Jóvenes entre 20 a 35 años son las nuevas afectadas. Pese a que esta patología cuenta con una garantía completa de tratamientos en el sistema de salud público, la cobertura nacional de pacientes no llega al 45%. Además, y producto de la pandemia, la detección de cáncer cervicouterino disminuyó: tan solo en mayo y junio de 2020, el PAP retrocedió un 65%, según la Asociación Clínicas de Chile.
Por Valeria Faúndez y Valeria Sepúlveda
30 de Octubre de 2023
Durante la nueva conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, un titular de El Mostrador reflejó una preocupante tendencia detectada por el estudio Global Cancer Observatory: “una mujer muere cada dos minutos en el mundo y, en Chile, dos diariamente”.
Desde 2002, el Ministerio de Salud (Minsal) registra caso a caso las defunciones por el cáncer cervicouterino (CaCu) en Chile y ellas quedan registradas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Deis). Al analizar los datos publicados hasta mayo del 2023, se revelan dos históricas marcas: se registraron 743 muertes en 2021 y 791 en 2022. Solo durante los primeros cinco meses de 2023 ya se registraban 342 mujeres fallecidas.
El CaCu es una neoplasia o tumor maligno en el cuello del útero. Su desarrollo está vinculado 99% al Virus Papiloma Humano (VPH), según la Organización Panamericana de la Salud. Es una enfermedad casi asintomática en sus primeras dos etapas, las únicas en las que es posible encontrar una cura eficaz.
En Chile existen tres mecanismos para su prevención: la vacuna contra el VPH, implementada en niñas desde 2014 y en niños desde 2019; el Papanicolaou (PAP), vigente desde 1987 y el test de detección de VPH. Además de cuatro etapas de procedimientos cubiertos por el GES (Garantías Explícitas de Salud): tamizaje/sospecha, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Para Carolina Goic, directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN) y de la Fundación Foro Nacional del Cáncer, resulta “inimaginable” que durante 20 años, con un cáncer 100% curable si es prevenido con tiempo y cubierto por el sistema público, no exista un notorio descenso en los fallecimientos, y que incluso las cifras aumenten. “Claramente estamos llegando tarde con uno de los cánceres evitables en el país”, asegura.
“En 2021 corrí al Hospital Clínico de Magallanes, estaba sangrando, pensé que sería un aborto. Me revisó un ginecólogo en urgencias y se dieron cuenta de que tenía algo en el cuello del útero”, relata Camila Fajardo (27), sobreviviente de cáncer cervicouterino en Chile.
Camila no solo se enteró de que tenía cáncer por accidente, el mismo día que fue a revisarse la enfermera le avisó que no pertenecía Fonasa. Los motivos de esta remoción no fueron aclarados por el Fondo Nacional de Salud, Fajardo tampoco preguntó. Apenas se enteró de esta noticia, volvió a inscribirse de manera online, ya que el hospital fue claro: si no estaba afiliada, no podía realizarse los tratamientos para curar el cáncer.
Ahora, tras dos años libre de cualquier célula cancerígena, en el Hospital San Borja de Santiago desisten de realizarle resonancias y exámenes de imágenes para sus chequeos de seguimientos, pese a tener la orden médica para hacerlos y de la interconsulta de su anterior doctor, quien la atendió en sus primeros tratamientos en el Hospital Clínico de Magallanes.
“Cuando me llamaron a control, yo le consulté al doctor de Santiago por la orden de resonancia y me dijo que a los radiólogos les encantaba mandar a hacer imágenes”, dice. “Me dicen que si yo no siento dolor, ellos no tienen motivos para hacerme algún examen de eso”.
Según la información presentada en el “Seminario sobre cáncer cervicouterino”, organizado por el Foro Nacional del Cáncer en octubre de 2022, Chile tiene una cobertura nacional del 43% de esta patología.
Con respecto a la cobertura del PAP cada tres años, según la información aportada por el Departamento de Control de Gestión y Calidad y División de Atención Primaria, es posible evidenciar una constante disminución de los exámenes preventivos en mujeres de 25 a 64 años.
No obstante, no es posible corroborar los datos anteriores, puesto que la información solicitada por transparencia sobre la cobertura del PAP desde 2002 a 2022, en abril a la subsecretaría de Salud Pública, fue derivada a Redes Asistenciales y no llegó para la fecha de publicación de este reportaje.
