Las guarderías de inmigrantes que albergan los guetos verticales

Mary (50) y Yaibery (32) llegaron hace casi un año a vivir a Chile, escapando de la crisis política y económica que enfrenta Venezuela. Aunque no se conocen, sus historias son similares: no han logrado regular su situación migratoria y no han conseguido, hasta ahora, un trabajo estable. Por eso, hace unos meses, decidieron transformar sus pequeños departamentos de 32m2 y 21m2 respectivamente, en guarderías infantiles donde cuidan a los niños de otras familias migrantes que viven en los megaedificios de la comuna de Estación Central.

Tras las fachadas de las inmensas torres, Mary y Yaibery son solo dos de muchas mujeres guardadoras que residen en estos edificios. Estas son conocidas entre los vecinos como las “tías” que se hacen cargos de niños de entre seis meses y 12 años durante ocho horas al día. Ninguna de ellas tiene conciencia que la actividad que idearon para solventar sus gastos en Chile, no está regulada y que desafía los estándares mínimos para el cuidado de niños, según lo establecen los ministerios de Educación y de Salud.

Las torres de Estación Central

Mary se sienta en uno de los pisos de la cocina americana y cuenta que desde noviembre de 2017, ella junto a sus dos hijas, su yerno y marido comparten los 32 m2 del lugar. Aunque ahora la situación que vive es más tranquila, el inicio desde que dejó Venezuela fue duro: en su largo viaje en bus desde su país, le robaron la poca plata que traía para comenzar su vida en Chile y fue rechazada en farmacias y centros comerciales donde buscaba trabajo por la edad que tenía. Con 50 años y extranjera, no era atractiva como empleada, dice.

Frente a esa situación, cuenta Mary, pensó que lo mejor era echar mano a su título de Licenciada en Educación y comenzó el negocio de la guardería infantil en su departamento donde se propuso cuidar un máximo de seis niños al año.“Yo gano aquí más que mi hija trabajando fuera, pero claro que esto agota”, comenta.

A unos metros del edificio de Mary, vive Yaibery, en el piso 27 de la torre B. Llegó al país junto a su pequeña de cinco años y su esposo en julio de 2018, tras 15 días de viaje en bus. Tiene cinco meses de embarazo y no cuenta con estudios profesionales que validen su trabajo con menores, pues estudió hotelería.

Vive junto a su familia en un departamento de apenas 21m2. Este tipo de inmueble se conoce como “estudio”, pues cuenta con un solo ambiente. De manera que la familia venezolana está obligada a acomodarse en un espacio reducido donde la cocina, la cama, una pequeña mesa y unos cuantos pisos comparten la misma superficie.

Su esposo, quien trabaja de noche cuidando pacientes en un centro de salud, duerme en la única cama del lugar durante el día y los niños juegan a su alrededor. Mientras Yaibery cuenta cómo inició la idea de tener una guardería en ese pequeño espacio donde vive.

Al igual que Mary, esta no ha tenido suerte con los trabajos. Cuando recién llegó, encontró un empleo en la tienda Zara, pero la despidieron tras quedar embarazada.

La guardería que administra y dirige, alberga, en promedio, a cuatro niños al día además de su hija. Es 11 de enero, el termómetro marca 29º y al interior del lugar el calor es sofocante. La ventana se encuentra cerrada debido a que no cuenta con ningún tipo de protección. Yaibery habla sobre su primer año en Chile, mientras carga en sus brazos a uno de los bebés que está a su cuidado.

Pese a las condiciones en las que los menores permanecen diariamente, Yaibery dice no haber recibido, hasta ahora, comentarios negativos por parte de sus clientes. “Hay niños que no se quieren ir, le dicen a sus papás que les gusta ir donde la tía”, cuenta.

Tanto ella como Mary se han transformado en la solución para muchas familias migrantes que viven en ese lugar y que necesitan que alguien se haga cargo de sus hijos mientras trabajan. Ninguna de ellas ve su guardería como un negocio, sino que una forma de ayudar a sus pares y a sus familias.

Precios solidarios

Mary y Yaibery cobran normalmente entre 100 y 130 mil pesos por tener a los niños durante 6 u 8 horas en sus apartamentos, monto que ellas definen como “precios solidarios”, debido a que estos se adaptan a la situación laboral de cada familia. La tarifa más económica incluye tan solo el cuidado del menor, pues la alimentación, pañales y otros corren por cuenta de sus clientes. De lunes a viernes estos valores se mantienen, sin embargo, el cobro aumenta si se trata de un día del fin de semana.

—Mary ¿Por qué crees que los padres optan por este tipo de guarderías?

—Aquí el cuidado es diferente. Como en las salas cunas hay más niños, no tienen los mismos tratos para todos—, explica.

Eso cree Génesis Rodríguez (27), una madre soltera venezolana que optó por dejar a su hija al cuidado de Mary. Tras rechazar la propuesta de varios jardines infantiles privados debido a su alto costo que en algunos casos llega a los 500 mil pesos, se decidió finalmente por su vecina. Llegó a ella gracias a la recomendación de otros padres que viven en el edificio y hasta el día de hoy dice no arrepentirse de su decisión.

