeros.

Luego de hospedarse en el lugar, en Ecuador, Kharlo le dijo que se preparara, pues el viaje continuaba a Tumbes, Perú. Rosalina tuvo que subirse con su hijo a una moto que era conducida por un hombre de unos 30 años, de cabello oscuro y piel blanca, quien los llevó a Tumbes donde se encontraría con Kliver en un hotel, que estaba con otros extranjeros en la misma condición de Rosalina.

Fue allí donde le cobraron el dinero a cada uno de los migrantes y los instó a subirse a un jeep en el que luego de varias vueltas, los dejaría en la casa de la socia de Kliver: Soledad Marquera.

Debían permanecer un día y medio en la casa, sin poder salir y con muy poca comida, según relató Rosalina a la fiscalía. Tras horas de espera, Marquera los llevaría al terminal de buses donde viajarían desde Tumbes hasta Chiclayo durante 7 horas. Finalmente, tomarían un taxi para ir a Tacna y continuar con un supuesto guía de acento colombiano que los acompañaría a Chile. Les cobraría 500 dólares por el tramo.

Cuando ya estaban en Tacna, se subieron a un taxi que los dejó cerca de la playa de la provincia y desde allí caminaron mientras sentían cómo el frío aire marino les recorría todo el cuerpo.

El “coyote” tomó al niño de Rosalina y se lo acomodó como mochila en su espalda, mientras ella se movía con dificultad con su maleta por la arena junto al resto de los dominicanos que iban con ella.

La ruta que el guía había definido hacia Chile se distanciaba del sector costero, hasta cruzar la desértica Quebrada Escritos, en Arica. Allí, el colombiano les advirtió los peligros del lugar debido a que se trataba de una zona sembrada de minas antipersonales y antitanques.


Imagen referencial del paso Chacalluta.

Cuando por fin llegaron a Chile, Rosalina junto al resto de los migrantes caminaron un largo trayecto por el desierto hasta altas horas de la noche, según pudo establecer el Ministerio Público. En su relato, entregado a la abogada  del Instituto de Derechos Humanos y querellante por el caso de la Operación Desierto, Consuelo Gil, Rosalía contó que la caminata provocó que se sintiera mal, sofocada y con un fuerte dolor en sus pies.


Cerca del Aeropuerto Internacional de Chacalluta, la quebrada escritos y la línea férrea fueron los lugares por donde llegó Rosalina a Chile.

En el lugar permanecieron durmiendo en la misma cama Rosalina, su niño y tres dominicanos que habían llegado con ella. Al otro día, cuando Rosalina pensaba que todo había terminado, llegó lo peor: en uno de los últimos traslados desde Arica a Iquique, el bus fue controlado por Carabineros, donde le solicitaron sus documentos y el de su hijo. Al ver que los sellos estaban adulterados, fue detenida como infractora a la ley de extranjería.

La operación

La Operación Desierto detectó al menos 200 víctimas que ingresaron clandestinamente al país desde el 2014. Según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), por ejemplo, solo en el primer semestre del 2018 hubo 3.182 denuncias por este tipo de entrada, superando en un 19% a las denuncias que se realizaron durante todo el 2016.

Cuando Rosalina y su hijo se aproximaban por tierra al aeropuerto Internacional de Chacalluta, luego de horas caminando, escucharon el ruido del motor de una camioneta negra de cuatro puertas que se acercaba. El vehículo la llevaría a la casa de una señora morena, de baja estatura, pelo oscuro y con sobrepeso, en Arica. Le decían “la morena”. Allí tuvo que pagar 20 dólares por el hospedaje.

En el lugar permanecieron durmiendo en la misma cama Rosalina, su niño y tres dominicanos que habían llegado con ella. Al otro día, cuando Rosalina pensaba que todo había terminado, llegó lo peor: en uno de los últimos traslados desde Arica a Iquique, el bus fue controlado por Carabineros, donde le solicitaron sus documentos y el de su hijo. Al ver que los sellos estaban adulterados, fue detenida como infractora a la Ley de Extranjería.


Complejo fronterizo Chacalluta en Arica.

Ingresar clandestinamente a Chile, según el Decreto Ley 1.094, implementado por la dictadura, tiene una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, desde 3 a 5 años. Si lo hicieran por lugares no habilitados, la pena es de presidio menor en sus grados mínimo a máximo: hasta 5 años y un día. Una vez cumplida la pena impuesta en ambos casos, las personas que cometieron este delito son expulsados del territorio nacional.

Pero el caso de Rosalía era más complejo. Los funcionarios de la PDI que finalmente se hicieron cargo del procedimiento, llamaron al juez del Tribunal de Familia para que ordenara abrir una causa con la medida de protección temporal provisoria, pues la madre había puesto en riesgo la vida del niño al cruzar la frontera. La decisión judicial significó enviar al menor a un centro dependiente del Sename. Como los documentos de Rosalía eran falsos, también se dudaba de que realmente fuera su hijo.

