“El profe del torniquete”: De la cárcel a la papeleta electoral

El 17 de octubre del 2019, un día antes del estallido social, Roberto Campos salió de hacer clases de matemáticas en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se puso su mochila azul marino con correas blancas, que se movían de un lado para otro por cada paso de sus zapatillas grises. En el trayecto hacia la salida del campus, Roberto escuchó a lo lejos unos gritos.

A eso de las 18:30 horas, una multitud de estudiantes y pasajeros protestaba al interior de la estación San Joaquín en la Línea 5 del Metro. Misma situación que se venía registrando durante toda esa semana en distintos puntos del ferrocarril subterráneo, con estudiantes secundarios llamando a evadir el pasaje bajo la consigna “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”.

Roberto recordó la deuda histórica a los profesores, las pensiones indignas y la magnitud de la desigualdad en el país. Vio atentamente como una persona tomó un corta filas y comenzó a destruir los torniquetes que había en el lugar, esperó un momento y, al igual que otras 5 personas que presenciaban el hecho, se sumó. Las cámaras de seguridad registraron su vestimenta y su mochila, elementos que sirvieron como prueba para acusarlo bajo la Ley de Seguridad del Estado en 2019. El primero en el país y el único de los que participó de la destrucción de la estación.

Cómo muestran las cámaras de seguridad de Metro, Roberto se acercó a uno de los torniquetes y le dio un puntapié a un validador que ya estaba roto. Sin embargo, no se detuvo allí, tomó una lámina delgada con la que rompió otro validador que estaba totalmente destrozado, quitándole la coraza plástica por donde cobra el pasaje del transporte. Las consecuencias que traerán sus actos unas semanas más tarde serían: prisión preventiva por 56 días en la Cárcel de Alta Seguridad y una solicitud de 8 años de presidio por parte de la Fiscalía Sur.

12 días después

El 29 de octubre, a eso de las 19:00 horas, Roberto tomó su bicicleta y se dirigió hacia la ciclovía de la calle Marín en Santiago Centro. A las afueras de su domicilio, cuando estaba por emprender su rumbo en la vía exclusiva, escuchó su nombre repetidas veces: “¡Roberto, detente!”. Se dio la vuelta y tras de él vio que lo esperaba un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Roberto sabía que lo que había hecho el día 17 de octubre en la estación de metro San Joaquín le traería algún tipo de problema, comenta que pensaba que lo más grave que podía afrontar producto de esto, era perder su trabajo, lo que no le importaba mucho, porque tenía la independencia suficiente para subsistir con sus clases particulares. Pensó que debería, en algún momento, pagar los daños causados. De todos modos, tenía el dinero para lo que pensaba podía ser su multa, pero nunca imaginó la cárcel.

El policía se acercó a él, le mostró su placa y le dijo que estaba detenido por el delito de daños calificados. Luego sacó la orden de detención y también su celular. Se acercó a Roberto y le mostró el video del Metro San Joaquín.

– Sí, yo soy -dijo Roberto con toda seguridad-. No voy a negar lo que hice, así que tratemos de hacer esto lo más civilizadamente posible, ¿qué necesitas? – preguntó con el fin de colaborar.

– Necesito la ropa que llevabas ese día, tu mochila, tu celular y tu computador – respondió el policía.

De camino, los detectives le preguntaban una y otra vez “¿Por qué?” “¿Por qué un estadístico y profesor, graduado de una de las mejores universidades del país, estaría involucrado en un caso de destrozo?” Ellos no lo entendían, según Roberto. A él no le faltaba nada, tenía un trabajo bien remunerado, un departamento que podía pagar y una carrera que avalaba su amplio conocimiento. Lo tenía todo, pero según Campos, los detectives nunca entendieron que ese no era el problema, nunca entendieron que la rabia venía de la falta de conciencia social, dice.

Posterior a la detención, Mario Araya, defensor penal público, fue la primera persona que lo visitó mientras Roberto estaba en el cuartel de la PDI. “Cuando conversé con Roberto, él estaba tranquilo pues llevaba muchas horas con la PDI, pero estaba muy impactado del revuelo que había agarrado. Habían pasado cosas muchísimo más graves, como los incendios del Metro y del edificio Enel, ‘¿Por qué a mí?’ nos decía”, comenta el abogado.