Marta Prieto, encargada del cáncer cervicouterino y de mama en el Colmed (Colegio Médico de Chile) y miembro del Comité Científico del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, dice que para que exista un impacto notorio en la disminución de la mortalidad “la cobertura tiene que estar cerca del 80% y mantenerse”.
La única vez que Chile estuvo cerca de esa cifra, fue hace 10 años. Prieto asegura que la cobertura alcanzó 70% en mujeres de 25 a 64 años.
La razón de la baja cobertura, es decir, de 70% a 43%, se debe a una variedad compleja de factores sociales. Según la matrona Marta Prieto, la falta de conciencia y promoción a través de campañas en medios masivos dirigidos a la población, además de la existencia de mitos y desinformación respecto del examen en especial en las mujeres de riesgo es principal, lo cual se puede ver reflejado en la encuesta CASEN 2015-2017. Prieto advierte que la baja cobertura de pacientes tendrá efectos en la mortalidad en los próximos ocho años.
Camila Fajardo padeció CaCu en etapa II, es decir que el tumor creció fuera del cuello del útero, pero no alcanzó las paredes de la pelvis o genital. Tuvo cinco sesiones de quimioterapia, 25 de radioterapia y cuatro de braquiterapia por el sistema público. Lleva un año y medio libre de cáncer.
La disminución de la cobertura no es la única cifra alarmante. Según la exministra de Salud y directora ejecutiva del CIPS-UDD, Paula Daza, en una carta al director de La Tercera, asegura que “entre marzo y abril, los atrasos GES de este cáncer aumentaron en 35% (3.970 a 5.379)”. Asimismo, la experta le señaló a este mismo medio que estas demoras perjudican severamente al paciente, ya que la persona que espera “el diagnóstico, significa que ya ha visto a un profesional de salud y que tiene sospecha de cáncer (…). Todavía no ha confirmado el diagnóstico, cuando lo haga probablemente el cáncer va a estar en una etapa más avanzada”.
La historia de Yenileth Camus (27) es prueba de lo anterior. “En septiembre me realicé el PAP con una matrona. Me dijo que debía repetirlo porque el cuello de mi útero estaba muy inflamado, de hecho inmediatamente sangré”, cuenta. “En octubre me hice el segundo PAP con la misma matrona y me derivaron al Hospital de La Serena, porque los resultados mostraron indicios de cáncer”.
Camus padeció CaCu en etapa III C1; es decir, la biopsia mostró que el cáncer se extendió a los ganglios linfáticos pélvicos. Fue atendida en el Hospital La Serena y posteriormente fue transferida al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.
Supo su diagnóstico en noviembre de 2022, a sus 26 años. El tratamiento empezó recién en febrero de 2023 y finalizó a mediados de mayo. En esos tres meses de espera, su tumor, que medía 5,1 centímetros por 4,2, creció a 6,4 por 5,7 cm. En otros términos, su cáncer pasó de la etapa I a la etapa III. Estuvo a una fase de no ser curable.
En enero de este año, El Mostrador publicó el informe realizado por el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo reveló que el 55,5% (8.141) de las garantías retrasadas en cáncer pertenecen al diagnóstico; 25,8% (3.794) al tratamiento; 17,5% (2.567) por tamizaje y 1,2% por seguimiento (178). Según los documentos públicos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los periodos de espera se dividen desde 30 días hasta más de un año.
Revisando los registros desde el 2015, a diciembre de ese año, la lista de espera para tratamiento de cáncer cérvicouterino era de 1504 casos. Ya en el 2021, la cifra casi se duplicaba hasta llegar a las 2735 personas. Mientras que en el 2022, ese número se elevó a más de 4300 pacientes aguardando alguna parte del tratamiento.
Otra cifra alarmante: la espera que se extiende por más de un año. En 2022, se contabilizaron 55 mujeres en marzo, cifra que se triplicó hasta diciembre con 157.
Francisco Vidangossy, presidente de la Fundación Cancervida y miembro de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, indicó que el aumento de estos índices está correlacionado directamente con la pandemia, puesto que se postergaron por dos años las patologías de múltiples áreas, no sólo cancerígenas.
