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Carabineros fueron capacitados en escopeta antidisturbios tras ser acusados de tortura
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Carabineros fueron capacitados en escopeta antidisturbios tras ser acusados de tortura

Estuvieron involucrados en la golpiza contra Moisés Órdenes en Plaza Ñuñoa.

Por Raquel Cruz

28 Agosto 2020

Diecisiete días después de que 12 carabineros fueran acusados por torturar a un manifestante en medio de las protestas sociales en Chile, algunos de ellos asistieron a una capacitación para utilizar escopetas antidisturbios, un arma considerada como “menos letal” pero que puede hacer mucho daño, tal y como han dejado en evidencia cientos de casos en que personas resultaron heridas e, incluso, sufrieron daños o mutilaciones en los ojos.

Los 12 carabineros están siendo investigados a raíz de una serie de hechos ocurridos el 21 de octubre de 2019. Esa noche, Moisés Órdenes (55) se manifestaba en Plaza Ñuñoa con una sartén en la mano mientras iba grabando lo que pasaba a su alrededor con su teléfono móvil. Repentinamente, fue atacado por una docena de funcionarios pertenecientes a la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales de Santiago.

La escena fue transmitida en directo por los canales de televisión CHV Noticias y CNN Chile, y fue vista por más de 450.000 espectadores. Cinco días después, el 25 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló en contra de los efectivos policiales por el delito de torturas (artículo 150 del Código Penal) cometido por funcionarios públicos.

Lo que se desconocía hasta ahora es que apenas dos semanas después, algunos de ellos asistirían a la capacitación para utilizar escopetas antidisturbios. La información fue obtenida a través de Ley de Transparencia. Para esta investigación se solicitaron las hojas de vida de los 12 carabineros acusados. Solo 3 de las peticiones fueron aceptadas, pues en estos casos la ley obliga a contar con la venia de los individuos identificados en la petición. La mayoría de los funcionarios que negó los antecedentes argumentó que lo hacían por encontrarse en medio del proceso judicial.

Pero hubo tres carabineros que sí autorizaron la entrega de sus hojas de vida: entre ellos destaca el teniente Martín Reinaldo Blanc, considerado autor directo en la golpiza. Su expediente profesional señala que Blanc obtuvo el título de “C. Capacitación Uso Escopeta Antidisturbios” el día 14 de noviembre 2019, es decir, dos semanas después de la golpiza a Moisés Órdenes y mientras estaba siendo investigado por delitos de tortura.

Las hojas de vida del carabinero Gabriel Fernandois Soto y del cabo 1ero Fabián Torres Salgado muestran también que ambos asistieron a la capacitación para utilizar escopetas antidisturbios el día 20 de noviembre 2019, un mes después de los hechos.

Extracto de la hoja de vida del teniente Martín Reinaldo Blanc.

Fernandois es uno de los cinco carabineros considerados autores directos de la golpiza según la investigación del Ministerio Público, mientras que Torres Salgado está dentro de los siete restantes integrantes del grupo de policías que actuó en Plaza Ñuñoa.

El que estos tres funcionarios –y quizás otros de los acusados– hayan sido capacitados en el uso de escopetas antidisturbios se explica, en parte, porque en Chile nada obliga a suspender o expulsar a un funcionario policial mientras está siendo investigado, ni siquiera por posibles violaciones a los Derechos Humanos.

Estas escopetas son consideradas “menos letales” según la clasificación de la ONU porque están diseñadas para minimizar su capacidad de herir o matar personas, pero de todos modos en algunas ocasiones pueden causar grave daño e incluso ocasionar la muerte.

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Las fichas de los uniformados Gabriel Fernandois Soto y Fabián Torres Salgado

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Los hechos que hoy investiga la justicia ocurrieron la noche del 21 octubre, luego de que el grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros de la 28º comisaría descendiera del bus institucional y comenzara a tomar el control territorial de la Plaza Ñuñoa. La orden era dispersar a los manifestantes que se encontraban infringiendo el toque de queda iniciado a las 10 de la noche y decretado por la autoridad durante el Estado de Emergencia declarado tres días antes.

