Nacer y crecer en la cárcel

Hyvanna Rojas nació en la cárcel de La Serena y pasó los primeros dos años de su vida dentro del penal, mientras su madre cumplía condena. Su historia refleja la dura realidad de cientos de niños y niñas que son criados entre rejas. Según datos de Gendarmería, el año pasado había 160 mujeres en Chile viviendo su maternidad en la cárcel. La situación, de acuerdo a especialistas, puede dejar profundas huellas en el desarrollo de sus hijos.

Por Martina Mussiett y Florencia Plá

5 de Marzo de 2026

Nació en 1990 en la antigua cárcel de La Serena. Su madre cumplía condena mientras estaba embarazada y entró en trabajo de parto dentro del penal. Entre pasillos fríos, gendarmes y un traslado apurado al hospital, llegó al mundo una niña que pasaría los primeros dos años y medio de su vida tras los muros de una prisión. Su madre la llamó Hyvanna.

—Ella me contaba que yo nací ahí en la cárcel. Me decía que me metía en los casilleros, que gateaba y sacaba yogures o plátanos de las otras internas —cuenta hoy Hyvanna Rojas, de 35 años—. Una vez, me contó, eso terminó en una pelea grave.

Su madre vivía en un módulo destinado a mujeres embarazadas o con hijos lactantes. Había sido condenada por robo con intimidación, tenía 18 años y era la hija menor de una familia de seis hermanos. Hyvanna creció escuchando fragmentos de la historia de su madre, de su abuela y de sus tías: una vida de precariedades, decisiones impulsivas y una cercanía con el mundo delictual que había atrapado a varias generaciones de su familia. En la cárcel de La Serena su madre lavaba la ropa de los gendarmes, hacía el aseo en los pasillos y planchaba uniformes. Mientras realizaba esas tareas, Hyvanna quedaba al cuidado de otras internas.

Antes de cumplir su condena, la madre de Hyvanna obtuvo permiso para que la abuela de la niña pudiera sacarla algunas horas los fines de semana. La intención era que empezara a conocer de forma paulatina la calle, el movimiento, la vida al otro lado del encierro, para que se fuera adaptando a lo que sería su vida fuera de la cárcel.

Cada intento era traumático.

—Yo salía con mi abuela, asustada por los autos, por los helicópteros o los aviones que andaban en el cielo —recuerda Hyvanna—. Me metía debajo de la cama, me agachaba, lloraba en la micro y ella tenía que devolverse a dejarme en la cárcel porque yo no estaba apta para la sociedad. Yo tenía visión nada más de gendarmes y de un par de personas más.

Es uno de los problemas que enfrentan los niños y niñas que crecen en la cárcel: cuando cumplen dos años deben pasar a vivir con un familiar que esté libre —o, de no haberlo, en una institución del Estado—, y el repentino cambio de entorno y estímulos suele ser muy difícil de asimilar. Según datos del Programa Creciendo Juntos, de Gendarmería, para mayo de 2025 había 160 mujeres en Chile viviendo su maternidad en la cárcel: 47 embarazadas y 113 con lactantes, la mayoría ingresada en cárceles de las regiones de Tarapacá y Metropolitana.

Verónica Vásquez, psicóloga de la Defensoría de la Niñez y especialista en intervenciones infanto-juveniles, ha observado las dificultades de desarrollo de niños criados de esa forma.

—Los niños que crecen en la cárcel, con sus madres privadas de libertad, tienen afectaciones a nivel vincular, relacional y emocional. No se puede hablar de trastorno, sino más bien de sintomatología de angustia o depresión, problemas de aprendizaje y conducta.

En 2017, los senadores Jaime Quintana (PPD) y Alejandro Navarro (IND) presentaron el proyecto conocido como “ley Sayén”, bautizado así por la hija de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, quien dio a luz engrillada y frente a gendarmes, mientras cumplía prisión preventiva. La iniciativa propone modificar el Código Procesal Penal para que las mujeres embarazadas o madres de hijos menores de tres años no cumplan sus condenas en cárceles tradicionales. También plantea medidas alternativas como la prisión domiciliaria, cuando no se trate de delitos graves. Tras su revisión en comisiones como Hacienda y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, el proyecto aún no ha sido votado en Sala.

Actualmente, en las cárceles chilenas existen espacios materno-infantiles, recintos destinados a que las internas embarazadas o con hijos pequeños puedan mantener el vínculo en mejores condiciones que una celda común. Pero no deja de ser una cárcel: aprenden a gatear sobre pisos fríos, entre paredes húmedas, en contacto con los gatos callejeros o ratones de los penales.

Informes de la Defensoría de la Niñez publicados en 2024 revelan condiciones precarias en los recintos de Valdivia, Copiapó e Iquique, mientras que el Comité para la Prevención de la Tortura advierte que la cárcel femenina de San Joaquín enfrenta la misma realidad: presencia de cables eléctricos sin protección, ventanas sin vidrios que dejan entrar el frío, habitaciones donde la humedad se expande por las murallas, con insectos, olor a encierro, desagüe y cloro.