“Las razones tienen que ver con la postergación de exámenes preventivos o de control anual, pero es evidente que tiene que ver con decisiones que tomamos erradamente, creadas durante la pandemia de COVID-19: encierros, postergación y campañas de terror. En países como Suecia, Sudáfrica y Estados Unidos, siempre se buscó mantener la normalidad y enfrentar la pandemia con madurez, cosa que en Chile fue todo lo contrario”.
Vidangossy revela que las listas de espera más extensas se centran en la etapa de diagnóstico, lo que perjudica el avance de la neoplasia, como el caso de Camus.
Así fue corroborado por el informe del CIPS de la Universidad del Desarrollo. Este reveló que este año en la etapa diagnóstico existen 1.635 pacientes por cáncer cervicouterino y otras 480 en tratamiento.
Fuera de estos datos, no fue posible determinar la espera de pacientes en las otras etapas del CaCu, tampoco de los periodos de espera.
“No todos los centros tienen la experiencia y experticia para poder dar un diagnóstico de sospecha de cáncer cervicouterino. Siempre va a salir un poco distorsionada la cifra. A veces son datos tardíos, no son de un proceso prevenible o manejable tempranamente”, señala.
Por recomendación del Minsal, las mujeres deberían realizarse el PAP a partir de los 25 años y cada tres años. Sin embargo, estas precauciones no siempre son tomadas en cuenta.
La exministra de Salud, Helia Molina, destaca que estos exámenes no se realizan constantemente y tampoco son parte de las prioridades de las personas, debido a lo que describe como un “fenómeno cultural”.
“Es el mal del chileno de no hacerse los controles preventivos porque creen que estas enfermedades no les afectarán”, indica.
La experta agrega que este cáncer afecta cada vez más a mujeres jóvenes, debido a la falta de educación sexual y a la relación con múltiples parejas sin el uso de preservativo.
El especialista en cáncer, Francisco Vidangossy, recalca que es un problema multifactorial: “Se requieren ciertas medidas de prevención, como exámenes periódicos y autocuidado. También tiene que ver con el amplio espectro de edad que está apareciendo, antes era con 50 años, ahora en jóvenes”.
Tanto Camila Fajardo como Yenileth Camus, indican que la mayoría de mujeres que conocen con esta patología tienen 20 a 35 años de edad, algo que ellas mismas vivieron: fueron diagnosticadas a los 25 y 26 años, respectivamente.
Fajardo señala la importancia de enfocarse en jóvenes que recién están entrando a la etapa reproductiva y, a la vez, que las campañas deberían centrarse en métodos de prevención, ya que así el contagio de VPH puede prevenirse. “Ir a colegios, hablar con niñas que están empezando su vida sexual, porque casi nunca usan condón y se debería usar siempre. Por lo menos yo ahora tengo que usar siempre condón si quiero tener relaciones”.
Respecto a las campañas, la exministra Molina también añade que se debe cambiar el foco etario al que están destinadas. “Mayor propaganda a las mujeres más jóvenes, niñas, mujeres en edad reproductiva. No tanto a las adultas. Las adultas tienen más conciencia de que les queda poca vida”, dice.
La experta Marta Prieto sostiene que los casos y fallecimientos de mujeres por este cáncer están relacionados con insuficientes planes estatales.
“Las campañas no han sido suficientes para la prevención. No han servido como recordatorio de los beneficios y derechos de la mujer en este caso: exámenes gratis, pedir permiso en el trabajo para realizarse el PAP, incluso las mujeres que se atienden por Isapre, y no les informan que no les pueden limitar las clínicas u hospitales en los que se deben realizar el examen”, señala.
Para este reportaje, no fue posible determinar la inversión en campañas en los últimos 20 años para la prevención del CaCu, cáncer de mama ni de próstata, ni de las vacunas contra el VPH. No existen dichos registros.
Extracto respuesta de transparencia del Minsal.
En 2014 el Ministerio de Salud implementó el Plan Nacional de Inmunizaciones, la vacunación contra VPH en niñas de 4º básico (primera dosis) y 5º básico (segunda dosis) de todos los establecimientos educacionales del país. Cinco años después se implementó en niños en el mismo periodo.
