Vergara 240

Advertencia: Este reportaje contiene imágenes sensibles de osamentas y tumbas vandalizadas.

Con una mochila cargada de herramientas y un kilo de cemento, Tomás Domínguez Balmaceda, de 47 años, se dirige a visitar a su abuela. Luce el bigote frondoso como su tataratío, el expresidente José Manuel Balmaceda. Es una mañana calurosa de octubre. De los 72 nietos que tuvo Berta Covarrubias, él es el único que continúa visitándola en su tumba: un mausoleo ubicado en el casco histórico del Cementerio General, a pasos del de Salvador Allende. Con zapatos de construcción y jeans gastados, se prepara para reparar detalles estructurales y hacerle una mantención al selvático jardín de tunas, agaves y cardenales que acompaña a su abuela.

“Lo que yo siempre digo es que lo tétrico está relacionado con la falta de afecto, con el abandono”, dice, antes de comenzar a arreglar el jardín.

Tomás es arquitecto y, a lo largo de los años, se ha convertido en uno de los expertos más reconocidos en este cementerio, fundado por Bernardo O’Higgins en 1821. En los años 2000, comenzó a recopilar información historiográfica sobre el lugar, motivado principalmente por su ecléctica arquitectura. Primero trabajó en un libro, que no se publicó, pero, gracias a los datos obtenidos y a sus gestiones, el casco histórico del Cementerio General fue declarado Monumento Histórico en 2010.

Aunque ese estatus implica recursos del Estado para su conservación y mantención, Domínguez ha observado como las condiciones del cementerio se han deteriorado cada vez más. No solo a nivel estructural, sino también en el cuidado de los restos.

Luego del terremoto de 2010, cuenta el arquitecto, el daño en los mausoleos y la falta de seguridad propiciaron que los saqueos y ultrajes aumentaran, especialmente desde 2022. “Hay algunos mausoleos que siguen con los efectos del terremoto. Están los cajones ahí todavía, aplastados uno encima del otro”, dice con molestia. Llevan tanto tiempo así, que en los últimos años hubo personas que tironearon y vandalizaron ataúdes. “Tiene que aparecer alguien en TikTok amenazando con viralizar una escena espantosa para que recién se pongan a trabajar”, dice.

Se refiere a un video subido a la red social el 3 de agosto de 2024, donde se observa un pequeño mausoleo destruido por dentro, con nichos abiertos y cajones a la vista, uno de ellos con un montón de huesos apilados y dos fémures encima. La solución de la administración fue cerrar el acceso a ese sepulcro con ladrillos.

Hoy, la mitad de ese muro está en el suelo.

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Motivado por ese tipo de situaciones, Domínguez presentó en 2023 y 2024 dos denuncias ante la Fiscalía por el delito de ultraje de cadáver y sepultura. En los antecedentes que acompañan las acusaciones hay fotografías que muestran tumbas abiertas, nichos removidos, forados estructurales e, incluso, osamentas expuestas. Según sus cálculos, hay al menos 12 tumbas manipuladas. Además, solicitó investigar un eventual “abandono de deberes” por parte de la administración.

A pesar de la evidencia, cuenta el arquitecto, los dos recursos fueron rechazados por la Fiscalía, argumentando falta de solidez en las pruebas. “Me dijeron, ‘no, no es sólido su caso. Vuelva a insistir si es que hay casos nuevos’”, dice. “Hablé con varias familias, después llevé las pruebas a la Fiscalía, después catetié a la PDI. Yo creo que hicieron un esfuerzo considerable para no prosperar, como para no abrir una caja Pandora”.

Domínguez no es el único que ha denunciado: según información del Poder Judicial, durante los últimos diez años se han presentado, en todo el país, 182 causas por este tipo de infracciones, 24 de ellas ingresadas entre enero y junio del año pasado.

En 2022 se aprobó la ley que incorporó al Código Penal los delitos de ultraje de cadáver y sepultura con penas efectivas, sumadas a los ilícitos ya existentes de inhumación y exhumación indebida. Pero para que estos hechos se traduzcan en una condena, el proceso judicial exige acreditar el dolo específico indicado en la ley. Es decir, se debe probar que el autor actuó con la intención particular de deshonrar o vejar los restos, y que además durante el acto tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo.

Antes de ser fiscal jefa de la Fiscalía Especializada de Género y Violencia Intrafamiliar en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Patricia Vargas trabajó durante años en una Unidad de Tramitación Masiva, encargada de gestionar grandes volúmenes de causas. Allí convivió con la muerte a diario y conoció todos los cementerios de la capital.

En este tipo de delitos, explica, es común que la pena baje en hasta tres grados si la persona presenta alguna alteración de sus facultades mentales, pudiendo pasar de 541 días de cárcel hasta medidas alternativas como libertad vigilada. “Es que, en el fondo, algún tema hay que tener para ir así, digamos, no solo a exhumar, sino que ver los cadáveres y removerlos”, asegura la fiscal. “Uno no lo hace por gusto”.