—En el caso de lactantes y niños pequeños, las condiciones son paupérrimas —afirma Vázquez, y agrega que, en muchas ocasiones, lo más básico para una embarazada no está garantizado, como agua en buen estado y espacios con buena higiene.

Lo mismo, asegura, sucede con la alimentación, que puede ser escasa y poco balanceada para los requerimientos de lactantes y mujeres en gestación. Los bebés pasan gran parte del día en brazos o encerrados en piezas pequeñas con sus madres, con escasos estímulos para desarrollar habilidades motoras y cognitivas. Es una infancia restringida a los pocos espacios que hay adentro de una cárcel. Pero el déficit no es solo físico: la falta de un entorno seguro y de figuras de apego estables pueden dejar huellas emocionales que se arrastran por años.

Hyvanna recuerda que esto se manifestaba, sobre todo, cuando salía de la cárcel:

—A mi abuela le daban permiso para sacarme de sábado a domingo, o en la mañana y traerme en la tarde, pero no lograba estar ese tiempo completo con ella, porque me daba miedo la calle.

Criada en un ambiente cerrado, rodeada solo de gendarmes y de internas, el ruidoso mundo exterior le parecía un lugar amenazante, y la cárcel, en cambio, un lugar seguro. Cuenta que hasta hoy conserva una cicatriz de esos primeros años: se cayó en una escalera del penal y se lastimó un dedo. También guarda una foto en la que aparece sentada en la misma escalera del accidente.

—Mi mamá me decía: “Ese corte te lo hiciste en la cárcel, te va a acompañar toda la vida”.


Hyvanna conserva esta foto, tomada cuando vivía en la antigua cárcel de La Serena con su madre.


DESPEDIDAS TEMPRANAS

Según la fundación Red de Acción Carcelaria, en 2025 había 5.048 mujeres privadas de libertad en el país, de las cuales 85% son madres, con tres hijos en promedio. Una vez que los niños que viven con sus madres en la cárcel cumplen los dos años, se inicia la búsqueda de familiares que asuman el cuidado y comienza la separación. Si no hay redes de apoyo, el menor pasa a las instituciones del Estado, un proceso de fuerte impacto por la pérdida de vínculo materno.

El estudio ¿Qué pasa con los hijos de madres encarceladas? Cómo amortiguar los efectos nocivos para los niños cuyos padres están privados de libertad, realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la UDP, advierte que la evidencia comparada al respecto es clara y preocupante: “La separación precoz debido a la reclusión materna corta el vínculo de apego y puede tener efectos dañinos en el niño. Esta separación en la primera infancia tiene potencialmente un impacto nocivo en un niño que está en pleno desarrollo, el que ha sido descrito por algunos expertos como un ‘trauma perdurable’. Este puede ser producto de los efectos combinados y acumulados de la separación de la madre, la pobreza, el abandono, el desconsuelo, la violencia en la comunidad y el cambio de cuidadores”.

La publicación también describe cómo se ha observado que los efectos negativos, tanto de la separación como del desarrollo en prisión, pueden contribuir como factor de riesgo a problemas de salud mental, deserción escolar y comportamiento delictivo. En la rutina carcelaria el cuidado del bebé se comparte con internas y funcionarias, dificultando el vínculo primario con la madre. Esa interferencia debilita el apego que el niño necesita: la comunidad penitenciaria se convierte en familia, pero también puede afectar su estabilidad emocional.

—En los establecimientos penitenciarios las guaguas pasan de mano en mano, están en un espacio donde no está la abuela, tía o hermanos que puedan ayudar —dice Verónica Vásquez, de la Defensoría de la Niñez—. Entonces, tienden a tener ese vínculo indiferenciado, en que da lo mismo en los brazos de quien se encuentre.

Para la socióloga Rosario Martínez, exdirectora nacional del SENAME, la cárcel tiene un impacto particularmente duro en las mujeres, no solo por la condena penal, sino también por el castigo social que enfrentan. A diferencia de lo que ocurre con muchos hombres, que suelen mantener apoyo de sus parejas o familias, cuando una mujer entra a prisión sus redes tienden a desaparecer.

—En población general las mujeres cumplen condena más por microtráfico de drogas. Ellas ingresan a este mundo delictual para mantener a su familia y, una vez que son descubiertas y condenadas, son abandonadas por quienes eran sus únicas redes de apoyo. Son mucho más castigadas socialmente que los hombres por cumplir condena —explica Martínez.

Muchas veces, esta pérdida de apoyo tiene consecuencias directas para los hijos que viven con sus madres en la cárcel durante sus primeros años de vida. Sin familiares que puedan asumir su cuidado al salir del recinto penitenciario, muchos de estos niños terminan siendo derivados al sistema de protección del Estado y su desarrollo, según la socióloga, puede llegar a retrasarse seis meses en comparación a un menor creciendo en buenas condiciones.

Una vez que el niño ingresa al sistema de protección, su permanencia allí puede prolongarse. Si la madre privada de libertad no renuncia a la tuición, no es posible iniciar un proceso de adopción, pero tampoco es sencilla la reunificación cuando ella recupera la libertad.

