De la frontera a la calle: las carpas migrantes

Sairí tiene 25 años y llegó a Chile en diciembre de 2021 junto a sus hijos mellizos de cuatro años y embarazada de siete meses. 

Cruzaron la frontera por un paso no habilitado. Después de dos semanas en Iquique, emprendieron rumbo a Santiago. No contaban con recursos económicos para conseguir un lugar donde quedarse, por lo que Sairí debió tomar la decisión de pernoctar en una de las plazas de Santiago Centro, al interior de una pequeña carpa que otras personas en situación de calle le prestaron.

Sairí conoció el peligro de vivir en la calle. Cada noche era una tensión distinta, dice: “A veces pasaban borrachos e iban con palos a las carpas o hasta balazos, a más de uno le dieron”. Además ha sentido la discriminación. Afirma que el hecho de vivir en las calles siendo extranjera aumenta los malos tratos: “Te denigran más, te tratan más mal. Cuando llegué, alguien me dijo: ‘No sé qué vienes a estar molestando en mi país’, metiéndose con los niños y ellos no tienen la culpa”.

Estuvo dos meses viviendo así, hasta que con mucho esfuerzo logró reunir el dinero necesario para arrendar una habitación. Una oportunidad que depende de los resultados de su venta de Super 8 al interior de la estación de metro Puente Cal y Canto, donde llega acompañada de sus tres hijos, quienes la ayudan atrayendo clientes con la oferta de “tres por mil”.

Debido a la inestabilidad de sus ingresos, cada mes es un desafío; pero hace lo posible por no llegar a la calle nuevamente con sus niños. El miedo de retornar a la vía pública y dormir a la intemperie es algo que para ella ronda a diario, sobre todo en los últimos meses, en los cuales el frío se torna insoportable, más aún para sus hijos.

Extranjeros en la calle

En los últimos años, Chile ha experimentado un fuerte flujo migratorio. Según datos del INE, en 2021 las personas extranjeras llegaron a 1.462.000, lo que significa 8% de la población total. Sin embargo, no se sabe con certeza cuántos de ellos están en situación de calle, aunque la percepción de quienes trabajan con migrantes que pernoctan en la vía pública es claramente al aumento. 

El director de Incidencias y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM) Ignacio Eismann confirma que aunque “no hay mucha información ni datos duros al respecto, se ha visto de manera muy gráfica en la vía pública: en la Región Metropolitana y en las regiones del norte”. 

Eismann asegura que “hay muchas personas que están ingresando a Chile y que no tienen cómo solucionar el tema de alojamiento, ni siquiera en términos de arriendos precarios o piezas y han tenido que recurrir a la instalación de carpas en playas o vía pública. Este es un fenómeno que está creciendo y que va a continuar así”. Además, agrega que se puede “intuir que hace algunos años la población migrante en situación de calle era de 5% a 7%, pero en la actualidad, en algunas regiones debe ser del 20% al 30%”.

Desde la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Massiel Cárdenas, coincide con el diagnóstico sobre el aumento de migrantes viviendo en la calle. Situación que estaría siendo fomentada por las dificultades para acceder a un permiso de residencia y al RUN (Rol Único Nacional). “Al no tenerlo, no puedo tener un trabajo; cuestión básica para acceder a una remuneración que me permita pagar un arriendo”, explica.

“Para solicitar una visa, necesitas un contrato de trabajo, pero para tener un contrato de trabajo, necesitas una visa; entonces se crea una especie de círculo vicioso”, enfatiza Cárdenas.

“Hay datos del Registro Social de Hogares de gente en situación de calle, pero para estar en esa nómina se necesita un rut, entonces todas las personas que han ingresado por pasos no habilitados no van a entrar a esa lista, tiene cierta formalidad”, dice el director de Incidencias y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM) Ignacio Eismann.

En la comuna de Santiago Centro, entre las estaciones de metro Los Héroes y República existe una gran concentración de carpas instaladas en la Alameda. En su mayoría están habitadas por familias migrantes compuestas por niños junto a sus padres, quienes por falta de empleos regulares se dedican principalmente a limpiar vidrios en los semáforos del sector, o a vender frutas o dulces.

Eder: el barbero de la calle

Eder Fernández es nacido y criado en Colombia. A los 28 años dejó su país acompañado de su hija Emily (4), su hijo Eder (2), su esposa Ángela (24), su cuñado y su primo. El destino final era Santiago.

Sin documentos para entrar a Chile de manera regular, decidieron hacer el viaje a pie. En el trayecto tuvieron sus primeras experiencias durmiendo en la vía pública, en las calles de Perú. Al llegar a Santiago, la falta de dinero los obligó a instalarse en tres carpas para dormir en el bandejón central de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Almirante Latorre, en pleno centro de la capital.

Una semana después siguen viviendo de la misma forma, pero el frío de las noches y la contaminación del sector ya les han causado problemas. Los más pequeños, Emily y Eder sufren de asma, por lo que el denso aire los enferma continuamente. 