BARRO NEGRO Y DOS HUESOS

A sus 72 años, Hugo Mayer lleva una vida casi tranquila. Su trabajo como vendedor de AFP en una época de bonanza le permitió comprar propiedades y vivir de las rentas. Sin embargo, hay algo que lo inquieta y hasta lo ha llevado a hacer terapia.

Durante más de veinte años, al menos una vez al mes realizó visitas a su madre, su padre y su hermano, quienes descansaban en una bóveda compartida del Cementerio General. Siempre iba con Mario, su hermano gemelo. Pero en agosto de 2022, debido a trabajos de reducción –es decir, la exhumación legal de un cuerpo para la agrupación de sus restos óseos en un féretro más pequeño– tuvieron que abrir el nicho.

“En ese momento yo le dije a Mario, ‘acerquémonos a mirar’. Cuando veo que sacan primero lo que tiene que haber sido mi hermano, había una cosa negra…”, describe Hugo, aún con desagrado en el rostro. En ese momento comenzó su pesadilla.

Solo había barro.

Terminada la reducción, los trabajadores entregaron a los hermanos tres bolsas llenas de “barro negro”, los aparentes restos de sus familiares. A Hugo le llamó la atención que pasaran por alto la ausencia de huesos, ropajes y madera de los ataúdes. Le pareció que era una situación frecuente para los funcionarios. En febrero de 2025 presentaron una denuncia por ultraje de tumbas y cadáveres contra el cementerio.

Tres meses después —en el contexto de un reportaje de TVN sobre su caso—, los dos hermanos tuvieron un encuentro que les devolvió la esperanza. La actual directora del camposanto, Gianinna Repetti, decidió acercarse a hablar con ellos. Según recuerda Hugo, ella los invitó a caminar: “Me dice: ‘mire, yo estoy muy interesada en este tema, yo estoy a cargo hace seis meses y se han descubierto todas las anomalías que hay en este cementerio… yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias por lo que hizo el director anterior’”, recuerda Hugo Mayer. Consultada sobre esta situación, la administración del cementerio prefirió no entregar su versión.

Sentado en la oficina jurídica de su hijo, Hugo tiene sobre la mesa de madera un frasco con uno de los dos únicos huesos que se encontraron. El otro les fue solicitado por la PDI para estudios. A pesar del trabajo de la policía, la investigación no ha prosperado, y hace poco les informaron que el detective del caso fue sustituido.

Del cementerio nadie los ha vuelto a llamar. La PDI fue contactada para profundizar en el caso, pero no estuvieron disponibles para participar del reportaje.

SIN DIOS NI LEY 

En un video subido a Instagram el 12 de mayo de 2025 se ve a un joven llamado Diego Soto, artista visual de 26 años, sonreír mientras emerge desde el interior de un nicho. Tiene una calavera en la mano y canta el bolero “Nuestro juramento”, de Julio Jaramillo: “Todo el llanto que brote de tu tristeza / Y que todos se enteren de tu querer”.

PDI detuvo al profanador del Cementerio General: Diego Soto Montero se llevó cráneo a la casa y luego fue a tratar de internarse en el Hospital Psiquiátrico, doctor José Horvitz, en la misma comuna de Recoleta.-

🎥 © AgenciaUnoTV pic.twitter.com/omo6Zi8yWc

— AgenciaUno (@agenciaunochile) May 15, 2025

“El profanador de tumbas”, como lo apodó la prensa, acababa de ultrajar el lugar donde descansaban los restos de Ernestina Pérez, la segunda médica chilena. Luego de asistir a los servicios fúnebres de un amigo, Soto y otros cuatro sujetos decidieron quedarse en las inmediaciones. En los videos se lo ve andando en skate por diversas estructuras del casco histórico. La más reconocible: el mausoleo de Salvador Allende.

Fue entonces cuando decidió descender por el hueco de un nicho abierto: “Ahí fue cuando vi una tumba abierta que se veía en mal estado e ingresé a ella… había muchas tumbas en mal estado, ataúdes que estaban desarmados con el tiempo y en uno de ellos veo el cráneo, y lo tomé y salí, me estaban filmando, nunca imaginé que lo subirían a redes sociales”, declaró ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Fue formalizado por los delitos de ultraje de cadáver, ultraje de sepulturas y daños a monumentos nacionales. Como medida cautelar, hoy cumple arresto domiciliario total, está sujeto a arraigo nacional y tiene prohibido acercarse al cementerio.

Según información publicada por el Poder Judicial, de las 182 causas mencionadas, existen al menos ocho en las que el Cementerio General se ha visto involucrado en los últimos diez años. Cadáveres que aparecieron con vestimentas distintas a las que tenían al momento de ser enterradas, inhumaciones ilegales, restos desaparecidos e, incluso, exhumaciones sin notificación previa a los familiares.