Al día siguiente, el 30 de octubre de 2019, llevaron a Roberto al 12° Juzgado de Garantía de Santiago, en la comuna de San Miguel, lugar donde iba a ser formalizado. Antes de llegar al recinto, le informaron que había prensa afuera, debido a que era el primer detenido que sería formalizado en el marco del estallido social. Una vez que llegó al Centro de Justicia, Roberto se bajó del auto con dos policías, uno a cada lado, y mientras caminaba vio la cantidad de prensa. En lugar de quitarse los lentes y agachar la cabeza, Roberto decidió dejarse sus lentes puestos y caminar con la frente en alto.

– Me llamo Roberto Adrián Campos Weiss – respondió cuando la jueza le preguntó su nombre.

La jueza procedió a pedirle al persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, los antecedentes de la detención, quien detalló que el juicio “constituye el delito de infracción de la Ley de Seguridad del Estado y daños cometidos por el imputado en calidad del autor y en grado de desarrollo consumado”. Tras una hora de formalización, se decretó prisión preventiva por el delito de daños calificados, y por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Se determinó un plazo de investigación de 90 días y Roberto fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad a cumplir la medida cautelar.

56 días tras las rejas

En el pasillo 1 poniente del recinto penitenciario, Campos cumplió 56 días de prisión preventiva. Estaba vigilado las 24 horas del día. Según dice, “Lo hacían para evitar que me matara ahí adentro”. El profesor compartía espacio con Mauricio Hernández Norambuena, acusado del asesinato del Senador Jaime Guzmán; Andrés Espinoza, condenado por el asesinato y violación de la pequeña Ambar Lezcano en 2018, el femicida de Fernanda Maciel y el homicida del profesor Nibaldo Villegas. Todos ellos por crímenes asociados a la muerte y tortura de personas.

A pesar de esto, Roberto comenta que fue la mejor opción, tomando en consideración el hacinamiento penitenciario en Chile, su inexperiencia en los procesos penales y su orientación sexual. “Yo tenía baño y ducha para mí solo, no tenía que compartir con nadie. Además, los gendarmes me decían que, ante cualquier cosa, tapara la cámara que había en la celda y ellos inmediatamente iban a venir”, recuerda.

Su abogado defensor, Mario Araya, concuerda que la Cárcel de Alta Seguridad era la mejor opción para la integridad de Roberto: “En una cárcel normal tienes que compartir la celda con dos o tres personas más, aquí él iba a estar solo, con un baño solo para él y todo solo para él, aunque con sus libertades muy restringidas. Lo bueno es que pudimos sacarlo lo antes posible”, dice.

En la cárcel, Roberto era reconocido como El profesor del Torniquete. Cuenta que la calidad de profesor, sumado a su condición de figura del estallido social, le entregó un espacio de respeto con los demás internos. “Me llamaban de usted, aun cuando yo era menor que ellos”, comenta. Recuerda que una vez lo insultaron y otro de los reos dijo “Oye no lo weí a él, es el profe del torniquete”. De ahí nunca más escuchó malos comentarios. “A mí no me tiraban la pelá”, dice.

Su relación con Gendarmería siempre fue buena. “Ellos”, repite constantemente, nunca entendieron cómo un profesor, matemático titulado de una de las más prestigiosas universidades del país, podía estar en su situación. Había un gendarme que siempre le hablaba de la situación afuera, le contaba que veía en televisión cada vez que tenía una audiencia, y le avisaba del proceso y lo actualizaba de cosas que sucedían en el país. “Con él conversaba harto, siempre me preguntaba por qué hice lo que hice y me daba cigarros”, recuerda.

Roberto siguió estudiando y leyendo desde su celda. Aprendió gramática francesa, leyó a Issac Asimov y desarrolló problemas matemáticos. Cada interno podía tener un máximo de tres libros al interior de la celda, él tenía diez, gracias a su comportamiento y su historia previa como profesor y matemático. No tenía prohibiciones de leer algún tema, mientras no fuera de política. Según su abogado, Mario Araya es por la historia detrás de los reos más famosos de la Cárcel de Alta Seguridad, “lo hacen para evitar tener más problemas, Roberto tenía cerca al Comandante Ramiro y al Aliste Vega, así que imagínate”, menciona.

El 23 de diciembre de 2019, en una de las tantas visitas de su abogado para actualizarlo del caso, le dijo a Roberto, “tienes que hacerte la idea de pasar los 90 días acá porque nos rechazaron de nuevo”. Recuerda perfectamente el cálculo que había hecho para determinar el día de su liberación “yo iba a salir en febrero, siempre me hice la idea de eso”, dice Roberto, aunque sus mismos compañeros de pasillo, ya con más experiencia en juzgados y tribunales, siempre le decían que podía salir antes.

