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Alimentos en mal estado: las millonarias multas impagas de los proveedores de la Junaeb
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Alimentos en mal estado: las millonarias multas impagas de los proveedores de la Junaeb

El Programa de Alimentación Escolar asiste a más de dos millones de estudiantes vulnerables en todo el país. Sin embargo, muchos de ellos han recibido alimentos podridos y mordidos. Las empresas responsables acumulan miles de millones de pesos en multas sin pagar.

Por Rafaella Zacconi y Javiera Zúñiga.

28 Julio 2020

El lunes 30 de marzo, a eso de las 11 de la mañana, Cristina Palma (32) esperaba en el comedor de su casa el regreso de su esposo. El matrimonio administra un local de artículos de pesca y unos días antes había recibido un comunicado del Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso, indicando que a fin de mes podrían retirar la mercadería que la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) le enviaría a sus hijas de 8 y 15 años, ambas beneficiarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Cuando la fecha llegó, su esposo traía dos bolsas. Lo primero que Cristina notó fue que estaban livianas, y tras abrirlas, corroboró su presentimiento: faltaban muchos alimentos y los que venían estaban podridos. Las Canastas Individuales Junaeb habían llegado y tras la sorpresa llegó la indignación.

Si bien el PAE mantuvo su funcionamiento tras la cancelación de las clases fruto de la pandemia, hay muchos casos de familias que denuncian haber sido perjudicadas por la distribución de las empresas proveedoras. Canastas incompletas, sustitución de alimentos e incluso mercadería en mal estado son las principales críticas que ha recibido el organismo público.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Junaeb presenta irregularidades en la entrega de su servicio, sobre todo en lo que respecta al PAE. Son varios los proveedores de alimentos que año tras año cometen infracciones en procedimientos e incumplimientos de contratos, como el que afectó a la familia de Cristina Palma. A pesar de las denuncias e incluso una investigación de Contraloría, al analizar los antecedentes históricos de las empresas involucradas queda en evidencia que si bien Junaeb multa, las infracciones no se pagan.

Alimento que recibió la familia de Cristina Palma por parte del plan de alimentación escolar del gobierno.

Supervisión insuficiente

Antes de la pandemia de Covid-19, en julio del 2019, la Contraloría General de la República emitió un informe que reveló diversas irregularidades por parte de las empresas proveedoras del PAE: problemas en la mantención de la línea de frío, mal almacenamiento de la mercadería y alimentos en mal estado. Frente a esto, en noviembre del mismo año, la Asociación de Funcionarios de Junaeb (AFAEB) presentó ante la Comisión Especial Investigadora del PAE de la Cámara de Diputados un análisis de lo que, hasta esa fecha, sería el funcionamiento de Junaeb. La presentación reveló que, aun cuando el organismo presta servicios de alimentación a 8.515 establecimientos educacionales en todo el país, sólo cuenta con 107 supervisores para fiscalizar irregularidades e incumplimientos de las empresas, cifra que disminuyó en 23 funcionarios desde 2015 a la fecha.

La presentación expuso que la cantidad de supervisores está mal distribuida. Mientras 792 establecimientos de la Región de Valparaíso operan con 16 supervisores, la Región Metropolitana sólo cuenta con cinco para 1.595 establecimientos, es decir, un tercio de supervisores para el doble de centros educacionales que son beneficiarios en la capital. Al respecto, la presidenta de la AFAEB, Carolina Pizarro, mencionó que “la capacidad de supervisión es tan baja que hace que las empresas no cumplan y no tengan tampoco consecuencias, es muy difícil que tú vayas a supervisar y encuentres justo un incumplimiento y llegue a ser una multa”. Agregó que desde Junaeb no existe un real interés en reforzar la supervisión.

 

Una montaña de multas

Tras la publicación del Informe de Contraloría, distintos medios de comunicación comenzaron a compartir imágenes y testimonios de las irregularidades en Junaeb. Sin embargo, el problema va mucho más allá, ya que, según el mismo documento, varias empresas participantes en las licitaciones ID 85-35-LP11 y ID 85-16-LP12, mantendrían multas pendientes que alcanzan una suma de $14.307.537.009, entre los años 2012 y 2018.

