Después de ser declarada interdicta por demencia, una mujer de 44 años con síndrome de Down fue excluida del padrón electoral. Quince días después, el Servicio Electoral tuvo que regresarle el derecho a voto. El fallo marcó un hito judicial en Chile. V240 conoció su caso y su historia, en la que se cruzan la Universidad Católica, los debates políticos y una anécdota con Horst Paulmann. Aquí, sus padres y los abogados que la representaron relatan cómo Pamela dio la batalla para sufragar en las elecciones de noviembre.
Por Felipe Rivera Mesías y Manuel Silva Segovia | Ilustración: Francisco Javier Olea
24 de Octubre de 2025
Ese día, después de almorzar, los padres de Pamela fueron a la casa de los abuelos maternos de su hija, en Vitacura, hoy deshabitada. Cada cierto tiempo van para limpiar, regar y recoger correspondencia. Es la misma dirección que Pamela usó cuando se inscribió por primera vez en el registro electoral. Nada parecía fuera de lo común, pero, al salir, algo les llamó la atención: en la entrada, junto al marco de la puerta, un sobre rojo en el suelo. En una de sus caras, el sello del Servel.
Lo abrieron.
“Comunicamos a usted que está inhabilitado(a) para sufragar en las Elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios 2025, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 23 de la Ley N°18.556 (…)”.
La carta estaba dirigida a Pamela. La razón era una sentencia de interdicción por demencia dictada en noviembre de 2023 por el 24° Juzgado Civil de Santiago. La acción judicial, iniciada en abril del mismo año por sus padres, buscaba resguardar su patrimonio debido a su síndrome de Down. Nadie en la familia imaginó que ese trámite, pensado como una medida de protección, terminaría por arrebatarle un derecho que para ella era esencial: votar.
El documento otorgaba un plazo de nueve días para apelar. Nueve días para que Pamela pudiera revertir la decisión y recuperar el derecho a sufragar.
—Esta pelea había que darla. No solo por Pamela, sino por todos los que puedan estar en una situación similar —dice la madre, mientras se acomoda en el sillón del living de su casa.
Pamela no es su nombre real: su familia pidió resguardar su identidad. Nació el 5 de abril de 1981. La noticia de su diagnóstico fue, como dice su madre, “una sorpresa muy grande para nosotros, pero no fue un terremoto grado 13 como para otra gente”. Cuatro años antes había nacido un sobrino con la misma condición y su desarrollo sirvió de guía, cuentan los padres de Pamela. Gracias a esa experiencia, pudieron anticiparse y enfocarse desde temprano en su estimulación, algo que consideran clave en sus primeros años.
“Es el jamón del sándwich, la cuarta de siete hermanos. Tiene tres arriba y tres abajo”, añade su padre. Creció en una casa donde fue tratada como una más. “Desde muy chica estuvo estimulada, porque todos fueron creciendo con ella. Siempre ha sido muy respetada”, resume su madre. Eso marcó el recorrido de Pamela.
Esta pelea había que darla. No solo por Pamela, sino por todos los que puedan estar en una situación similar
En los colegios —primero particulares y luego en una escuela especial de Las Condes—, Pamela forjó amistades que la acompañan hasta hoy. “Tiene amigas del primer, segundo, tercer colegio y del grupo. Son veinte, treinta, cuarenta personas que vienen a las fiestas”, dice el padre. Pamela organiza sus cumpleaños con meses de anticipación.
Su vida laboral la inició joven, gracias a prácticas supervisadas por el mismo colegio donde se graduó a los 26 años. Pamela trabajó en centros comerciales, en espacios de comida. Su madre relata una anécdota reveladora de su personalidad: “Un día Horst Paulmann la invitó a tomarse un té con torta en la cafetería donde ella trabajaba; Pamela le contestó: No puedo, estoy trabajando”.
Quienes la conocen la describen como la “reina de los discursos”. Es famosa, dicen, por sus palabras en cumpleaños y reuniones, siempre acertadas. Su madre lo explica así: “Tiene un sentido especial para captar lo que la persona necesita escuchar en el minuto. Si la invitan a decir unas palabras, no rehúye, se emociona, deja un silencio, y después suelta el discurso”.
Más allá de la casa y el trabajo, Pamela ama el fútbol y la música. Es hincha de la Universidad Católica, aunque alguna vez, tentada por una mala racha del equipo, pensó en cambiarse a Unión La Calera “porque allí jugaba un ex de la Católica, Diego Buonanotte”, cuenta entre risas su padre. También participó en un grupo de teatro, montando obras densas, según su madre.
La política se integró a su vida tan pronto cumplió la mayoría de edad. “Le interesa, nos avisa de los debates, se informa, le gusta ir a votar”, coinciden sus padres. A Pamela —recalcan— no se le puede quitar su derecho ciudadano: “Es algo absolutamente innato, es parte de ella”, cuenta la madre. Incluso, por tener ciudadanía italiana, alguna vez votó en las elecciones de ese país.

Macarena Lizama, directora del Centro UC Síndrome de Down —institución que acompaña y apoya a personas con esta condición en distintas etapas de su vida—, destaca el valor que implica para ellas ejercer el derecho a voto: “Ellos lo viven con mucho orgullo, porque es una expresión de autonomía muy clara. En el fondo, yo estoy votando independiente de lo que opine mi papá, mi mamá o quien me cuida”.
Las alertas sobre su inhabilidad para votar se levantaron antes de las Primarias Presidenciales, cuando Pamela notó que algo no cuadraba en el sitio web del Servel. “Empezó a preguntar por qué no figuraba en los registros. Investigamos y entonces nos llega la carta del Servel”, dice la madre.
