Un crimen que no respeta distancias

A mediados de marzo de 2018, Rosa Vilches (59) fue golpeada por su marido, Claudio Urbina (67), en medio de una discusión en su casa, en la ciudad de Coquimbo. De inmediato, ella hizo la denuncia y el tribunal dictó una orden de alejamiento que le prohibía a su marido acercarse a menos de 100 metros del hogar de la mujer.

Impedido de volver a esa casa, Claudio Urbina se cambió a una parcela que la familia mantenía en la misma ciudad, pero en al menos dos ocasiones se acercó a la residencia que antes compartía con Rosa Vilches y donde ella vivía en ese momento. La primera vez el hombre se molestó porque la chapa de la casa había sido cambiada y no pudo ingresar. La segunda, asesinó a su esposa.  

El de Rosa Vilches fue el sexto femicidio de 42 ocurridos en 2018, según el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg). Entre ellos hay mujeres que perdieron la vida a pesar de haber solicitado ayuda a la justicia y haber obtenido una medida cautelar que, en teoría, las protegería: una orden de alejamiento para su agresor.

Desde 2017 hasta junio de 2019, 109 mujeres fueron asesinadas por su conviviente o marido. Según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, 24% de ellas había denunciado violencia intrafamiliar y, tal como sucedió con Rosa Vilches, en algunos casos el sistema les había otorgado una orden de alejamiento para su protección. Pero fue insuficiente.

El 6 enero de 2018, en Villa Alemana, Griselda Cueto (43) fue golpeada en su pieza por Jorge Bravo, quien en ese entonces era su marido. Él le pegó repetidamente en las piernas llegando a quebrarle un pie.

La mujer denunció a Carabineros y su cónyuge recibió una orden de alejamiento. “La medida cautelar más dictada en tribunales es la orden de alejamiento”, afirma Juan Enrique Olivares, juez de Garantía de Santiago. En el caso de Cueto, la orden le fue notificada el 7 de enero en el Juzgado de Familia de Villa Alemana, pero Carabineros nunca hizo rondas de control preventivas, según detalla la afectada y Constanza Bravo (23), hija de ambos.

Cinco meses después, el 14 de mayo, Jorge Bravo ingresó con una llave inglesa al hogar en el que estaban Griselda Cueto y su hija durmiendo una siesta. Roció el piso y paredes con acelerante de combustión. Su plan: morir quemados. Amenazó a su cónyuge con un cuchillo en el cuello gritando:

—¡Te mato a ti y quemo la casa! —dijo Bravo, según la querella interpuesta en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana—. ¡Y si haces algo, mato a tu mamá ahora! —agregó dirigiéndose a Constanza.

Sin embargo, la joven ya había alcanzado a tocar reiterativamente el botón de la alarma vecinal ubicado en el comedor. El insistente llamado alertó a una vecina que entró a la casa por la puerta trasera y tras un intenso forcejeo, Bravo soltó a su esposa. De inmediato el hombre comenzó a encender la casa con antorchas, mientras la vecina sacaba a ambas mujeres del lugar.

Jorge Bravo fue atrapado por Carabineros mientras trataba de escapar por una pequeña ventana del baño. Cueto y su hija se salvaron. Su caso se sumó a la lista de femicidios frustrados que ni la justicia ni la policía pudo prevenir.

La palabra femicidio ingresó a la Ley chilena en 2010. Desde ese año hasta junio de 2019 ocurrieron 385 muertes calificadas como tal según la Ley de Violencia Intrafamiliar. Pero la legislación parece insuficiente y el sistema también. Rosa Vilches, Griselda Cueto y otras cientos de mujeres son prueba de ello. Las fallas abundan en Carabineros, Fiscalía y el Poder Judicial, y sus consecuencias son fatales.

La denuncia

Sólo durante el 2018, se ingresaron 78.594 causas por Violencia Intrafamiliar a lo largo de Chile, según datos entregados por Ley de Transparencia. En el caso del Juzgado de Familia de Villa Alemana y el Juzgado de Familia de Coquimbo, se registran 650 y 1.106 causas respectivamente, entre las que se encuentran las de Griselda Cueto y Rosa Vilches.

Tras el primer ataque de su marido, Cueto, de Villa Alemana, decidió denunciar de inmediato. Existen cuatro instituciones a las que recurrir en esos casos: los Juzgados de Familia, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Cueto eligió Carabineros. Éstos deben estar disponibles para recibir llamados de emergencia y denuncias las 24 horas de los 365 días del año.

En este caso, los funcionarios fueron a su casa, debido a las condiciones en que se encontraba la víctima. La agresión de Bravo le dejó el pie fracturado. Pese a ello, según recuerda Cueto, el policía que la atendió le preguntó:

—¿Está segura de hacer la denuncia? Porque hay muchas mujeres que la hacen y después la retiran.