Mientras Órdenes realizaba un “cacelorazo”, se dirigió al autobús de Fuerzas Especiales que conducía el funcionario Eduardo Andrés García Rivera.

–Dejen de reprimir al pueblo, hueones. ¡Dejen de atacar a la gente del pueblo! ¡Oye! ¿Acaso no tienen familia, pacos culiaos? ¿Ah? ¡Todo porque tienen una mejor previsión!”– gritó Órdenes al conductor, según las grabaciones de su teléfono móvil dadas a conocer por Ciper.

Fue en ese momento cuando 5 de los 12 carabineros se acercaron por la espalda a Órdenes y él, que caminaba hacia atrás mientras gritaba, chocó de manera inesperada con ellos. Inmediatamente, los uniformados empezaron a golpearlo con lumas o bastones y Órdenes, acorralado, intentó huir en movimientos circulares y zarandeando bruscamente la sartén que llevaba en la mano.

Seguidamente, se fueron acercando los 7 carabineros restantes y continuaron dándole golpes a Órdenes con objetos contundentes, hasta que el teniente Blanc, oficial a cargo del grupo, alzó la pierna y pateó a Órdenes con un golpe directamente en las costillas, provocando que el hombre cayera al suelo. A pesar de eso, algunos funcionarios siguieron propinándole golpes de puño y pies.

Órdenes fue detenido y trasladado a comisaría. Tal y como explica la denuncia que hizo el INDH, durante el trayecto y en la misma unidad policial, el detenido pidió en reiteradas ocasiones ser trasladado a un centro asistencial ya que se sentía malherido.

El personal policial llevó a la víctima al Hospital del Salvador y de acuerdo al informe Datos de Atención de Urgencia (D.A.U), se constató que tras los golpes recibidos, Órdenes sufrió lesiones graves: “Politraumatismo, trauma ocular izquierdo cerrado grave, trauma torácico cerrado izquierdo contuso, fracturas costales múltiples (9-10-11), neumotórax izquierdo grave, fractura dental incisivo central izquierdo, luxación anterior de hombro izquierda reducida y fractura nasal conminuta no desplazada”. Órdenes perdió la totalidad de la visión del ojo izquierdo.

Como él, existen 1.083 personas que denunciaron torturas y tratos crueles por parte de los uniformados durante el estallido social de Chile.

De prisión a comisaría

Dos meses después de la agresión a Órdenes, el 26 de diciembre de 2019, el 8ºJuzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 5 de los 12 funcionarios considerados autores directos de la golpiza: teniente Martín Reinaldo Blanc Cabrera, carabinero Nicolás Alejandro Cuevas Cárcamo, carabinero Fernando Ignacio Nataniel Espinoza Acuña, cabo 2º Álvaro Lisandro Yáñez Garrido y carabinero Gabriel Ignacio Fernandois Soto. Los 7 carabineros restantes –Carlos Ernesto Cerda Herrera, cabo 1º Ricardo Alcides Gómez Balle, suboficial Daniel Alejandro Hervias Hutivel, cabo 2º Samuel Ricardo Mora Lodi, cabo 1º Fernando Andrés Soto Fuentealba, cabo 1º Iván Arturo Hernández Ocampo y cabo 1º Fabián Alexis Torres Salgado– fueron sobreseídos de la causa por no participar directamente.

Tras 11 días en la cárcel, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago estimó que los hechos no eran tortura, sino que correspondían al delito de violencia innecesaria (art. 330 del Código de Justicia Militar). El vídeo de la golpiza dura 10 segundos y, según el tribunal, por un criterio de temporalidad, una tortura no puede durar tan poco. Por eso, la jueza Patricia Ibacache anuló la resolución inicial y ordenó la libertad de los 5 carabineros imputados, que quedaron sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional, firma semanal en la 33ª Comisaria de Ñuñoa y prohibición de acercarse a la víctima, todas vigentes hasta el cierre de este reportaje.