Intentar cubrir las necesidades básicas también se ha tornado complejo. No tienen los $300 por persona que cuesta el ingreso a un baño público, por lo que la familia Fernández adaptó un pequeño lugar con bolsas plásticas. Sorteando la escasa privacidad, se concentran en limpiar diariamente para no generar un ambiente de suciedad en la vía pública. Algo parecido sucede con las duchas: $3.000 es lo que deben pagar en las duchas públicas por cada uno, algo imposible de pagar considerando todos los integrantes de la familia. La opción hasta ahora ha sido limpiarse con paños mojados, los que botan a la basura después de usarlos.

Encontrar trabajo es una de las opciones que los ayudaría a salir de la calle. Eder, barbero de oficio, comenta que diariamente va en busca de empleo, pero que le han jugado en contra las condiciones en las que vive, su falta de documentación y, en algunos casos, su nacionalidad. 

“Yo no he sido de que a mí me den nada, yo digo que me brinden un trabajo, soy jovencito para eso. Soy barbero, corto cabello, ya he buscado trabajo y las personas me dicen no, no; no lo dejan ni hablar a uno. Y usted queriendo y teniendo el ánimo de trabajar, no le dan trabajo porque tiene que tener los papeles. Acá todo son papeles, entonces es complicado”, relata el padre de la familia. 

“Yo traje unas máquinas de Colombia para afeitar, pero no me sirvieron por el enchufe, la luz aquí es de 220 (watts) y en Colombia es de 210, y cuando las enchufé se me quemaron. Traje un secador para limpiar a la persona cuando la afeito, lo conecté y ya se quemó”, relata acongojado.

Actualmente, se las arregla como puede. Recorre las calles de Santiago vendiendo mallas de limones y naranjas, y de vez en cuando le corta el pelo a personas en situación de calle por dos mil o tres mil pesos. Pero nada de esto le permite tener un ingreso que le dé la oportunidad de dormir junto a su familia en una pieza.

La Fundación Scalabrini, que trabaja por los derechos e integración de los migrantes, presta  apoyo a las familias extranjeras que se encuentran en situación de calle. Su presidente, Sando Bertín, también cree que una de las principales causas del aumento de migrantes durmiendo en plazas y bandejones, es justamente la regularización. 

“Hay un aumento de personas en la calle principalmente por la regularización. Si no hubiera esta ley de migración tan drástica (…), la gente posiblemente conseguiría regularizarse y estar en una mejor situación”, dice Bertín. 

El 11 de abril de 2021 se promulgó la Ley Migratoria Nº 21.325, que estipula los derechos y deberes de los migrantes que ingresen al país, con el objetivo de tener una migración más controlada. Uno de los puntos claves de la nueva normativa, es que exige entrar con visas de residencia temporal gestionadas con anterioridad en sus países. Con el documento se puede acceder a un empleo formal, salud, beneficios sociales y educación. 

En caso de no contar con la visa, las personas son reconducidas en la misma frontera, y devueltas al país de donde vienen. Además se le aplica una prohibición de seis meses para ingresar nuevamente. También se fijó un procedimiento de expulsiones, para quienes ya al interior del país estén de manera irregular o tengan antecedentes penales. 

La subsecretaría de Servicios Sociales, Francisca Perales, sostiene que el aumento de migrantes en las calles no tiene una “correlación legislativa” con la nueva Ley de Migración, sino que la población que ha llegado al país -venezolana, dominicana y haitiana- “ha estado deambulando por distintos países (…). Es precisamente porque están buscando un lugar que los pueda acoger y en la práctica no lo han encontrado en ningún país; y terminan llegando a Chile porque creen que hay una oportunidad laboral, más que cualquier otra cosa”. 

“Son personas que no tienen trabajo formal, viven de la calle, hay un círculo vicioso del cual no pueden salir, no tienen acceso a empleo formal, tienen familias y trabajan de la calle, hacen comercio ambulante, etcétera; entonces, son personas que no van a los albergues o dispositivos que sí tenemos como ministerio, porque pierden el lugar en la calle, pierdan su fuente de laboral, pierden su lugar donde pernoctan, es un tema bien complejo”, agrega Perales. 

Roberto Vidal, coordinador y encargado del área social de la Fundación Scalabrini y quién entrevista a las familias que postulan a la ayuda de esta ONG, afirma que una de las causas del aumento de familias migrantes en situación de calle es la poca planificación y conocimiento que estas tienen al momento de viajar. “Les digo: usted no me puede decir que no sabía, usted no me puede decir que no hay información, usted es una persona adulta y hoy la información para una familia migrantes está en todos lados”, dice Vidal.

Desde marzo de 2022, la Fundación Scalabrini debió reestructurar su plan de ayuda y focalizarse en familias migrantes que se encuentran en situación de calle. A partir de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, les entrega un subsidio de arriendo. Para postular les solicitan algunos requisitos como llevar poco tiempo en el país y haber adelantado su autodenuncia frente a la PDI o estén en proceso de regularización. Según datos entregados por la fundación, desde marzo a la fecha, más de 47 familias han sido beneficiarias. De ellas, 80% ha tenido éxito en la integración en la vida laboral, educacional y diaria al dejar las calles.

