Vergara 240

Samuel tiene 77 años y duerme con dificultad en la camilla 13 de la Unidad Médico Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios. El sonido de los monitores marca el pulso del turno de la mañana. Está cubierto por una manta roja, debajo de luces frías que no se apagan nunca. Lleva varios días en esa condición: es uno de los 11.700 pacientes sociosanitarios que, en los últimos siete años, han permanecido hospitalizados luego de recibir el alta, por no tener a nadie que los cuide.

A su lado se encuentra otra paciente, María Quilaqueo, de 73 años.

—Una vecina le trae pañales y comida —dice, en voz baja, para no despertar a Samuel—. Él tiene hijos, pero ninguno viene a verlo.

Otros pacientes viven situaciones similares. En la camilla 11, una mujer mayor mantiene la mirada fija en el espacio donde alguna vez estuvieron sus piernas. Un par de camas más allá, en la 15, un hombre con cáncer atraviesa sus últimos días; no come, apenas habla, espera en silencio.

Por las noches, algunos pacientes mayores gritan pidiendo ayuda. La rutina se repite a diario: las enfermeras los bañan en sus camas, los abrigan y le cambian los sueros, aunque varios ya no reaccionan. Mario Parra, trabajador social del hospital, recuerda el día en que recibieron a Samuel.

—Llegó el lunes 3 de noviembre (de 2025). Su situación está judicializada por abandono. Tiene seis hijos, pero ninguno quiere hacerse cargo, su única red de apoyo es una vecina. No está en condiciones de decidir por sí mismo, tiene deterioro neurológico y perdió su carné de identidad, lo que impide tramitar su pensión.

Según trabajadores del recinto, el hospital ya no puede seguir haciéndose cargo de su caso, y se ha pedido apoyo a vecinos del sector para intentar encontrar un arriendo. El fenómeno se repite en buena parte del país: equipos médicos sobrecargados y camas ocupadas por personas que ya no necesitan hospitalización, pero que envejecen esperando una salida que no llega.

LA ESPERA INFINITA

Como muchos otros, Samuel necesita un cupo en un Establecimiento de Larga Estadía (ELEAM): residencias con cuidados especializados para personas dependientes mayores de 60 años. Pero acceder a ellas no es fácil. Según cifras del Ministerio de Salud, hoy existen 947 ELEAM con autorización sanitaria, de los que solo 22 pertenecen al sistema público y son manejadas por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Una oferta insuficiente para la demanda de adultos mayores que, tras recibir el alta, no pueden vivir de manera autónoma.

Según la geriatra Natalia Netting, una de las consecuencias más dramáticas es el deterioro físico progresivo que genera permanecer en una cama de hospital. A diario, cuenta, atiende a personas mayores que ya no requieren atención médica, pero siguen internadas por no tener a dónde ir.

—Pierden masa muscular, comen menos, bajan las defensas y aparecen infecciones. La mente también se deteriora: se deprimen, lloran, sienten que son una carga —explica.

El problema es la falta de cupos. Actualmente, cada residencia de larga estadía del SENAMA cuenta con solo 59 cupos, y un financiamiento estatal de $51,9 millones mensuales para cada centro. Esta escasez empuja a los adultos mayores a largas listas de espera y procesos de derivación, en los que los trabajadores sociales buscan alternativas dentro de un sistema que, muchas veces, ya no tiene dónde recibirlos. Según datos entregados por SENAMA vía Ley de Transparencia, 10% de los cupos está destinado a casos prioritarios –personas abandonadas, maltratadas o muy dependientes– y el 90% restante entra a listas regulares, que no tienen urgencia. Solo en la Región Metropolitana hay 26 adultos mayores en espera.

Cuando aparece un nuevo cupo, no siempre es apto para la persona que está en espera. José Gonzalo Aguilar, trabajador social de la Delegación Provincial del Maipo, recorre hospitales todas las semanas junto a equipos de salud, evalúa casos en terreno y gestiona derivaciones para adultos mayores que han quedado sin red de apoyo.