Pese a esto, al ser consultados por Ley de Transparencia para este reportaje, la Municipalidad de Recoleta, responsable del camposanto, señaló que “desde el año de 2015 al 2025 no se registran denuncias por profanación o ultrajes a sepulturas”.

ESPERANDO LA LLAMADA

El exdirector del cementerio, el abogado Raschid Saud, fue designado por el alcalde Daniel Jadue en noviembre de 2015 y ocupó ese cargo hasta marzo de 2025, cuando fue reemplazado por Giannina Repetti. El cementerio no dio detalles sobre su salida, pero según datos de transparencia de la Municipalidad de Recoleta, en febrero de 2025 Saud fue indemnizado por concepto de “desvinculación” por 39 millones de pesos.

Su salida se dio un mes antes de que la Seremi de Salud Metropolitana multara al recinto por 6,8 millones de pesos. Según informó CIPER, la multa se debió a una fiscalización de octubre de 2024, donde se detectaron 17 tambores con restos de cremación y 1.400 restos humanos en bolsas, de las cuales 600 no estaban debidamente rotuladas, imposibilitando su trazabilidad. Esa multa se sumó otra de 2,6 millones que data de abril de 2024, por el apilamiento indebido de 450 urnas. Según la nueva directora del camposanto, citada en la misma publicación, esa multa no había sido pagada.

Durante los diez años de Saud como director, se presentaron al menos dos querellas en su contra por exhumación ilegal. Una de estas fue ingresada el 3 de noviembre de 2016, y terminó con Saud sobreseído de los cargos de exhumación ilegal, luego de que la Fiscalía no lo considerara responsable de los hechos que se le imputaban.

La otra querella fue presentada ante la justicia el 4 de enero de 2023 por la familia Vargas. El 8 de marzo de 2003, Raquel Vargas lloró la partida de su padre, Juan, quien fue enterrado en la sepultura 172 del patio 155 del Cementerio General. Su ataúd fue puesto primero bajo tierra —la mayoría de los nichos están colocados en bóvedas o en galerías—, en una sepultura temporal, por lo que después de un tiempo debían retirar el cuerpo y darle una sepultura definitiva. Según la familia Vargas, el cementerio no los notificó debidamente, y el único número de teléfono que tenían en los documentos correspondía al Hogar de Cristo, institución en la que Vargas nunca estuvo.

Era fundamental cumplir ese procedimiento. “Vencido el plazo de ocupación de una sepultura temporal, el cementerio, si nadie reclama los restos existentes en ella, podrá retirarlos para trasladarlos a la fosa común o para proceder a su incineración, en los casos que el establecimiento cuente con crematorios, sin responsabilidad alguna para la Dirección del cementerio”, señala el Reglamento General de Cementerios.

En 2016, Raquel y su madre asistieron al cementerio para manifestar su interés en realizar la reducción de los restos de su difunto con el fin de preservarlos. En esa visita se enteraron de que el patio temporal 155 estaba “vencido” desde 2008. Es decir, los restos corrían el riesgo de ser depositados en una fosa común, mezclándose con otros restos y perdiendo cualquier posibilidad de identificación posterior.

Sin embargo, aún estaban a tiempo de realizar el traslado, ya que todavía no comenzaban los trabajos de exhumación. De esta forma, decidieron adquirir de forma anticipada un nicho de reducción para poder darle un descanso definitivo a su progenitor. Pagaron $531.557 y quedaron a la espera de que el cementerio les notificara la fecha de exhumación del patio, para así poder hacer efectivo el cambio de los restos.

Pasaron seis años y una pandemia de por medio.

Hasta que llegó el día. La familia recibió una llamada en la que les informaron que estaba todo listo para la reducción: se realizaría el 18 de noviembre a las 9:00 AM. Pero esa mañana de primavera, apostados alrededor de la sepultura 172, se enteraron con sorpresa de que el patio ya había sido “limpiado”. Dos meses antes, y sin que fueran notificados, los restos de Juan Vargas habían sido trasladados a una fosa común.

Según lo publicado por el Poder Judicial, la solución propuesta por la administración del cementerio fue la devolución del dinero desembolsado. La familia denunció un comentario realizado por la funcionaría que los atendió, según consta en el proceso: “¿Se imagina estar llamando uno por uno a cada familiar? No terminaríamos nunca”. 

Raquel y sus hermanas se querellaron contra el entonces director del establecimiento, Raschid Saud. Luego de dos años en tribunales, el Ministerio Público resolvió no perseverar en la investigación, debido a que no se reunieron los antecedentes necesarios para fundar una acusación, cerrando el caso sin responsables.

Hoy, la familia Vargas busca iniciar un nuevo proceso legal.

Para este reportaje se contactó al exdirector, quien rechazó participar luego de señalar que no sabía nada sobre ninguna tumba profanada durante su gestión.

Este artículo fue realizado en el curso Taller de Reportajes Interpretativos, del profesor Gazi Jalil F., y editado por V240.