Lya Cabello: “Recluir no puede seguir siendo la única solución”

“Disculpa que sea tan corta la entrevista, pero tengo un montón de cosas que hacer”, dice seria, con las cejas levantadas y juntando ambas manos en señal de excusa, cuando esta entrevista online está a punto de terminar. Al otro lado de la pantalla del computador, sentada en el living de su casa, está Lya Cabello Abdala, fiscala judicial de la Corte Suprema y la segunda mujer en ocupar ese cargo dentro del máximo tribunal del Poder Judicial.

Lya Cabello asumió la fiscalía judicial en mayo de 2017, entre algunas críticas que deslizaban que en su designación hubo tintes de nepotismo, por la relación de pareja que la abogada lleva por más de una década con el expresidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Pese a ello, fue propuesta por la exmandataria Michelle Bachelet y ratificada por el Senado para el cargo.

En los años 80’, en sus primeros años de ejercicio jurídico, Lya Cabello se desempeñó como síndico de quiebras en la Sindicatura de Valdivia y Osorno. “Un trabajo muy lindo”, dice la ahora fiscala judicial. Luego de ello, instalada en Santiago, la abogada emprendería una destacada carrera dentro del Poder Judicial: relatora, juez civil y ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel durante 20 años, son algunos de los cargos que ha ostentado durante su trayectoria.  

Ahora, alejada de la labor jurisdiccional, Lya Cabello ha sido una de las autoridades más visibles al momento de velar por el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. “Hemos corrido harto”, admite.

El 14 de abril, dos días antes de que se promulgara el proyecto de ley de Indulto Conmutativo, un lapidario y descarnado informe sobre las condiciones de las cárceles chilenas era emitido por la oficina de la fiscalía judicial del máximo tribunal. “En estas condiciones, es realmente una bomba de tiempo”, decía Lya Cabello cuando presentó el documento que concluía que “en el estado de hacinamiento, no es posible garantizar que las cárceles cumplan con las exigencias para evitar el contagio de coronavirus”. A tres meses de la publicación de dicho informe, éste es el balance de la fiscala judicial de la Corte Suprema.

Una bomba de tiempo

¿Cuál ha sido el rol de la fiscalía judicial durante estos meses de pandemia?

-El que tenemos siempre: fiscalizar y exigir que los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad se respeten, que se adopten medidas e informar las condiciones que nos parecen que tienen que ser conocidas. Aparte de las otras funciones que tiene la fiscalía judicial: nosotros estamos destinados a vigilar el comportamiento funcionario y también la representación de la sociedad civil en el ámbito judicial.

Imagino que ahora la gestión de la pandemia en las cárceles es la parte más compleja de su función, ¿no?

-Sí, hemos corrido harto. Es un tema que es necesario hacer, es necesario mirar y preocuparse. Ha sido fantástico que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) esté permanentemente mirando y hacen un trabajo buenísimo. El Colegio Médico ahora también ha asumido un rol y su opinión es muy importante respecto a cómo se enfocan los problemas al interior de las cárceles.

Si consideramos los indicadores que hoy maneja Gendarmería ¿se podría hablar de que se está conteniendo el virus dentro de las cárceles?

-Gendarmería tomó una serie de medidas especiales, que fueron indicadas por el Ministerio de Justicia y por la dirección general de Gendarmería, respecto al manejo de la pandemia dentro de los recintos carcelarios. Ninguna institución, ni particular ni del Estado, estaba preparada para enfrentar una pandemia y, por tanto, las condiciones que se cumplieron en Gendarmería fueron correctas. Ahora, si esas medidas fueron las más adecuadas para contener el virus, se evaluará más adelante. Cuando se inició esto, como fiscala judicial, entregué un informe y manifesté mi preocupación, porque dado el contexto de hacinamiento esto podría haber sido una bomba de tiempo.

No fue la catástrofe que se vaticinó en un principio.

-Es que todavía estamos en ese periodo. Se está trasladando gente y hay que preocuparse de las condiciones en que se trasladan. Eso ha creado muchos conflictos. Los traslados producen problemas no sólo desde la perspectiva sanitaria, también de desarraigo: si tú trasladas a personas desde Santiago a Puerto Montt, eso es un problema de desarraigo. Las condiciones sanitarias a veces no se han cumplido como se esperaba que se hiciera, pero eso son responsabilidades que habrá que ver más adelante.

Luego de que se reveló que 78 de los 99 internos que se trasladaron en junio desde Santiago 1 a la cárcel de Rancagua dieron positivo para Covid-19, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció que en ese momento no se seguían protocolos sanitarios para los traslados. ¿Hubo negligencias en la implementación de esa política?

-Había que descomprimir las cárceles porque si no la infección podía dispararse y existen recintos carcelarios que tienen un menor número de internos, no están congestionados. Nadie quiere llevar personas contagiadas a un lugar que esté libre de contagio. Las medidas se adoptaron, pero no existía -y yo creo que todavía no existe- la cantidad de exámenes necesarios para saber si esas personas están o no con el virus. Entonces, eso fue un problema y que se está solucionando, pero no están las condiciones para decir que todas las personas que son trasladadas se les hace antes el examen y se espera el resultado del examen y después se trasladan.