—Si un adulto mayor amputado o postrado queda sin red de apoyo, debemos vincularlo con un centro que cumpla las condiciones. Ahí entra el trabajador social —explica.

Muchas derivaciones fracasan porque los establecimientos no cuentan con las condiciones para recibir a personas con alta dependencia física. Además, explica Aguilar, es complejo garantizar traslados adecuados: por problemas de accesibilidad y falta de personal, la mayoría de los centros privados limita el ingreso de personas con alta dependencia, aminorando aún más las opciones.

—Los cupos son limitados y muchas veces inadecuados. Por ejemplo, nos ofrecen camas en un segundo piso, imposibles para alguien en silla de ruedas o que está postrado. Entonces, aunque oficialmente hay cupos, en la práctica no están garantizados.

HOSPITALES COMO RESIDENCIAS

Héctor, de 64 años, está hospitalizado en la sala de urgencia del Hospital Barros Luco. Debilitado por la deshidratación y la desnutrición, tuvo que esperar más de 12 horas en la sala de urgencias antes de ser internado. Un tumor en su cuello afecta sus vías respiratorias, por lo que depende casi por completo de su amigo Juan Vargas, de 51 años, quien lo acompaña desde su internación.

—Sus piernas son huesitos. Está muy muy grave, muy débil… —dice Juan.

Años atrás, Héctor estuvo internado en el Hospital El Pino por un cáncer que afectó su lengua, pero no llegó a completar el tratamiento y volvió a las calles de San Bernardo, sin tener un lugar donde vivir. Durante meses durmió en una plaza, a dos cuadras del mismo hospital. No tiene documentos, no cuenta con familia cercana y no sabe nada sobre el paradero de su hija.

De su vida como camionero solo quedaron recuerdos, luego de que un accidente lo dejara con las caderas lesionadas, sin poder caminar. Fue durante los seis meses previos a esta nueva internación cuando Victoria Pradenas, una vecina del sector, decidió ayudarlo junto a otros vecinos.

—Estaba en silla de ruedas, con un plástico cubriendo su cuerpo en plena lluvia —dice Victoria—. Decidimos ayudarlo y armamos una carpa para que pudiera dormir. A veces le robaban los pañales y artículos de higiene. Es muy triste la realidad de los adultos que viven en la calle.

Susan Morales, técnica en cuidados paliativos del Hospital El Pino, conoce estas situaciones de cerca: el sistema de salud, dice, a menudo otorga altas médicas a personas sin red de apoyo, condenándolos a volver a la calle, hasta que su deterioro los obliga a reingresar. Un círculo vicioso en que, ante la falta de alternativas, muchos terminan ocupando camas hospitalarias por razones sociales más que médicas, permaneciendo internados mucho más tiempo del debido.

—Cerca del 20% de los adultos mayores que ingresan, no logran salir. No tienen familia o no hay cupos en los hogares. Los hospitales terminan haciéndose cargo sin los recursos para mantenerlos tanto tiempo —explica.

Según datos del MINSAL, actualmente hay 745 adultos mayores pacientes que llevan internados durante los últimos 15 años. El caso más prolongado ocurre en San Antonio, donde un adulto mayor permanece hospitalizado desde 2010, pese a haber sido dado de alta. Además, el año con mayor cantidad de ingresos fue 2024, con 405 casos registrados.

—Muchos fallecen por estar hospitalizados sin necesitarlo, abandonados por toda esta carga de enfermedad que se agrava al prolongar una hospitalización innecesaria —afirma la geriatra Natalia Netting—. Es un costo humano enorme y también económico, para el sistema.

En agosto de 2025, siete adultos mayores fueron encontrados en el Parque Colón, frente al Hospital Parroquial de San Bernardo, sentados sobre cartones, sin documentos ni medicamentos y en pésimas condiciones de salud. Gonzalo Aguilar, trabajador social de la Delegación Provincial del Maipo, afirma que habrían sido trasladados a ese lugar desde la fundación Mi casa es tu casa, una red de residencias sin autorización sanitaria en San Bernardo, El Bosque y Huechuraba, que en 2025 fue fiscalizada por el SENAMA luego de recibir denuncias de desnutrición y maltratos.