—Lo más probable es que una mujer que viene saliendo de la cárcel no tenga trabajo ni condiciones estables, entonces se le dificulta bastante recuperar la tuición de su hijo.

Martínez enfatiza que el problema no es solo penal, sino estructural, ya que la falta de redes, de políticas de apoyo a la maternidad vulnerable y de alternativas familiares oportunas son factores que terminan trasladando el costo de la condena desde la madre hacia los hijos.


De acuerdo a la Defensoría de la Niñez, la falta de un entorno seguro y de figuras de apego estables pueden dejar huellas emocionales en los infantes, que se arrastran por años.


EL CAMINO DE SAYÉN

El proyecto de ley Sayén —que busca que las mujeres embarazadas o madres de niños menores de tres años puedan cumplir medidas alternativas en vez de ir a cárceles comunes, cuando no se trate de delitos graves— ha tenido un avance lento y complejo en el Congreso. La iniciativa, ingresada en 2017, ha debido sortear múltiples revisiones en distintas comisiones legislativas, lo que ha prolongado su tramitación y retrasado las votaciones en Sala.

En 2025, durante el estudio en la Comisión de Constitución, el Ejecutivo presentó su defensa formal de la iniciativa y participó activamente en su análisis técnico, reconociendo la necesidad de adaptar el texto para responder a las preocupaciones de los legisladores. La prensa reportó reparos “transversales” en el Senado a su redacción, y dudas sobre cómo se resolverán aspectos técnicos y de alcance de la norma. Las críticas han venido tanto desde la oposición como desde algunos sectores del oficialismo. Senadores como Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Claudia Pascual (PC) y Pedro Araya (PPD) han planteado que la ley podría generar incentivos perversos o que se perciba como una forma de eludir responsabilidades penales, especialmente si no se acotan correctamente las exclusiones o condiciones de aplicación.

Por su parte, tanto el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, como subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, han defendido el proyecto de ley como una forma de mejorar las condiciones de vida de las mujeres presas y sus hijos, ya que las cárceles no cuentan con mecanismos adecuados para garantizar el desarrollo infantil en los primeros años de vida.

La trabajadora social Paola Troncoso, quien convive diariamente con mujeres presas que son madres por su trabajo en la Defensoría Penal Pública, considera que el avance de la ley es sumamente importante para la niñez, pero la institucionalidad chilena no está preparada.

—La ley Sayén es un avance jurídico, pero hoy no existen las condiciones para su correcta implementación. El Estado no cuenta con una red institucional que asegure el cuidado de los niños y las niñas, ni el acompañamiento de las madres afuera del contexto carcelario.

A pesar de que la ley podría generar un impacto positivo para las madres y sus hijos, asegura Troncoso, no siempre existen las redes para ayudar en el proceso de embarazo y lactancia.

—No todas las madres tienen casa o familia. No estamos preparados todavía, no hay recursos, infraestructuras, profesionales como psicólogas, nutricionistas, asistentes sociales. Y falta voluntad. Hay que educar al Poder Judicial, educar a un hospital, educar a nuestros jueces. Es un cambio sistemático. Sin estas garantías, la ley corre el riesgo de quedarse solo en una declaración de buenas intenciones.

Cuando Hyvanna Rojas cumplió dos años, debía irse de la cárcel y vivir con su abuela mientras su madre terminaba de cumplir su condena. Pero, gracias a la buena conducta de la reclusa, ambas pudieron salir al mismo tiempo y comenzaron una nueva vida. Hyvanna y su madre se fueron a vivir a la comuna de Caldera, años que recuerda como los mejores de su vida.

—Mi mamá conoció a mi padrastro, se casaron, estuvieron juntos y es como que se borró esa etapa de mi vida. Fue una niñez muy bonita alejada de la cárcel, como una vida paralela.

Aunque la cárcel, dice, nunca se fue del todo. En su memoria aún permanecen los pasillos, las voces, los gendarmes y esa sensación, dolorosa, de que ese lugar fue su primera casa.

—Al pensar en el proyecto de ley Sayén, reconozco que podría ser de mucha ayuda, para facilitar la gestación de las mujeres y sobre todo el acompañamiento. Además, uno siendo tan pequeño no recuerda los procesos que significan vivir en la cárcel, pero claramente dejan un legado de por vida. Cuando uno nace en una familia así, de escasos recursos, donde varios han estado presos, uno termina expuesto a los mismos caminos —reflexiona.

Pero su historia tomó un rumbo distinto.

Hyvanna, la niña que les temía a los autos y se escondía bajo los asientos de las micros al salir de la cárcel, hoy trabaja para sostener su hogar, se esfuerza por construir una vida distinta a la que recibió y es madre de una joven de 20 años. Vive en La Serena, y dice que cada decisión que toma en su vida está guiada por una sola idea: que su hija no tenga que vivir su historia.

—Le enseño lo bueno, lo que yo no tuve. Le digo que ella no tiene por qué vivir lo mismo. Mi mamá tuvo una vida difícil, yo ahora entiendo por qué pasaron las cosas.


Este artículo fue realizado en el curso Taller de Reportajes Interpretativos, de la profesora Marcela Aguilar, y editado por V240.

La ilustración de portada fue generada con IA.

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