A partir de una base de datos de Junaeb, obtenida por Transparencia Pasiva, se detalla que de 13 licitaciones del PAE, durante el periodo 2012-2020, existen un total de 6.256 multas a 32 empresas proveedoras, de las cuales el 84% se clasifica como finalizadas, mientras que el 16% restante está bajo análisis y recursos jurídicos, categorías delimitadas por la misma entidad en el archivo recibido. Entendiendo que estos dos últimos estados hacen referencia a multas impagas, el monto alcanza un total de $16.449.838.572. Específicamente, en los seis meses transcurridos de este año, se han oficiado 167 multas a 24 empresas por una suma de $581.014.638. De estas, sólo 15 se encuentran finalizadas, es decir, un 9% del total.

Asimismo, una segunda base de datos, también obtenida por Transparencia Pasiva, hace referencia a las multas cobradas a los proveedores del PAE, desde octubre del 2012 hasta junio del 2020. A diferencia del archivo anterior, en esta sólo se abarcan las licitaciones ID 85-35-LP11, ID 85-16-LP12, ID 85-10-LP14, ID 85-37-LP15 y ID 85-50-LR16, las cuales reúnen en total 4.857 multas, es decir, un pago de $44.833.036.125 ya realizado a Junaeb. Según el registro del organismo, se estiman 265 multas cobradas en el año 2020, las que suman un monto de $3.713.809.469.

 

Tres empresas, cientos de multas

El 14 de abril, Cristina recibió la segunda Canasta Individual Junaeb de su hija mayor. Al abrirla se dio cuenta de que nuevamente venían menos cosas, en peor calidad que la vez anterior: las zanahorias llegaron podridas, e incluso, una de las peras estaba mordida. Además, varias familias que tenían más de un hijo en el colegio, al igual que ella, sólo recibieron una canasta, por lo que Cristina trató de generar una denuncia colectiva con los apoderados del curso de su hija. Sin embargo, fue en vano, los otros apoderados se abstuvieron al pensar que debían ser agradecidos con lo que recibieron. Así, de forma individual, Cristina no sólo realizó un reclamo a Junaeb por la canasta, sino que también hizo una denuncia formal en Contraloría.

Los alimentos que recibió Cristina en su primera caja.

La presidenta de la Confederación de Trabajadores del Programa de Alimentación Escolar (Confetrap), Alejandra Muñoz, señala que hubo empresas que cambiaron por decisión propia los alimentos de las canastas, aun cuando todo cambio debía ser autorizado por Junaeb en base al anexo de contrato. “Son ellos los que tienen que fiscalizar que si la empresa ofreció cinco productos de tal calidad, estén esos cinco productos, pero resulta que la fiscalización no es al 100%, entonces tenemos algunos concesionarios que efectivamente, no sé si se aprovechan, pero omiten ciertas cosas a favor de ellos. Entonces, la responsabilidad es de la persona que está contratando el servicio, en este caso la institución. Ellos tienen que tener la capacidad de fiscalizar los productos que están comprando”, agrega la presidenta del gremio.

Nuevamente se presentaron problemas con las canastas durante la segunda entrega. Esto a pesar de que el 31 de marzo el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, anunció públicamente que sancionarían a aquellas empresas que no han cumplido con el contenido acordado para las canastas, y que, incluso, evaluarían el término anticipado de sus contratos. El balance identificó que, de 27 empresas, seis han presentado irregularidades, entre ellas, Aliservice, Soser y Distal.

La Sociedad Administradora de Casinos y Servicios (Aliservice S.A) fue creada en 1998 y actualmente cuenta con dos únicos socios: los contadores Mario Malinconi Ramos (75) y Carlos Vásquez Pacheco (34). De igual forma, la Sociedad de Servicios de Alimentación S.A (Soser), constituida en 1993 por el abogado Guillermo Swett Lazcano (73) y su empleado Víctor Maldonado Herrera (fallecido a los 76 años), mantiene más de 20 años de servicio en la entrega de raciones alimenticias de programas institucionales, según lo indicado en su sitio web. Por su parte, y de acuerdo a su página de internet, la Distribuidora de Alimentos S.A (Distal), fue fundada en noviembre de 1979, tras la fusión de dos empresas. Por otro lado, la base de datos del Diario Oficial registra que Distal fue constituida en 1992, por S.P.P. Investment Corporation, Mejdaf Investment Corporation y Turwood S.A. De todas formas, la empresa se jacta en su página de tener un puesto de liderazgo y confianza por sus más de 30 años de trabajo con Junaeb y Junji.

