Capítulo 4: “¿Sabes qué?, yo te creo”

El 4 de abril de 2012, en el programa Mentiras Verdaderas del canal La Red, apareció un hombre vestido de túnica. El titular del programa era “Nueva denuncia de abuso sexual en la Iglesia”. Esta persona detalló su experiencia en el Seminario Mayor San Rafael, señalando que “allí observé actitudes abiertamente ambiguas entre sacerdotes, o directamente sexuales”. Era Mauricio Pulgar que, tras 14 años de silencio, contaba públicamente su verdad. 

Dos años antes, la Iglesia chilena había entrado en una crisis tras el caso de Fernando Karadima, por las múltiples denuncias de abuso sexual y de poder cometidos por el sacerdote en la parroquia El Bosque, en la comuna de Providencia. Este escenario favoreció a los exseminaristas de Valparaíso, quienes lograron el inicio de un proceso canónico contra los denunciados. 

En febrero de 2012, Mauricio Pulgar presentó ante la Nunciatura Apostólica y el Arzobispado de Santiago una denuncia por abusos psicológicos y sexuales contra ocho sacerdotes, entre los que se encontraba Mauro Ojeda, Jaime Da Fonseca y Humberto Henríquez. La investigación canónica estuvo a cargo del entonces Promotor de Justicia del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Valparaíso, Celestino Aós. Según Pulgar, el proceso duró dos meses y concluyó como inverosímiles los hechos denunciados. V240 intentó contactar al Tribunal Eclesiástico de Valparaíso para obtener detalles de la resolución, pero este organismo no contestó ninguno de los llamados ni correos enviados. 

Entre el 15 y 18 de enero de 2018, el Papa Francisco visitó Chile. Su llegada no estuvo exenta de polémicas, producto de las críticas que recibió por la defensa que le brindó al obispo de Osorno, Juan Barros, quien en ese momento era acusado de encubrimiento en el caso Karadima. 

Tras informarse de la gravedad de la situación, el 19 de febrero de 2018 el Papa envió al obispo Charles Scicluna a Chile a investigar qué ocurría con las acusaciones de Barros. Al llegar, Scicluna se encontró con un panorama peor de lo que esperaba: cientos de personas solicitaban una audiencia con él para denunciar abusos de los que fueron víctimas. Esto lo llevó a conformar la Comisión Scicluna, encargada de recopilar testimonios para luego llevarlos al Vaticano. Mauricio Pulgar, Marcelo Soto, David y otros dos exmiembros del Seminario Mayor San Rafael fueron parte de quienes declararon. 

Seis meses después, el Obispado de Valparaíso, mediante un comunicado, informó que el sacerdote Jaime Da Fonseca, tras una investigación y proceso judicial canónico, era expulsado de su estado clerical, es decir, debía abandonar el sacerdocio. En el comunicado no se detallaron los delitos por los que era acusado. Según informó a V240 la Diócesis de Valparaíso, se trató de actos de connotación sexual, abuso de autoridad y conciencia. 

Da Fonseca ya había pasado por un proceso civil en 2014, sin embargo esa vez fue declarado inocente según un comunicado de la Diócesis de Valparaíso, mientras que a los testimonios se les consideró inverosímiles.  

Dos días después de hacerse pública la condena canónica, Da Fonseca, mediante una carta publicada en El Mercurio de Valparaíso, argumentaba su inocencia y que todo era una estrategia de Gonzalo Duarte, entonces obispo de Valparaíso, para lavar su imagen a costa de él. En el comunicado expuso: “Usaré todos los medios que tenga a mi alcance para que emerja el esplendor de la verdad y no como lo presenta en su mente el obispo Duarte (…). Aún espero pruebas, porque nadie me las ha mostrado”.

El 10 de julio de 2019, el Obispado de San Felipe comunicó que Humberto Henríquez fue hallado culpable por los delitos de abuso de conciencia y abuso sexual contra dos personas mayores de edad. El 21 de enero de 2020, luego de un recurso interpuesto por Henríquez, la condena fue ratificada, siendo expulsado del estado clerical. 

El 12 de abril de 2023, el Obispado de Valparaíso informó la expulsión del estado clerical de Mauro Ojeda, culpable de los delitos de abuso sexual, manipulación de conciencia y malversación de fondos públicos.

Las denuncias canónicas contra otros sacerdotes como Gonzalo Duarte, Santiago Silva y Javier Prado fueron desestimadas, según informó el Obispado de Valparaíso. 

El 2020, Mauricio Pulgar junto a Marcelo Soto y otros tres exseminaristas, presentaron una demanda civil contra la Diócesis de Valparaíso para obtener una reparación económica por 1.250 millones de pesos. Los demandantes fueron representados por el abogado de la Fundación Para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla, mientras que la defensa de la diócesis quedó a cargo del abogado Oscar Silva. 

Ya en 2018, el fiscal de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias, había tomado gran parte de las demandas contra la Iglesia a nivel nacional, entre ellas, el caso de Valparaíso. Juan Pablo Hermosilla, abogado querellante contra la Diócesis porteña, señala a V240 que ese año les llegó información de que existían archivos ocultos en la Catedral de Valparaíso, lo que fue confirmado por el fiscal Emiliano Arias, quien ordenó el allanamiento del lugar. Del registro, Hermosilla relata que fueron encontradas carpetas tapadas con ponchos y sábanas en el entretecho de la Catedral. Estos hallazgos contenían denuncias canónicas presentadas contra sacerdotes, algunas en la década de los 80.

–Fue un episodio terrible, muy brutal, y desnuda no solo el nivel de desfachatez a que llegan estos encubrimientos, sino también la omnipotencia de ellos, al creer que iban a mentir y no los íbamos a pillar –dice Hermosilla. 