Existen casi 200 cepas distintas del VPH, pero 40 de estas atacan al área genital y pueden producir diversas enfermedades, entre ellas el CaCu.
El agosto de 2020, la OMS lanzó “Un mundo sin cáncer de cuello uterino – 90-70-90”, una estrategia mundial con un reto para el decenio 2021-2030: acelerar la eliminación de este cáncer como problema de salud pública. Chile está inscrito.
El plan 90-70-90 tiene tres pilares: alcanzar 90% de inoculación en la población juvenil antes de los 15 años; 70% de tamizajes entre PAP y test VPH; y que 90% de las mujeres con lesiones o con cánceres invasivos tengan acceso a tratamiento, control y seguimiento; es decir, cobertura nacional.
A siete años del plazo establecido, hasta 2022 Chile registraba una cobertura del 43% y no existe un registro nacional preciso de esta incidencia patológica.
Extracto respuesta de transparencia del Minsal.
En 2015, en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, hubo una polémica por $3 mil millones invertidos en la vacuna Gardasil del Laboratorio Merck Sharp & Dohme, por efectos adversos detectados en 2013 por el Ministerio de Salud de Japón.
Años después se cambió de laboratorio y en la actualidad se inocula gratuitamente con la dosis “Gardasil Tetravalente Ministerial”, para las cepas 6, 11, 16 y 18, que producen el CaCu y otros cánceres. Sin embargo, existen otras variantes que pueden llegar a costar más de $135 mil la primera dosis en el sistema particular, según la Clínica Alemana.
Imagen de referencia de Gardasil, vacuna utilizada en Chile para prevenir el VPH.
Ese fue el caso de Patsy Contardo (28), afiliada a Fonasa. Su preocupación por la vacuna surgió cuando estaba en la universidad, cuando vio un folleto sobre la inoculación obligatoria en menores de edad.
Este año pagó $126 mil por la primera dosis en el vacunatorio Red Salud, los cuales no fueron reembolsados por ser “medicina preventiva”. Dos meses después tuvo su segunda y pagó $140 mil en el Vacunatorio Internacional Bío Salud, Santiago. Aún le falta la tercera, la cual está indicada en seis meses más.
La inoculación en Chile está permitida para mujeres desde los 9 hasta los 45 años y para hombres de 9 a 24. La edad varía de la cepa contra la que se puede vacunar. Lo mismo ocurre con los precios.
“La vacuna no tiene respuesta inmediata, es para prevenir el cáncer siendo adulta. Es una política pública de salud que empezó en 2014 con las niñas de 10 años. El efecto se verá recién cuando sean adultas”, dijo Helia Molina, refiriéndose a una edad cercana a los 35-40 años.
Solo un factor queda para explicar el considerable aumento de muertes por este cáncer: Covid-19. Debido a cuarentenas, camas UCI colapsadas y un personal médico enfocado en el nuevo peligro respiratorio, el CaCu y otras enfermedades no fueron prioridad.
Según la Asociación Clínicas de Chile, solo entre mayo y junio de 2020, con respecto al mismo período del año anterior, el PAP disminuyó en 65% durante ese periodo.
“Según un estudio de la UC con Harvard, de las 30.000 muertes anuales por cáncer en general, solo por la pandemia habría que sumarle 7.000”, dice la Carolina Goic, del Centro de Investigación en Cáncer.
En 2020 y parte de 2021 no había disponibilidad de establecimientos vacunatorios de VPH, hubo complicaciones para continuar con los cuatro procedimientos médicos de este cáncer y las mujeres también postergaron sus chequeos.
“Nosotros hacemos la analogía: demorarte tres meses en procedimientos, entre la biopsia o cirugía, es el equivalente a no tener un ventilador mecánico en covid”, agrega.
Pese a que la pandemia agudizó las muertes registradas por esta patología cancerígena, y por ello aparenta ser una de las causas determinantes, no se debe olvidar que la mantención de las muertes prolongadas ocurrió durante 20 años y que traspasó seis gobiernos, de diferentes bancadas políticas. Convirtiéndose en una problemática estatal a la que se le fueron sumando las adversidades de cada año. Aun cuando el Programa de Prevención del Cáncer, con el PAP como tamizaje principal, está vigente en Chile desde los últimos 36 años.
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