Estos tres grandes proveedores presentan los mayores niveles de incumplimiento del servicio durante la crisis sanitaria. Y su historial es elocuente. Según las bases de datos mencionadas anteriormente, con respecto a las 13 licitaciones entre 2012 y 2020, Distal mantiene 73 multas en análisis y 10 en recurso jurídico, las que en conjunto reúnen un monto total de $2.351.756.629. Por su parte, Aliservice, con 88 multas en análisis, alcanza un monto de $1.149.770.468, y Soser, finalmente, cuenta con 31 multas en el mismo estado, equivalentes a $250.824.181, es decir, un 22,8% del total.

Historias como la de Cristina se han repetido en todo Chile y quienes muchas veces han debido dar explicaciones sobre las irregularidades del servicio de alimentación son las mismas manipuladoras de las empresas. Tras verse involucradas en saqueos e incluso agresiones dentro de los establecimientos educacionales, el gremio de trabajadores del PAE ha generado mesas de trabajo con Junaeb para resolver distintos conflictos con sus propias empresas.Nosotros como organizaciones hemos tenido que estar encima de los concesionarios, resguardando que existan todas las protecciones, las mascarillas, los útiles de aseo, los protectores faciales. Eso sí ha sido un trabajo bastante agotador por parte del gremio, porque hemos tenido que estar exigiendo que se cumplan las medidas”, indica Alejandra Muñoz.

Han pasado cuatro meses desde que Cristina hizo la denuncia en Contraloría y aún no recibe contestación. “Yo no me voy a quedar tranquila hasta que me den una respuesta concreta, de saber dónde se está perdiendo la mercadería o quién nos está mintiendo, y si eso implica sanción para el colegio, sanción para la persona que abastece al colegio o sanción para la Junaeb, a mí me da lo mismo, lo que me interesa es que se investigue para que no se siga repitiendo”, señala.

Con el paso del tiempo, la situación de muchas familias, como la de Cristina, ha cambiado, volviendo indispensable este beneficio de alimentación. Tras decretarse cuarentena total en Valparaíso el 12 de junio, su negocio de pesca debió cerrar y su esposo ahora recibe menos de su sueldo anterior. Además, debe estar pendiente de su hijo con autismo, de su padre de tercera edad, que no tiene los medios para salir a comprar y de su suegro que está hospitalizado por Covid-19. “Ha sido difícil, es como angustiante, y es más angustiante aún el hecho de que los beneficios que el Estado está entregando ni siquiera son constantes”, destaca. El viernes 10 de julio Cristina recibió la quinta canasta Junaeb de sus dos hijas, y si bien los alimentos han llegado en mejor calidad que en ocasiones anteriores, aún siguen incompletas, con alimentos sustitutos y en menor cantidad. El retorno a los centros educacionales aún parece estar lejos, por lo que el futuro de la iniciativa está por verse.

 


 

Notas de la redacción:

1. Los datos analizados en este reportaje cubren el periodo hasta junio del 2020.
2. El 7 de agosto del 2020, Contraloría dio a conocer una investigación cuyo objetivo fue: “Efectuar una auditoría y un examen de cuentas a los gastos efectuados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), del Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos, específicamente en lo relativo a la entrega de canastas de alimentos a las familias de estudiantes y párvulos beneficiarios, en el marco del estado de catástrofe por efectos de la pandemia COVID-19, a contar del 18 de marzo de 2020, a fin de verificar la efectiva entrega de las citadas canastas a los beneficiarios previamente definidos por la JUNAEB, y los procedimientos de control que ha implementado el mencionado servicio para garantizar la prestación indicada”. En el documento se detallan incumplimientos de las empresas Aliservice y Soser.
3. Las realizadoras de este reportaje contactaron a las empresas involucradas, sin obtener respuesta. Lo mismo ocurrió con Junaeb, institución que no respondió las consultas realizadas.

 


 

Este reportaje fue escrito como parte del curso de Periodismo de Investigación impartido por el profesor Javier Ortega.

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