Francisco Bustos, abogado de la víctima, señala que “existe una suerte de tolerancia institucional a la violencia policial por parte de algunos magistrados, de lo cual la revocación de cautelares en el contexto del estallido social, parece hablar por sí misma”.

En Chile la persecución penal corresponde al Ministerio Público y a los querellantes –en este caso, la víctima y el INDH–, que no han pedido reformalizar ni han cambiado la acusación de tortura.

El 3 de abril de 2020, la Fiscalía solicitó añadir dos nuevos delitos a los 12 carabineros: obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Esto es debido a que los carabineros habrían falsificado el parte policial en el que se justificaba la detención.

El 1 de junio de 2020, los 7 carabineros que en un principio fueron sobreseídos por no ser considerados autores directos, volvieron a ser acusados a través de una apelación de los querellantes. Respecto a este grupo de carabineros, el 13 de julio el INDH solicitó fijar una audiencia con el fin de discutir las medidas cautelares ya que actualmente no hay ninguna decretada. No obstante, al día de hoy los 12 carabineros de la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales de Santiago están formalizados por delito de tortura, de obstrucción a la investigación y de falsificación de instrumento público.

El delito de torturas cometido por funcionarios públicos está penado con entre 5 y 10 años de prisión. Por otro lado, el delito de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público conlleva una pena de hasta 540 días de prisión. Si finalmente la justicia determina que los 12 policías son declarados culpables de cometer estos delitos, significaría que hay carabineros activos que hacen uso de la violencia como castigo contra los ciudadanos.

Blanqueo de lesiones

Martín Reinaldo Blanc es teniente de Carabineros desde hace más de diez años y trabaja en la 28º Comisaría de FF.EE desde hace cuatro.

El teniente recibió el certificado que lo capacita para utilizar escopetas antidisturbios el 14 de noviembre de 2019, cuando ya había sido acusado del delito de tortura. Lo mismo ocurrió en el caso de los agentes Salgado y Fernandois, dos de los restantes 11 acusados. Ellos recibieron su certificado para el uso de escopetas antidisturbios el 20 de noviembre de 2019, un mes después de golpear a Órdenes.

Tras salir de prisión, el 16 de enero de 2020, Blanc fue destinado a la 15º Comisaría de Buin, una zona más tranquila al sur de Santiago, a 37 km de su antiguo lugar de trabajo.

Ahí Blanc tiene una oficina, viste de uniforme y realiza labores administrativas. El resto de sus compañeros parece seguir en sus funciones habituales. En la “Hoja de vida” del carabinero Fernandois, también considerado autor directo de la golpiza, no existe ningún dato de cambio de comisaría. Más aún, al llamar a la 28º Comisaría de Fuerzas Especiales de Nuñoa, Fernandois se encontraba en el lugar, aunque no accedió a una entrevista.

En privado, Blanc ha expresado su descontento por las sanciones que ha recibido. “Por un acto malo todo se va a la cresta”, ha comentado. Blanc estuvo tres meses sin salir de su casa y el caso Órdenes sigue provocando interés público. Y aunque Carabineros le ofreció darse de baja, él no aceptó. “Uno se acostumbra”, lo han escuchado decir.

Consultado el Departamento de Comunicaciones de la institución sobre los antecedentes recabados en esta investigación, se limitó a establecer que cualquier pregunta debía ser realizada “al Departamento de Transparencia, pues se trata de un hecho de carácter administrativo”.

 


 

Foto portada y redes sociales: Montaje sobre original de Juan Cristóbal Chateau
Este reportaje fue realizado el primer semestre de 2020 en el curso de Periodismo de Investigación de la profesora Andrea Insunza.

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