En octubre de 2014, la debilitada credibilidad de la Iglesia se hallaba aún más afectada por un nuevo antecedente. El arzobispo de Santiago había enviado a través del nuncio apostólico, Ivo Scapolo, una carpeta de antecedentes al Vaticano con las declaraciones que los sacerdotes Felipe Berríos, Mariano Puga y José Aldunate habían hecho de manera negativa contra Ricardo Ezzati.
El Arzobispado se defendió diciendo que había respondido a una solicitud de la Nunciatura enviando los antecedentes, chuteando la pelota hacia la cancha de Scapolo, con quien, varios conocedores al cardenal Ezzati, reconocen que no tienen una buena relación. “No son amigos, tampoco se llevan bien y su vínculo no pasa más allá de lo protocolar”, dice un religioso cercano.
Aunque Ezzati sería desmentido rápidamente después de un reportaje publicado por El Mostrador, donde se reveló que el tema fue tratado directamente por él e informado al cardenal Errázuriz.
El artículo del medio online mostró que las comunicaciones entre ambos fueron fluidas entre 2013 y 2014, y que a través de esos correos electrónicos se pusieron de acuerdo para gestionar y vetar algunos nombramientos relacionados con la Iglesia, como el caso de Felipe Berríos y su posible nombramiento como capellán del Palacio de La Moneda o el del periodista Juan Carlos Cruz para que integrara una comisión vaticana contra el abuso a menores. En el caso del denunciante de Karadima, Ezzati escribió que la posibilidad de que Cruz fuera nombrado en esta comisión y participara en la Conferencia Episcopal Anglófona era una “noticia que no me agradó para nada (…) Sabemos cuál es la intención del Sr. Cruz hacia usted y hacia la Iglesia de Santiago”.
Un punto importante fue la vinculación del lobista Enrique Correa, dueño de la consultora Imaginacción, luego de que Francisco Javier Errázuriz respondiera al cardenal Ezzati que “llamé a E. Correa para decirle que si el gobierno nombrara al personaje (Felipe Berríos) capellán de La Moneda estaría armando un gran e innecesario conflicto, porque te obligaría a rechazarlo. (…) Me dijo que lo transmitiría de inmediato”, escribió.
En entrevista con los autores, Correa entrega su versión de los hechos: “Él (Errázuriz) había hablado conmigo, yo creo que antes de ese correo. Me dijo que no tenía problemas con que fuera un jesuita el nuevo capellán de La Moneda, aunque no hizo referencia a Berríos. Sin embargo, me contó que La Moneda sólo presentó una terna con jesuitas. Yo le dije que era algo habitual que los presidentes designaran gente con la cual se identificaran mejor y punto”.
Sobre un eventual nombramiento de Berríos en La Moneda, el sacerdote jesuita Fernando Montes —quien además fue su guía y formador— explica que ante una situación así su compañero de congregación “se hubiera llegado a reír”. El exrector de la Universidad Alberto Hurtado menciona que “ambos somos amigos de Michelle Bachelet, hemos conversado con ella. Sin embargo, Berríos es para otras cuestiones, no para estar ahí en una sección jurídica metida en La Moneda, de ninguna manera”.
Por su lado, el lobista Enrique Correa menciona que —después del episodio de los correos— su imagen quedó como la de alguien que fuera nexo y clave para ambos cardenales. Él lo desmiente.
—Eso nunca no ha sido así en la vida. Además, al cardenal Errázuriz lo conocí cuando ya no era arzobispo de Santiago, nunca lo había visto antes. Sí lo asesoré, como fue público, cuando ocurrió su situación con las acusaciones que tenía sobre Karadima, él hizo una entrevista explicando las cosas y colaboró. Recién en ese tiempo yo estuve más cerca de él. Pero es una persona a la que le tomé estimación después de eso —enfatiza sobre ese punto, aunque dice que la relación entre ambos cardenales es “bastante cercana”.
Meses después de la publicación en internet, otro hecho se sumaría a la ya larga lista de maniobras comunicacionales entre Errázuriz y Ezzati, luego de que el 6 de noviembre el periódico Encuentro, que es propiedad del Arzobispado de Santiago, publicara una entrevista de seis planas al cardenal emérito de Santiago. La decisión —vista derechamente como un lavado de imagen por la opinión pública— fue tomada sin el consentimiento del Comité Editorial de la publicación, la cual es integrada por varios periodistas y expertos en el área de las comunicaciones.
Como resultado, el exdirector del diario La Tercera, Guillermo Turner Olea, y la exgerenta de Asuntos Corporativos de Televisión Nacional de Chile, Eliana Rozas Ortúzar, renunciaron al comité. Además, varias capillas y parroquias se negaron a distribuir ese ejemplar, devolviéndolas al Arzobispado.
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