El problema de albergues para grupos familiares

Yohana (33) llegó junto a su esposo y sus tres hijos (15, 12 y 5 años) a Chile en abril de 2022 por pasos no habilitados. Al igual que la familia Rojas, los Fernández y Saraí, la esperanza de encontrar mejores oportunidades para ella y sus hijos la llenó de fuerzas para comenzar desde cero en un país desconocido. Si bien al llegar logró tener un techo para los niños -mantenido con la venta de chocolates y caramelos en los semáforos-, la oportunidad de un trabajo en Rancagua para su esposo los impulsó a arriesgar lo poco que habían construido. 

Yohana y su esposo se quedaron en Santiago mientras conseguían un arriendo en Rancagua, pero eso no fue posible, pues en todos los lugares disponibles les pedían un monto que no podían costear o documentos que no tenían, cuenta Yohana. Buscaron albergues para refugiarse, aunque sin resultado. “Son muy estrictos con las reglas como la hora de llegada (…). Nos pasó una vez que mi esposo estaba trabajando en Rancagua y se le hizo difícil llegar, tuvo que quedarse allá y al día siguiente en el albergue nos mandaron para la calle como si fuéramos unos animales”. 

La mayoría de los albergues recibe a sus huéspedes según características como sexo o  edad. Isabel Lacalle, directora ejecutiva de Corporación Nuestra Casa, señala que este es uno de los grandes problemas que enfrentan actualmente las familias en situación de calle, pues “hay otros tipos de componentes que anteriormente no estaban. Como los albergues dividen a las personas, las familias no han querido dividirse, quieren permanecer juntas”. 

David (25) y Daniela (21) saben de eso. La pareja de nacionalidad venezolana llegó a Chile por pasos no habilitados en marzo de 2022 y fueron recibidos por amigos de Venezuela, pero desde el 22 de julio del mismo año todo cambió. La convivencia con sus conocidos los obligó a abandonar el lugar donde vivían y llevar sus pocas pertenencias a una plaza ubicada a cuadras del metro República, donde armaron una carpa azul pequeña que les permite refugiarse del frío. 

En los diez días que llevan viviendo en las calles, han ido varias veces a diferentes albergues de Santiago. En todos han tenido la misma respuesta: “No pueden entrar juntos”. David afirma que “no es que queramos estar acá, pero tampoco nos queremos separar. Yo no la puedo dejar a ella en un albergue donde hay hombres como mujeres  (…). No me atrevo a dejarla en un sitio de esos y yo venir a dormir acá, es algo que ella y yo conversamos y siempre llegamos a la conclusión que donde vayas tú, voy yo, donde va ella, voy yo y así, como pareja, ayudándonos uno al otro”.

Cada mañana la pareja se separa en busca de dinero. Mientras Daniela sube a las micros de la Alameda para cantar, David vende pulseras y artesanía en el centro de Santiago. Parte de lo que ganan lo envían a sus padres en Venezuela, quienes creen que sus hijos están logrando lo que tanto deseaban: tener una mejor vida. 

“Nuestros familiares nos preguntan ¿cómo están? ¿qué hacen? ¿ya comieron?, y a veces uno con el nudo aquí les dice: ‘Sí, estamos bien, ya comimos’. Uno no los puede preocupar a ellos. ¿Cómo les dices: ‘No, mamá, papá, nosotros estamos en situación de calle, estamos durmiendo en una carpa, a veces hay días que no comemos’? No les podemos preocupar de esa manera, para ellos estamos bien”, dice el joven. 

El director de Incidencias y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM) Ignacio Eismann, señala que “el Estado está al debe con asegurar ciertas condiciones para que vivan las personas. Sobre todo porque parte de esta población de migrantes en situación de calle son familias y son niños y niñas. O sea, hay una necesidad de protección que es mucho más urgente y que debería garantizarse. Hoy estamos lejos de poder asegurarlo”. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaria Perales afirma que ya se está trabajando en la adaptación de lugares que acogen a familias: “Lo que hemos hecho es adaptar los albergues del Plan Protege Calle para que tengan residencias familiares”, pero se trata todavía de un plan piloto, cuyo objetivo es “entregar alimentación, atención social laboral y asesoría a las familias. En el caso de las personas migrantes se les orienta para que puedan buscar las formas de relacionarse con el Estado, particularmente a propósito de las políticas migratorias vigentes en el país”. 

Actualmente hay 14 residencias que reciben a grupos familiares a nivel nacional.

Investigación y realización: Camila Bazán, Constanza López, Valeria Pozo, Benjamín Puentes, Cristóbal Rojas, Antonia Salazar, Andrés Pruzzo y Rodrigo Verdejo.
Edición periodística: Cecilia Derpich y Paz Fernández
Fotografía: Juan Eduardo López