Emiliano Arias fue suspendido en 2019 de su labor de fiscal, acusado por supuesto tráfico de influencias, información y obstrucción de investigaciones. Luego fue absuelto, por lo que en junio de 2022 retomó sus labores. Al momento de la suspensión, Arias lideraba 89 causas de denuncias de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica. 

–En general, estábamos avanzando hacia la acreditación del encubrimiento penal, que en una etapa bastante avanzada y decisiva cuando se producen todos estos casos que derivan en mi suspensión (…). Íbamos por buen camino con mi equipo de investigación. Lo más difícil, y por qué se me asignó en su momento la investigación a nivel nacional, era para desarrollar la teoría del encubrimiento. Eso, a la luz de los hechos, no creo que haya avanzado más. Fue hace cinco años” –señala Arias a V240. 

Luego de su suspensión, el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, recibió las 89 causas para seguir la investigación. Consultado por V240 acerca de los avances, Armendáriz se excusó de participar, argumentando que “no opino sobre causas”. 

El 22 de agosto de 2022, el juicio civil contra la Diócesis de Valparaíso fue finalizado, ya que se llegó a un acuerdo económico entre las partes. De los 1.250 millones de pesos solicitados inicialmente por los exseminaristas, obtuvieron 200 millones de pesos. Sobre esta reparación económica, Mauricio Pulgar dice que “no fue un acuerdo. Lo que pasa es que teníamos compañeros que estaban al borde del suicidio. Entonces, no podíamos esperar más”. 

Por esta situación, los delitos no pudieron ser comprobados jurídicamente. Desde la Diócesis de Valparaíso declararon a V240 que “en la demanda se mezclaban y relataban una gran cantidad de hechos, muchos de los cuales el obispado rechaza, y otros reconoce no como hechos propios, sino como cometidos por algunos clérigos”. Los hechos que reconocen son los que suscitaron la condena de Jaime Da Fonseca, Mauro Ojeda y Humberto Henríquez. Respecto a los demás sacerdotes demandados, el Obispado califica como no verosímiles las denuncias. 

Pese a esto, el Obispado de Valparaíso señala que aceptó llegar a un acuerdo económico con los denunciantes para manifestar su “intención sincera de acogerlos y pedir perdón, no tanto por alguna clase de responsabilidad institucional, no por haber adoptado actitudes de encubrimiento, que son hechos que esta parte siempre rechazó y tampoco reconoció, sino que pensando principalmente en el dolor de cada uno de los demandantes, en los distintos grados que tiene cada una de sus experiencias, más allá de los matices que puede haber”. 

Sobre el acuerdo, Oscar Silva, abogado de la Diócesis de Valparaíso, explica a V240 que “acá no hubo reconocimiento explícito ni implícito de hechos concretos, más allá de las situaciones que fueron abordadas por la justicia canónica (…), en donde sí se establecieron responsabilidades de algunos sacerdotes”. El Obispado llegó a acuerdo, según Silva, porque existía la “intención de tratar, en lo posible, de resolver este asunto de una manera que no fuese contencioso, sino que fuera más bien pastoral”.

Marcelo Soto hoy tiene 53 años y vive en Quillota. Se retiró hace unos años de la vida laboral, ya que, según dice, le diagnosticaron estrés postraumático, que se generó tras su experiencia en el seminario. Producto de esto, cuenta que tuvo que dejar de trabajar y hoy vive de una pensión de gracia. 

Mauricio Pulgar, de 48 años, es independiente, vive del corretaje de propiedades y de la administración de algunas empresas que fundó. Luego de denunciar públicamente, asegura que perdió clientes y que se endeudó durante años. Durante las noches no puede dormir, dice. Quedó con el trauma de lo que vivió con Humberto Henríquez en la parroquia Santa Rosa de los Andes. Escribió el libro “El denunciante y el círculo”, el cual aún no lanza. Allí relata su experiencia entre 1988 y 1998 en la Diócesis de Valparaíso. 

David, el más joven de los tres, con 41 años, actualmente no tiene trabajo. Cuenta que lo perdió tras denunciar lo que le ocurrió en Valparaíso, motivo por el cual optó por aparecer sin su nombre real en este reportaje, ya que hoy busca reinsertarse laboralmente. 

Gonzalo Duarte es obispo emérito de Valparaíso desde 2018. Su dimisión fue aceptada por el Papa Francisco, en conjunto con Juan Barros, obispo de Osorno, y Cristian Caro, obispo de Puerto Montt. Duarte argumentó que su salida se debió a que cumplió 75 años de edad, el límite permitido para el ejercicio del obispado. Sin embargo, su renuncia ocurrió en medio de cuestionamientos por denuncias de encubrimiento de abuso sexual que arrastraba ese año, producto de las demandas públicas presentadas por exseminaristas como Mauricio Pulgar, Marcelo Soto y David. V240 se contactó con Duarte y le solicitó su testimonio, pero no volvió a responder los llamados. 

De los denunciados, solamente Jaime Da Fonseca, Mauro Ojeda y Humberto Henríquez fueron condenados canónicamente por abuso sexual y manipulación de conciencia. José Olguín, otro sacerdote del seminario, presentó su renuncia al estado clerical ante el Obispado de Valparaíso en 2018, tras denuncias de acoso sexual.  

Actualmente, los exseminaristas mantienen una nueva demanda penal contra los mismos sacerdotes por los cuales la Diócesis de Valparaíso aceptó llegar a un acuerdo económico. Si bien los delitos están prescritos y es casi imposible que se les sancione con una pena, señalan que buscan que al menos se logre establecer una verdad jurídica, se reconozca lo que les ocurrió y evitar que la historia se vuelva a repetir.