—Sí. No voy a aguantar que me peguen ni a mí, ni a mi hija —respondió la mujer con firmeza.

“Cuando la denuncia es de violencia intrafamiliar a la mujer, en el contexto de pareja, se le aplica una pauta unificada de evaluación inicial de riesgo”, explica la mayor de Carabineros Mariela Fuentes, jefa del Departamento Policial de Asuntos de la Familia. Esto se hace siguiendo un plan implementado por el Ministerio Público para que Carabineros evalúe la gravedad de cada caso. “Si la denuncia incluye lesiones físicas de violencia intrafamiliar se manda a Fiscalía y si son lesiones psicológicas va a Tribunales de Familia”, agrega la mayor Fuentes.

No obstante, el relato de Griselda Cueto concuerda con las palabras de Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio y parte de la Comisión de Género, quien afirma que “las instituciones que se tienen que hacer cargo no tienen una recepción adecuada (hacia las víctimas). Sabemos que una mujer que va a denunciar un hecho de violencia necesita apoyo y protección inmediata, y en muchos casos se encuentra con que les dicen que se devuelvan a sus casas tomándose a la ligera la violencia que sufren”.

Otro actor importante y determinante dentro de este proceso es la Fiscalía. Una vez que la denuncia es ingresada, se deriva a esta institución persecutora y es aquí donde comienza el largo proceso penal. En primer lugar, el o la fiscal a cargo de la causa decide, según la gravedad de los hechos, solicitar ante el tribunal que corresponda una medida de protección para la víctima mientras se investigue el caso. 

Estas medidas pueden ser cautelares o de protección y se determinan según las características de los delitos. Se puede resguardar a la mujer con rondas de Carabineros, prohibición de acercamiento, asignación en una Casa de Acogida o, en casos más extremos, ordenando la prisión preventiva o el arresto domiciliario del victimario. Estas son algunas de las herramientas que poseen los tribunales para defender a las agredidas durante la investigación. 

Desde el interior de la Fiscalía la crítica es generalizada: a estos casos no se les da la importancia que requieren. Se trabaja con pocos recursos y debido a esto, y a la gran cantidad de causas que ingresan, deben ir priorizando. El criterio es simple: tienen prioridad las mujeres que estén seguras de seguir adelante con el proceso judicial. Es así como el sistema obvia el contexto que existe detrás de estos casos.

La dependencia económica y psicológica, las relaciones tortuosas, los riesgos de volver a ser agredidas y un sin fin de motivos, son los que llevan a las mujeres a preferir volver con sus parejas antes de continuar con un juicio. Erika Maira, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, es enfática en el diagnóstico: “El sistema de protección en Chile es deficiente, miope, porque piensa que la víctima solo necesita protección durante el proceso penal y eso es ridículo. Las deja botadas”. 

El 16 de octubre de 2018 se creó la primera Fiscalía de Género y Violencia Intrafamiliar, dentro de la Fiscalía Centro Norte. Es dirigida por Patricia Varas, quien detalla que reciben entre 80 y 120 causas diarias. “El 80% de las causas de violencia intrafamiliar que ingresan son de violencia de género”, afirma Varas. “Hay un cierto ninguneo por parte de nuestros mismos colegas por estar en esta unidad… Creen que los delitos económicos u otro tipo de delitos son más importantes”, afirma la persecutora.

La protección

Al consultar a Carabineros, Fiscalía y  Poder Judicial a través de la Ley de Transparencia, los tres organismos se excusaron de entregar las cifras de mujeres que denunciaron por violencia intrafamiliar en que se emitió una orden de alejamiento a su agresor. Tras insistir, desde la Fiscalía explicaron que no existe aquel registro. 

El caso de Rosa Vilches lo llevó el Juzgado de Letras y Familia de Coquimbo, luego de ser agredida y denunciar correctamente a Carabineros. El tribunal dictó la orden de alejamiento inmediata para su marido y agresor, Claudio Urbina. En este caso, se estableció una distancia de 100 metros. Pero no siempre el metraje es específico, es decir, muchas veces se le prohíbe al hombre acercarse a la víctima sin establecer un número de metros determinado. 

En el juicio de Griselda Cueto contra Jorge Bravo, en Villa Alemana, se decretó abandono del hogar y prohibición de acercamiento. Sin embargo, para el juez Olivares el sistema “debiera ser más drástico” y no esperar a dictar medidas radicales luego de la repetición de actos violentos. En ese sentido, Lorena Astudillo, abogada y vocera de la Red Chilena contra la Violencia a la Mujer, reclama que “la ley tiene aberraciones como el delito de maltrato habitual. Eso es darle permiso a los varones para que maltraten a las mujeres. ¿Cuántas? Las que un juez determine como hábito”.

Cuando la medida cautelar es de distancia, los jueces le encargan a Carabineros la tarea de notificar a los agresores la orden de alejamiento que pesa en su contra. Según el juez Olivares, en rigor esta no es una función propia de Carabineros, pero los tribunales consideran que ellos son los más apropiados para realizarla.

