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Entre 2015 y 2025, Carabineros de Chile ha decomisado casi 50 kilos de drogas ilícitas y 600 unidades de fármacos no controlados en casi la mitad de los colegios del país. Según datos obtenidos por Ley de Transparencia, las incautaciones suelen ser de marihuana, cocaína y pasta base. Y, tras la pandemia, la ketamina se ha ido introduciendo, aunque aún tímidamente.

En este fenómeno, no solo la Región Metropolitana es la protagonista. Solo en los establecimientos educacionales de Antofagasta se incautó el 34% de los 422 gramos de ketamina totales en el país. En Los Lagos se decomisó el 15% de los 797 gramos totales de cocaína a nivel nacional. En cuanto a la pasta base, fue la región del Biobío donde se requisó el 21% de los 4.490 kilos totales registrados. Las últimas dos regiones solo fueron superadas por la RM.

También se consideran en el listado los fármacos sin receta. El mayor decomiso ocurrió en la Región de Valparaíso, donde se incautó 26% del total nacional (163 unidades de 637 totales). Fue específicamente en un recinto escolar de la comuna de Cartagena donde, en 2024, Carabineros incautó 62 unidades de estos medicamentos, la cifra más alta por colegio registrada en la base de datos.

Ese día, un estudiante sufrió una sobredosis al interior del establecimiento. “La situación fue súper complicada porque fue una ingesta de fármacos. El alumno trajo bastantes insumos (estupefacientes) y obviamente en un momento le pasó la cuenta, y tuvimos que actuar porque se descompensó”, relata el director. No fue la primera vez que Carabineros ingresó a ese establecimiento. Un año antes, en 2023, ya se había decomisado cocaína, pasta base y marihuana en el mismo recinto.

El director aseguró que su institución no tiene las herramientas necesarias para enfrentar este fenómeno y que las medidas estatales –principalmente charlas y actividades– resultan insuficientes. “Fue muy difícil el tiempo post pandemia, porque los jóvenes estuvieron encerrados prácticamente un año y al retomar la presencialidad, dieron señales inmediatas de que existe una problemática en sus hogares. Y la única manera de borrarla (para ellos) es a través de la droga”, agregó.

Si bien el crecimiento no ha sido sostenido en la década analizada, en 2023 las cifras se dispararon. Si el año anterior se decomisaron cuatro kilos de cocaína, pasta base y marihuana, en 2023 fueron más de diez.

La vuelta a la presencialidad tras la pandemia marcó un antes y un después en la cantidad de droga que se comenzó a consumir y portar dentro de los establecimientos. Los datos de Carabineros muestran que, tras el COVID 19, los decomisos de pasta base aumentaron en 64%, seguidos por la cocaína, que creció en 36%. La ketamina –que recién apareció en los colegios en 2022– también mostró un crecimiento de 40%. Este estupefaciente pasó de no registrar incautaciones antes de la pandemia a contabilizar 78 gramos en 2022, 97 gramos en 2023, 138 gramos en 2024 y 109 gramos hasta julio de 2025. En contraste, los fármacos y la marihuana mantuvieron un crecimiento estable, de 20% post pandemia.

La capitán del Departamento de Drogas OS7 de Carabineros, María Belén Galaz, atribuyó este aumento a que “los niveles de tráfico, ingresos e incautaciones de drogas han ido en aumento en todos lados”. Tras la pandemia, agregó, el consumo volvió a aparecer dentro de los colegios: en los patios, en los baños y también en el entorno. “Hay además un peak entre los jóvenes, porque quieren sentir experiencias nuevas”.

Para Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos (UCOD) de la Fiscalía Nacional, el problema presenta dificultades adicionales. “Es mucho más complejo realizar una investigación dentro de un colegio que fuera de él”.

Académicos que han estudiado el tema junto al Colegio de Profesores concordaron en que los establecimientos escolares han dejado de ser un espacio seguro para los estudiantes. Según explicaron, el narcotráfico logró permear las barreras de seguridad que entregaban las salas de clases a sus alumnos.

NARCOTRAFICO EN LA SALA DE CLASES

El VII Informe Anual “Observatorio del Narcotráfico” de la Fiscalía Nacional, evidenció que el mercado ilícito de drogas en el país registró un alza de 80,8% en los últimos años. Este aumento ha facilitado su instalación en distintas comunidades, incluyendo los entornos y recintos escolares.

Una tendencia similar identificó el estudio “Narcotráfico y consumo de drogas escolar”, del observatorio IdeaPaís, publicado en noviembre de 2024. Según el análisis, la situación afecta directamente a jóvenes que viven en zonas con mayor presencia de narcotráfico, como La Pintana, Quilicura y Maipú.