Solo cuatro de ellos pudieron ser derivados hasta un ELEAM, mientras que los otros tres presentaban desnutrición y tuberculosis, por lo que tuvieron que ser hospitalizados.

UN SISTEMA AL LÍMITE

El colapso también está relacionado con la compleja realidad económica de la vejez en Chile. Según la Subsecretaría de Previsión Social, el ahorro individual es tan bajo que 82% de los beneficiarios del sistema solidario depende de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Aun así, el monto promedio ronda apenas los $230.000 mensuales, una cifra que no cubre ni la mitad del costo de una residencia privada, que puede superar el millón de pesos al mes.

En el sistema público, ingresar a un ELEAM tampoco es gratuito. Los residentes deben destinar al menos 85% de su pensión para financiar su estadía, lo que deja montos mínimos para gastos personales básicos, como ropa, medicamentos no cubiertos o artículos de aseo. El resto del financiamiento del ELEAM depende de los aportes mensuales del Estado, que muchas veces no son suficientes, o de donaciones y ayuda comunitaria. Aun así, los cupos no alcanzan.

La presión sobre el sistema podría aumentar aún más. En mayo, CIPER reveló que informes encargados por el Ministerio de Hacienda recomendaron recortes por cerca de $427 mil millones en programas destinados a personas mayores. Entre las áreas que sufrirían recortes figuran los cuidados de larga estadía, los establecimientos residenciales y los programas de apoyo para personas mayores en situación de dependencia. Aunque se trata de propuestas que no han sido implementadas, especialistas y organizaciones del sector han advertido que una reducción de recursos podría profundizar la falta de cupos y las listas de espera que hoy mantienen a cientos de adultos mayores viviendo en hospitales tras recibir el alta médica.

Natalia Yankovic, economista que realiza consultorías en el área de salud para el sector público, sabe de los gastos que implica atender a personas mayores con dependencia.

—Se necesitan cuidados las 24 horas, enfermería, kinesiólogos, apoyo nutricional. Con ingresos como la Pensión Garantizada no es posible financiar ese nivel de atención —dice.

La geriatra Netting es testigo a diario de esta situación. Afirma que cuidar a una persona mayor y dependiente es un trabajo continuo, que exige tiempo, especialización y varios profesionales.

—La atención hospitalaria se enfoca en tratar una enfermedad aguda, pero eso implica un equipo completo: médicos, enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. Todos cumplen un rol para que el paciente no se deteriore más —explica—. Ese nivel de cuidado no puede recaer en una sola persona ni sostenerse con recursos mínimos.

Muchas veces, tampoco hay una familia que pueda ayudar. Al menos 126 personas mayores en todo el país permanecen actualmente a la espera de un cupo en algún ELEAM tras una derivación judicial, muchas de ellas vinculadas a situaciones de maltrato o abandono. Samuel es uno de esos casos: su situación fue judicializada por abandono, pero, incluso así, la apertura de un cupo no es inmediata. Según información obtenida por Ley de Transparencia, entre enero de 2024 y septiembre de 2025 el SENAMA recibió 5.124 requerimientos por maltrato a personas mayores; en 62% de los casos, las víctimas son mujeres.

Para esta investigación se intentó obtener las versiones de SENAMA, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Geriatría. Ninguna de esas instituciones respondió las preguntas enviadas.

Tras ser dado de alta del Barros Luco, Héctor volvió poco tiempo después al Hospital El Pino, en San Bernardo, en peores condiciones, prácticamente desnutrido. Había estado viviendo con parientes, pero acusó haber sufrido maltratos y terminó regresando a la calle. En el hospital lograron estabilizarlo y, al recibir una nueva alta médica, aseguró que regresaría a vivir con ellos.

Hace un mes murió.

Este artículo fue realizado en el Taller de Reportajes Interpretativos, del profesor Nicolás Alonso, y editado por V240.