Sebastián Winter acababa de llegar a su oficina, en el estudio jurídico Sarmiento, Walker & García. Apenas se acomodó en el escritorio, recibió un correo: era Antonio Serrano, el abogado que había tramitado la interdicción de Pamela. Llamaba a Winter para explicarle el caso. Inseguro, Winter le respondió: “Está medio complicado, es muy difícil de ganar”.
Aun así, aceptó el desafío. No había tiempo que perder. La primera reunión fue con Serrano y uno de los hermanos de Pamela, por Zoom. Hablaron del proceso a seguir, de la jurisprudencia y de las dificultades que implicaba el caso. La familia aceptó las condiciones, pero, tal como advertía la carta, la apelación debía hacerse a contrarreloj. Quedaban cuatro días.
Los abogados optaron por revisar la Ley Nº18.556, que regula el sistema de inscripciones electorales y el funcionamiento del Servicio Electoral. En el escrito se aborda la interdicción en sus artículos 13 y 18. El primero obliga al Servel a mantener actualizado el Registro Electoral; el segundo dispone que los jueces de letras informen, dentro de los primeros cinco días de cada mes, sobre las personas declaradas interdictas por demencia.
El artículo 16 de la Constitución también menciona la interdicción como causal de suspensión del derecho a voto “en caso de demencia”. Esta es la norma que tenía a Pamela fuera del padrón.
Pero algo sorprendió a los abogados. Pamela, a pesar de la interdicción, había votado en el Plebiscito Constitucional de 2023 y en las elecciones municipales de 2024 sin inconvenientes. Según la abogada Claudia Sarmiento, del mismo estudio de abogados que Winter, la familia asumió la interdicción como un trámite necesario para el manejo de su patrimonio.
Desde el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), la abogada María Pilar Iturrieta es crítica de esta figura jurídica. Sostiene que la interdicción no es una medida de protección —como se esboza en la reclamación de los abogados—, sino un mecanismo que sustituye la voluntad de las personas con discapacidad y las priva de decidir sobre su vida en todos los ámbitos. Explica que la interdicción responde a una visión médica y asistencialista incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Iturrieta agrega que, aunque Chile ratificó la Convención en 2008 y cuenta con leyes como la 20.422 —que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades—, subsisten normas que mantienen un modelo médico de la discapacidad. Esa situación, dice, “perpetúa el prejuicio de que las personas con discapacidad no pueden decidir; las anula civilmente”.
En 2016, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó a Chile eliminar toda norma que consagre la interdicción, reemplazándola por sistemas de apoyo para la toma de decisiones.
Los abogados y los padres de Pamela lo tenían claro: ella debía volver a votar.
Para sustentar el reclamo, Sarmiento y Winter trataron su exclusión del padrón electoral como una “consecuencia extrapatrimonial, indirecta y en muchos casos no buscada”, y sostuvieron que la decisión del Servel “conlleva un error interpretativo de origen”.
Los abogados sabían que esos argumentos abrían un terreno inédito. Dentro de su investigación, indagaron si existían personas declaradas interdictas por demencia que hubieran intentado volver al padrón electoral. No hallaron ningún caso. Pamela era la primera.
La familia escuchó y acogió la propuesta. Según cuenta Sarmiento, antes de avanzar, hubo un diálogo interno para decidir qué era lo mejor para Pamela. Luego, los abogados se “movieron rápido” y en una semana, se fijó una audiencia con los jueces y la familia vía Zoom.
El día antes de la reunión, Winter y Sarmiento se juntaron con la familia. La conversación, recuerda Winter, se centró en las emociones; dejaron la ley de lado. Los abogados sabían que este juicio era algo más que la restitución de un derecho fundamental.
Esperamos que sirva para que otras familias y personas con discapacidad conozcan que hay vías para proteger derechos y evitar situaciones de exclusión
La intervención de Pamela en el juicio fue clave. Según se lee en la sentencia, al ser consultada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Lilian Leyton, si tenía interés en votar, ella respondió que sí, que “le gusta votar y desea continuar haciéndolo”.
El 3 de septiembre pasado, el Segundo Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana reincorporó a Pamela en el padrón.
Ha pasado casi un mes del fallo. Pamela está enferma. Una faringitis aguda la tiene en la cama. Toma antibióticos y el médico le extendió una licencia médica. La situación la inquieta: según su madre, es tan responsable con su trabajo, que estar en reposo la frustra. Afuera, el sol se esconde lentamente y la casa comienza a enfriarse, mientras sus padres —uno en cada sillón del living— conversan. Dicen que ella no siguió de cerca el juicio. De hecho, nunca alcanzó a ver la carta del Servel.
Pero no ha dejado de estar informada. “Cuando hay debate, ella nos avisa, me dice ‘mamá, hoy hay debate, va a estar fulano’, le interesa el tema”.
En su oficina, los abogados Sarmiento y Winter celebran el fallo. Dicen que abre una puerta, que representa “una revisión importante del sistema. Esperamos que sirva para que otras familias y personas con discapacidad conozcan que hay vías para proteger derechos y evitar situaciones de exclusión”.
El futuro de Pamela es una conversación aún abierta en la familia. “Ella sabe que tiene a sus hermanos, a sus padrinos, pero le inquieta qué pasará cuando los padres no estén”, confiesa, con voz quebrada, la madre. Habla del tema sin eufemismos, segura de que Pamela procesa el duelo y la incertidumbre como cualquiera. “No le maquillo nada y no le miento nunca”, dice.
Lo esencial, mencionan los padres, es que Pamela pueda bailar y cantar cuanto quiera, que sienta siempre la posibilidad de elegir y de estar incluida. Que tenga, ante todo, “el camino despejado para alcanzar la felicidad”.

Por Renato Gallardo, Felipe Rivera Mesías y Manuel Silva | Fotos: Lucas Aguayo | Ilustraciones: Violeta Irarrázabal
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