Felipe Alessandri, investigador de ese estudio, afirmó que “efectivamente el aumento de droga en el barrio alrededor de un colegio hace que se consuma más en el colegio”. A su juicio, el crecimiento del narcotráfico ha logrado vulnerar los sistemas de seguridad de las aulas. “Antes los colegios eran un factor protector dentro del barrio. Hoy ya no es así”.

La secretaria regional metropolitana del Colegio de Profesores, Rosa María Montecino, tiene una evaluación similar. “Antes, la escuela funcionaba como un espacio mucho más seguro en relación a su entorno. Hace una generación era impensado que el consumo de droga estuviese dentro de las escuelas. El narcotráfico, así como ha llegado a otros sectores, también ha llegado a las escuelas, porque finalmente recoge todas estas violencias”, afirmó.

Además, Montecinos aseguró que el problema se asocia directamente con la creciente violencia escolar registrada en el último tiempo. “El consumo de drogas trae aparejado muchos otros elementos como la violencia explícita”, sostuvo.

Las cifras sobre consumo juvenil refuerzan esa preocupación. A comienzos del 2025, el SENDA presentó un estudio al respecto entre estudiantes de 8° básico a 4° medio de colegios públicos, subvencionados y particulares. El informe detectó un aumento en el uso de cocaína (2,5%) y pasta base (1,8%) en dos años. Respecto a la marihuana, los índices se mantienen estables.

Pero el fenómeno no solo involucra el consumo o porte de drogas dentro de los recintos escolares. También ha aumentado la cantidad de menores de edad sancionados por el delito de tráfico o microtráfico, según una base de datos de la Fiscalía Nacional, obtenida mediante Ley de Transparencia.

Entre 2018 y 2025, 2.458 menores fueron sancionados por estos ilícitos. La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos (480), seguida de la región de Valparaíso (235) y el Maule (197). Del total, 1.760 sanciones corresponden a microtráfico y 694 a tráfico.

EL DILEMA DE LOS COLEGIOS

Para los colegios, enfrentar esta situación se ha vuelto cada vez más complejo.

El director del establecimiento de Cartagena aseguró que uno de los principales problemas es la falta de protocolos para prevenir el ingreso de drogas al recinto. “Primero, porque no tenemos modo de saber si el joven ingresa con algún tipo de droga. No tenemos las herramientas necesarias como para revisar una mochila o algo por el estilo, porque todos los intentos que se han hecho han sido rebatidos por la Corte Suprema”, aseguró, refiriéndose al Dictamen 65, que establece que no es legal ni legítimo que los colegios revisen mochilas.

Una preocupación similar expresó el sostenedor de un establecimiento escolar en Concepción. “Deberíamos tener más oportunidades de apoyo en la formación a los docentes y asistentes de educación para enfrentar el problema. Debería ser mucho más el apoyo externo que recibimos”. Según relató, la ayuda que han recibido del SENDA no es suficiente. “Vienen a realizar charlas a los profesores y también a los estudiantes, pero no ha sido tan frecuente”, sostuvo.

En esta institución de Concepción, en abril de 2025 se incautaron 22 gramos de cocaína a un alumno de segundo medio. “El hecho ocurrió cuando había desaparecido un objeto dentro del curso. Al revisar a un estudiante sospechoso para ver si lo tenía, apareció portando droga entre su ropa. Llamamos a Carabineros y fue detenido. Según el reglamento, era una falta gravísima, por lo que fue expulsado”, recordó el sostenedor.

En la lista también figura otro colegio de Concepción, donde se incautaron 857 gramos de pasta base, y un establecimiento de Reñaca, donde se decomisaron 667 gramos de la misma sustancia. Sin embargo, consultados al respecto, directivos de ambos recintos aseguraron que la información no es verídica. Distinto fue el caso de un liceo de Santiago Centro, donde se incautaron 904 gramos de marihuana: el establecimiento confirmó el procedimiento, aunque prefirió no referirse al tema. Una escuela de Mejillones, donde se registró el decomiso más alto, con 3,205 kilos de marihuana, también reconoció el hecho, pero explicó que la droga fue dejada en el recinto por un tercero ajeno a la comunidad escolar. “En la escuela hay una bodega que colinda con un terreno baldío. En los contenedores de basura de esa bodega estaba escondida la droga. Quien la dejó ingresó por el muro que  limita con ese terreno”, explicó el director del establecimiento.