En el caso de Rosa Vilches, de Coquimbo, la policía no logró encontrar el nuevo domicilio de su ex esposo. Bárbara Urbina (22), hija del matrimonio, relata: “Vinieron a dejar la orden de mi papá a mi casa y le dimos la dirección nueva de donde estaba viviendo. Pero nunca la pudieron encontrar, aún con todas las indicaciones que les dimos para llegar. No se preocuparon de buscarlo, era muy fácil. Imposible que no lo encontraran”.

Ante esto, Damarys Faúndez, sargento primero de la 47 Comisaría de la Región Metropolitana, afirma que desde la Oficina de Órdenes Judiciales de Carabineros se les da un plazo de 15 días para notificar la orden. Si no se logra encontrar al agresor, vuelve a Fiscalía o Tribunales para que extiendan el plazo. Si ocurre nuevamente la negativa, el proceso se repite pero con la inclusión de cartas a domicilio que debería ser firmadas y devueltas por cada agresor. Lo anterior, siempre con la aprobación y conocimiento de Fiscalía o Tribunales. Es decir, de los fiscales encargados de perseguir el delito y de los jueces que han dictado la medida de protección.

Para la sargento, ese tipo de situaciones evidencia “un vacío” en las normativas de Carabineros, resultando en acontecimientos como el que protagonizó Claudio Urbina: un hombre que supuestamente no podía volver a su casa por una orden de alejamiento dictada por un tribunal, pero que nunca le fue notificada. El mismo hombre que mató a su ex esposa, Rosa Vilches.

La sargento Faúndez apunta a la falta de recursos como el mayor obstáculo para realizar una protección de forma completa. Si el agresor “no fue notificado, entró en la noche cuando nadie lo vio y la víctima no alcanzó a llamar por teléfono… En ese sentido, hay un tremendo vacío porque nosotros podemos ir a hacer rondas de forma periódica y reiterativa, pero no podemos asegurar estar ahí justo cuando él entre”.

El día de la agresión a Griselda Cueto, en Villa Alemana, su hija Constanza Bravo también fue golpeada por Jorge Bravo, su padre, cuando salió en defensa de su madre. El tribunal amplió entonces la medida de protección —a orden de alejamiento— en favor de Constanza.

Tiempo después, el padre visitó la universidad de Constanza Bravo para preguntar por su horario, mientras ella estaba en el establecimiento, quebrantando la medida cautelar. Al día siguiente la hija denunció el desacato a la Fiscalía Local de Viña del Mar, pero recién obtuvo una respuesta siete meses después. Una carta desestimó la denuncia porque los “antecedentes recibidos resultan insuficientes para lograr el esclarecimiento de los hechos”.

Para el juez Juan Enrique Olivares, “el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento debiera ser perseguido con mayor drasticidad, que en este minuto no se tiene”. Concuerda con el magistrado la fiscal Erika Maira, quien dice que “los casos que se condenan por desacato, normalmente, son los gallos que los pillaron al frente de la puerta de la casa o adentro”.

La paradójica muerte

“Una de las premisas de los Derechos Humanos es: ¿Esa muerte era previsible y era prevenible? ¿El Estado tenía la capacidad de prever y prevenir?”, reflexiona Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP.

Si Griselda Cueto, de Villa Alemana, no hubiese tenido un botón de emergencia vecinal, la historia sería otra. Sin embargo, ella puede contar lo que le pasó. No ocurre lo mismo con Rosa Vilches.

La noche del jueves 26 de abril de 2018, Claudio Urbina ingresó por una puerta trasera de la casa de Rosa, en Coquimbo, mientras su hija Bárbara salió al gimnasio. Una vez dentro, ambos se enfrascaron en una discusión en la cocina. Vilches no pudo dar aviso a Carabineros y fue asesinada por su marido. 

El femicida quedó con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de La Serena, esperando ser formalizado. La defensa del acusado alegó en su momento la rebaja en la condena por irreprochable conducta anterior. Como no fue notificado de la orden de alejamiento,no violó ninguna medida.

—¿Dónde estás? Vente rápido, tu mamá tuvo un accidente —recuerda Bárbara Urbina que le dijo una vecina por teléfono la noche del femicidio.

—¿Será necesario llamar a Carabineros? —le respondió.

—Ya están acá —dijo la vecina.

Rosa Vilches hizo todo lo que estuvo a su alcance: denunció a tiempo, buscó protección y confió su vida a las instituciones. Pero fue insuficiente. Vilches no solo fue víctima de su agresor, sino que también fue parte de los 109 femicidios que las instituciones no han logrado evitar.

*Este reportaje fue realizado el primer semestre de 2019 en el curso Periodismo de Investigación de la profesora Andrea Insunza.