Estas guarderías irregulares se abrieron un poco apelando a que no tienen lugar dónde dejar a los niños. Si una persona extranjera requiere trabajar, tiene su departamento y cobra 50 – 60 mil pesos mensuales a 5 o 6 niñitos, ya tiene un sueldo mínimo con que vivir y les da las atenciones básicas: alimentación, cuidado y la parte de higiene, pero el problema es que pierde todo lo que es la parte educativa, agrega González.

“Adoro a la señora Mary, me parece una excelente persona, súper responsable. Siento que es la mejor opción para dejar a mi bebé porque le da su tetero (mamadera) a la hora, es muy cariñosa y gentil. Además es mi compatriota”, comenta Génesis.

Los clientes de estas cuidadoras no cuestionan el hecho de que sus hijos estén en este tipo de guarderías, a 21 y 27 pisos de altura y sin protección en sus ventanas, por ejemplo. Se quedan tranquilas, pues es el mismo espacio donde viven con sus familias. Los escasos metros que tienen los niños para jugar o la falta de seguridad dentro de los departamentos no es un problema para ellos.

En Chile no existe una ley que fiscalice las guarderías infantiles, pues estas no cumplen un rol educativo como sí lo hacen los jardines y salas cunas, que son reguladas por los ministerios de Educación, Salud y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Así, las familias que optan por estas guarderías quedan a la deriva, pues esas instituciones no se hacen cargo de controlar su funcionamiento.

Carmen González, supervisora provincial de la JUNJI, explica que en el surgimiento de las guarderías irregulares ha influido la falta de cupos en los jardines. Lo anterior, entre otras razones, es por la alta demanda de familias tanto chilenas como extranjeras que buscan un lugar para dejar a sus hijos.

“Estas guarderías irregulares se abrieron un poco apelando a que no tienen lugar dónde dejar a los niños. Si una persona extranjera requiere trabajar, tiene su departamento y cobra 50 – 60 mil pesos mensuales a 5 o 6 niñitos, ya tiene un sueldo mínimo con que vivir y les da las atenciones básicas: alimentación, cuidado y la parte de higiene, pero el problema es que pierde todo lo que es la parte educativa”, agrega González.

En el caso de Estación Central, se está trabajando en un catastro de guarderías informales. Carmen González dice que desde la municipalidad la contactaron por este problema: “Me llamaron para ver qué podíamos hacer nosotros como institución para apoyarlos en esto. El tema es que nuestros jardines no dan abasto para acoger a todos los niños migrantes y, en general, a todos los niños y niñas de la Región Metropolitana”.

El vacío legal

En 2001 la noticia de la muerte de un bebé dentro un jardín infantil en la comuna de Las Condes, abrió el debate sobre la falta de fiscalización que se da en los recintos que trabajan con menores de edad. Las mujeres que cuidaban a los niños, le pusieron una cinta adhesiva en la boca a un bebé de seis meses con una etiqueta que decía “soy llorón”:  la autopsia determinó que el pequeño murió por asfixia. El lugar no contaba con ningún tipo de certificación por parte de la JUNJI debido a que no cumplían con los estándares mínimos que exige esta institución.

Doce años más tarde, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que buscaba regular el funcionamiento de las guarderías infantiles y la calidad del personal que trabajan en ellas. La moción exigía a los establecimientos estar ubicados en un primer piso, contar con zonas de seguridad, patente municipal y que los menores no permanecieran por más de cuatro horas en el recinto.

Pero como mucho otros casos, a más de 5 años de su envío, el proyecto aún sigue estancado en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Felipe Harboe (PPD), uno de los propulsores de esta idea, considera fundamental que “se le dé urgencia para que haya una pronta regulación. El problema es que muchas de las normas que contiene son iniciativas exclusivas del Presidente de la República”, explica el actual senador. Eso quiere decir que si el gobierno no le da su respaldo, no tiene posibilidad de convertirse en ley.

Los únicos establecimientos normados son las salas cunas, jardines infantiles y recintos de educación parvularia, básica y media; cuyos requisitos mínimos de funcionamiento están contenidos en la Ley de Urbanismo y Construcciones que establece condiciones con respecto al inmueble y el Decreto de Ley n°315 del Ministerio de Educación. De esta forma, las guarderías se encuentran en medio de un vacío legal, pues no existen leyes que las controlen.

Patricio Olguín, jefe de la Unidad de Estudios de la Asociación Chilena de Municipalidades, reconoce la existencia de estas guarderías en algunas comunas de la capital. Pese a esto, explica que los municipios tampoco pueden intervenir mientras no exista una previa denuncia por parte de los vecinos.

“Estamos en un país donde existe la libertad económica, entonces si quiero hacer un negocio y tengo capacidad para recibir niños, lo hago. Pero es pertinente alguna norma que establezca ciertos estándares mínimos para que los municipios puedan apoyar y hacer cumplir ciertas exigencias”, sostiene.

Mientras en el Congreso está estancado el proyecto de ley, Mary y Yaibery planean dejar el negocio de las guarderías dentro de los próximos meses. La primera tiene intenciones de dedicarse a hacer clases de educación básica, mientras que Yaibery se convertirá en madre por segunda vez a mediados de mayo.