Ignacio Castillo, de la Fiscalía Nacional, sostiene que muchos establecimientos prefieren evitar judicializar estos casos. “Para no criminalizar el problema, prefieren no denunciar ante el Ministerio Público, más bien tienden a buscar mecanismos distintos que no supongan una intervención tan agresiva del Estado en contra del adolescente por el rol educativo que ellos cumplen”, explicó.

La regulación de esta situaciones está establecida por la Superintendencia de Educación, a través de los dictámenes 52  y  71, que establecen que sanciones como la expulsión y la cancelación de matrícula solo deben aplicarse en casos graves y no impedir permanentemente la continuidad educativa de los estudiantes.

Según datos de la Superintendencia, obtenidos a través de Transparencia, entre 2016 y 2024, 283 alumnos fueron expulsados de sus establecimientos por incidentes vinculados al consumo o tráfico de drogas. El peak de expulsiones por este motivo se registró en 2023, mismo año en que se registró la mayor cantidad de incautaciones de droga dentro de los recintos escolares. Dentro de un listado de 12 causales de expulsión, estos casos ocuparon el quinto lugar, superados por “transgresión a normas del establecimiento”, “agresiones físicas a docentes”, “uso y porte de armas o artefactos incendiarios” y “agresiones físicas a estudiantes”, que ocupa el primer lugar.

En 2022 la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) de Atacama solicitó a la Superintendencia de Educación “un pronunciamiento respecto de la posibilidad de incorporar en los reglamentos internos de los establecimientos educacionales un protocolo preventivo de revisión de mochilas y bolsos de los y las estudiantes, con el objeto de resguardar que éstos no ingresen drogas y/o estupefacientes al local escolar”. El organismo respondió a través del Dictamen 65. La postura de la institución es que estas medidas vulneran derechos fundamentales, son desproporcionadas y carecen de respaldo legal.

EL ESTADO FRENTE AL PROBLEMA

Actualmente, la única norma en Chile que regula el tráfico y consumo de estupefacientes es la Ley 20.000. Respecto a menores de edad y recintos educacionales, solo determina que la venta de droga dentro de una comunidad escolar es una agravante del delito.

En el Congreso existen dos proyectos de ley que abordan la relación entre drogas y escolares. El primero, ingresado el 1 de julio de 2022, busca impedir la difusión de contenidos audiovisuales que aludan al consumo de drogas o al uso de armas en establecimientos educacionales. El segundo, presentado el 10 de junio de 2025, apunta a prohibir la promoción, distribución y consumo de drogas en entornos escolares y comunitarios.

Sin embargo, ambos proyectos permanecen estancados en el parlamento.

El senador Fidel Espinoza (PS), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, sostuvo que “muchas de estas iniciativas terminan meses y meses en las comisiones porque no tienen urgencia de ningún tipo”.

En 2018 el OS7 de Carabineros lanzó el programa “Estudia sin Drogas, Carabineros + Cerca de ti”, con el objetivo de reducir el impacto del consumo de drogas ilícitas entre escolares, especialmente en sectores de mayor vulnerabilidad. La iniciativa contempló una intervención gradual iniciada en 2018 en 36 colegios de 24 comunas de la región Metropolitana.

El plan funcionó solo hasta 2021, pero actualmente la policía mantiene una unidad especializada para abordar el tema de drogas en recintos escolares. La capitán del OS7, María Belén Galaz, sostuvo que hasta 2025 iban 153 charlas en colegios de Santiago. Aseguró, además, que estas medidas son efectivas “porque hay jóvenes que realmente no conocen el efecto que va a traer el consumo de droga en su cuerpo”.

En 2024 se creó la “Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030” anunciada por la entonces ministra del Interior Carolina Tohá. Esta apunta a prevenir el consumo de estupefacientes y a reducir sus efectos sociales y sanitarios, con énfasis en las poblaciones más vulnerables.

El Ministerio de Educación, a través de la Superintendencia, fiscaliza que los colegios cumplan con la norma. La seremi de Educación de la región Metropolitana, Raquel Solar, aseguró que como Ministerio, trabajan solo con los datos proporcionados por el SENDA. “Es la única manera que tenemos de saber cómo se está comportando la población escolar. Con eso, nosotros hacemos los programas de prevención, sugerimos cambios en los proyectos pedagógicos, en las horas de libre disposición que te dan la posibilidad de hacer actividades que permitan un desarrollo más integral de los estudiantes”.

Por su lado, la jefa del Área de Prevención del SENDA, Carolina Bruce, reconoció que aún no existen evaluaciones concluyentes sobre el impacto de los programas implementados. “Estamos recién comenzando a instalarlos”.

Parte de esta investigación fue realizada en el ramo Periodismo de Investigación, del profesor Alberto Arellano, y editada por V240.

Las imágenes fueron generadas con IA.