En los días posteriores, la joven recibió mensajes amenazantes de Kharlo Zárate. El peruano la culpaba por la detención de su hermano Kliver.

El hijo de Rosalina estuvo durante 20 días en la Corporación para la Nutrición Infantil (Conin), dependiente del Sename, en Arica. Mientras, la madre conseguía los documentos necesarios para acreditar que era su hijo, pues en ningún momento dio cuenta de un permiso notarial o judicial para salir con el menor de República Dominicana. La joven lo visitó según el régimen que le establecieron en el lugar y tres semanas después, cuando pudo acreditar que era su madre, el tribunal alzó la medida de protección que le había impuesto.

Cuando se realizan denuncias por infracción a la Ley de Extranjería, las personas migrantes no son detenidas, sino que solo quedan citadas a un control de firmas, generalmente cada 7 o 15 días en un cuartel de la PDI. En ese contexto, la Intendencia de la región pasa un parte por infracción, quedando en manos de la Fiscalía.

La abogada Consuelo Gil, lo explica: “la intendencia se desiste de la persecución penal y el Ministerio Público la archiva, porque no le da la capacidad para llevar la infracción a cabo, porque son miles y miles de casos”.

La abogada del Servicio Jesuita Migrante (SJM), también querellante en el caso, Daniella Brondi, comenta que “al ser demasiado grandes los ingresos por pasos inhabilitados, continuar causas judiciales, penales o de investigación pueden durar al menos dos años, provocando que el sistema de la fiscalía y de la intendencia se atoche al seguir estos casos”, dejando sin pena alguna a quienes cometen la infracción.

Esta situación es utilizada por SJM a favor de los migrantes para revocar la orden de expulsión y presentar los recursos judiciales necesarios en la Corte de Apelaciones. “Si bien se dictó un acto administrativo, no existe esta bilateralidad con la persona para que sea escuchada. Es decir, solamente este proceso administrativo comienza y termina con la expulsión. Si la persona fue víctima de tráfico de personas, jamás es escuchada”, señala Brondi.

Además, según palabras de la abogada, si “el órgano de la administración se desiste, no tiene intención de que el supuesto delito sea investigado, mostrando poco interés en la persecución penal del ilícito”.

Si los extranjeros que ingresan al país ilegalmente no son encontrados por la PDI o Carabineros, la abogada Brondi aconseja lo siguiente: “es necesario que las personas se autodenuncien, ya que al hacerlo da cuenta que ingresó al país, que pasó por un paso inhabilitado, pero que se encuentra en Chile. Con ese antecedente se puede revocar una orden de expulsión y regularizar su situación migratoria”, dice Brondi.

Tras dos años de investigación, y tres desde que Rosalina llegó con su hijo a Chile, el 29 de noviembre del 2018, el Tribunal Oral en Lo Penal de Arica, condenó a Soledad Maquera a cinco años de presidio menor en su grado máximo por su participación como autora del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de migrantes, y 12 años de reclusión mayor en su grado medio por el delito de tráfico de migrantes. En tanto, el hombre que la ayudó a cruzar, Kliver Zárate, fue condenado a la pena de 10 años y  un día de reclusión mayor en su grado medio por su participación en calidad de autor del delito consumado de tráfico de migrantes, y 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por su participación en calidad de autores del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de migrantes. Su hermano, Kharlo, fue condenado a 11 años de reclusión mayor en su grado medio, y 6 años de presidio mayor en su grado mínimo.

*Vergara240 intentó contactar a Rosalina Ramírez para este reportaje, pero no fue posible.


La nueva legislación

El miércoles 3 de abril del 2018, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario, Rodrigo Ubilla, y el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, se presentaron en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para dar a conocer los parámetros y características del proyecto de ley de migración. En la cita, señalaron que existían a junio del 2017, más de 960 mil migrantes, entre los cuales 250 mil a 300 mil estarían de forma irregular.
El proyecto busca otorgar una residencia especial para migrantes: Residencia temporal para quienes buscan radicarse hasta 48 meses para trabajar o estudiar, y residencia definitiva si se busca permanecer en el país. Además, garantiza a los menores de edad extranjeros, con independencia de la condición migratoria de sus padres, el acceso a la educación preescolar, básica y media, y el acceso garantizado por ley a la salud en las mismas condiciones que cualquier chileno. Eso sí, a diferencia del actual proceso, si un extranjero elude el control migratorio o se valida de documentos falsificados, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera. El proyecto hasta el 30 de enero de este año, se encuentra en revisión en el Senado para su aprobación.