¿Pero piensa que es una buena política? Pregunto porque hay organismos que han desalentado los traslados, como el Colegio Médico u organizaciones de DD.HH., que han criticado que esa medida llevaría el virus a cárceles donde no hay focos de contagio.

-Y están claritos. Si la intención nunca va a ser llevar contagiados donde no los haya, eso es lógico. El tema es evaluar los riesgos que se corren al tener las cárceles hacinadas y tratar de despejarlas por esta vía, posiblemente pueden existir otras. Pero te insisto, esto es algo que se está produciendo hoy y que se va a seguir produciendo hasta que terminemos con la pandemia. No es posible en este minuto hacer un análisis, sería demasiado pedante decir “me parece o no me parece”, no se trata de eso. Se trata de ver cómo esta situación la afrontamos de la mejor manera. 

Repensar la cárcel

En el objetivo de reducir la población penal para enfrentar la crisis sanitaria y para que no explote finalmente esta bomba de tiempo, ¿cree que los esfuerzos han sido suficientes o se podría haber hecho más?

-Por supuesto que se podría haber hecho más. Hay otros países que realmente han adoptado medidas serias, en Europa ellos tomaron varias decisiones importantes para descomprimir las cárceles. Simplemente tomaron personas y las mandaron a hacer cumplimiento penitenciario dentro de sus casas. Se adoptaron medidas mucho más drásticas, incluso Perú y Colombia han impulsado iniciativas mucho más eficientes que Chile. Nosotros hemos sido bastante parcos respecto a eso. Costó muchísimo que la Ley de Indulto Conmutativo fuera aprobada y, además, todos los días está entrando más gente a la cárcel por distintos motivos. Entonces, no es precisamente que hayamos hecho un tratamiento como sociedad de la crisis. 

¿Qué faltó para tomar medidas más drásticas?

– Creo que en esto tenemos responsabilidad la comunidad completa y esta especie de neurosis de “metamos a todo el mundo en la cárcel a la primera” impide cualquier política carcelaria y el tratamiento no sólo de la pandemia, sino que de cualquier otra situación. Y para qué hablar de reinserción.

¿Considera que la cárcel en Chile, como institución, es una medida efectiva para disminuir la reincidencia delictual y promover la reinserción?

– Creo que hay opiniones bastante más valiosas de la que te podría dar yo. Mi opinión es que hay que repensar la cárcel, recluir en recintos penitenciarios no puede seguir siendo la única solución al problema de los delitos. Pero eso es un tema que se tiene que repensar no sólo por los jueces, no sólo por los fiscales del Ministerio Público; sino por la sociedad completa, es toda la sociedad la que debe tener opinión y medir las condiciones y consecuencias de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. 

En una columna que publicó en junio sobre la necesidad de reducir la población penal más allá de la pandemia, señalaba que ese objetivo pasa por “lograr una nueva y más amplia comprensión del castigo”. Como sociedad, ¿a qué comprensión del castigo deberíamos aspirar para mejorar y, a la vez, dignificar el sistema penitenciario?

-Eso es un tema largo, pero a lo que yo hacía alusión es a que el castigo, que va implícito en el tema penal, puede ser diverso. Nosotros siempre nos hemos cerrado al concepto de castigo como encierro en un recinto penitenciario. No creo que eso pueda seguir planteándose así. Tenemos que pensar otras formas, el castigo no es sólo uno, puede haber otras maneras. Hay que medirlo desde la perspectiva de cuál es el objeto del castigo, porque el castigo siempre lo vemos como educación, como una forma de educar, cuando tú castigas a un niño lo haces porque estás pidiéndole una conducta determinada. Entonces, el castigo hay que mirarlo con una perspectiva y un objeto distinto al que lo hemos mirado hasta ahora como sociedad.

Cartografía penitenciaria en Santiago

Hacinamiento, insalubridad, miseria y violencia. Desde el 29 de marzo, cuando se registró el primer caso de Covid-19 en una cárcel de Chile, las precarias condiciones de vida de la población penal se han agudizado. La cruda realidad, desconocida muchas veces, es un peligroso factor en la propagación del virus al interior de los recintos penitenciarios. 

Las cárceles suelen estar escondidas en los márgenes poco visibles, en las periferias inhóspitas de las grandes ciudades. En la Región Metropolitana existen doce establecimientos penitenciarios, algunos se mezclan con el paisaje urbano del centro y sus calles populosas: la Ex Penitenciaría, San Miguel o Santiago I. Otros, en cambio, pertenecen a esos territorios desplazados y olvidados por el progreso de la urbe: Talagante, Colina o Puente Alto. Se acostumbra a conocer sus nombres, pero no sus historias o ubicaciones. Mucho menos se conoce sobre quiénes las habitan y cómo viven en ellas. No se conoce, por ejemplo, que los reos de Talagante no tienen camas para dormir. No se conoce que la Cárcel de Puente Alto está desbordada en el doble de su capacidad. No se conoce que,entre 2008 y 2019, en Santiago 1 murieron 122 internos.

En esta cartografía interactiva buscamos visibilizar la situación de ocho cárceles de la Región Metropolitana, a través de sus hitos, historias y condiciones de vida de las personas que residen en ellas.

Imágenes: Gendarmería de Chile

Este trabajo fue desarrollado para el proyecto Cárcel 19 realizado durante el curso Digital 1, dirigido por la profesora Carolina Zúñiga.