Durante 56 días estuvo cumpliendo la misma rutina, leer libros, conversar con uno de los gendarmes, aprender otro idioma y preparar un escrito de sus vivencias encerrado. El último día, tuvo una reunión con la psicóloga, Ángela Olguín, en donde ella, como era común a esa altura de su caso, le dijo que no tuviera esperanzas en la audiencia de esa mañana, que al igual que la audiencia de la semana pasada y de la anterior, podían rechazar el cambio de medidas cautelares.

Cada vez que le avisaban que había una audiencia para ver su caso, Roberto armaba su maleta por si le concedían la libertad, después de hablar con Ángela, la desarmó. Un par de horas después, por la radio que estaba cerca, escuchó que esta vez había sido favorable. Tapó la cámara y los gendarmes aparecieron delante de su celda. 

– Dijeron que me habían dado la libertad- dijo señalando la radio- ¿Es verdad?

– Sí, te vai hoy día profe- le contestaron.

Esperó alrededor de dos horas para que el documento estuviera listo. Regaló a sus compañeros las cosas que su familia le había llevado: sábanas, cojines, artículos de aseo, etc. “Esas cosas en la cárcel valen oro”, recuerda. Uno de los reclusos hizo vino a escondidas de Gendarmería y lo abrieron para despedir “al profe”. Entre las lágrimas de algunos, Roberto dijo adiós a la cárcel tras 56 días.

“Cuando alguien es preso político, cambia todo el escenario. Evidentemente hay bajones y subidones de ánimo, mucha incertidumbre sobre el futuro”, comenta Armando Arjona, pareja de Roberto. Nunca en su vida se planteó ser político, no estaba dentro de sus planes incluso después del estallido social, pero estar en la cárcel, dice “te hace reconsiderar todo”. Después de salir de la cárcel Roberto no volvió a encontrar trabajo como docente, lo único que le ofrecían era hacer pruebas de matemáticas de manera online a estudiantes universitarios. 

Carrera al Parlamento

El 14 de julio de 2021, a través de su Twitter, Roberto Campos lanzó su precandidatura a diputado por el distrito 10. Su primer desafío era recolectar antes del 23 de agosto los 4 mil patrocinios necesarios para llegar a la papeleta como independiente. 

Tras presentar la precandidatura, en conjunto con Angélica Huenchuleo, su jefa de campaña, fueron juntos a volantear a una feria ubicada en Maturana. Ese día fue su primera experiencia en busca de apoyo. Y la recepción de la gente los sorprendió: “La señora le hablaba de todos los problemas habidos y por haber, y Roberto la escuchaba. No era como la típica del político que politiza cada situación (…) Como lo veían tan auténtico, no lo soltaban”, recuerda Angélica mientras repartía volantes junto a Roberto.

Tras esta primera experiencia, la campaña siguió sin los resultados esperados. Solo consiguieron poco más de 300 firmas, pero una puerta se abrió para la candidatura de Roberto. Desde el Partido Igualdad, le ofrecieron un cupo, lo que le permitió ser oficialmente candidato. No obstante, Roberto tuvo que saltar otro torniquete, ya que el Servel lo mostró como “no habilitado”, producto de su acusación pendiente por parte de la Fiscalía.

“Si a uno lo acusan, tus derechos políticos están suspendidos (…) pero Roberto estaba bajo la presunción de inocencia porque no hay una resolución judicial de su caso”, explica el abogado Araya.

El candidato presidencial, Marcos Enríquez-Ominami, tenía una situación similar a la de Roberto, por lo que recurrió al Tribunal Constitucional para que le devolvieran sus derechos políticos. “Por ese fallo de Enríquez-Ominami, Roberto logró inscribirse también”, comenta Araya. Con su candidatura oficializada, Campos pudo llegar a la papeleta del 21 de noviembre. Un largo y arduo trabajo lo esperaba.

Aranka Paillao, encargada de comunicaciones en la campaña de Roberto, recuerda que “hicimos jornadas de encuestas y de volanteo, cada uno nos posicionamos en una calle e íbamos puerta por puerta buscando gente que quisiera participar. Nos juntábamos y la gente quería hablar con Roberto (…) era bien ameno todo porque siempre había gente que quería participar”.

El grupo de Roberto estaba conformado por 7 personas, entre ellas Angélica y Aranka. El trabajo de la campaña era muy demandante, por lo que hubo ocasiones en que estaban muy limitados, pero siempre recibieron apoyo externo. A pesar de todos los esfuerzos, Campos no logró obtener los votos para llegar al Parlamento. Consiguió 2.143 votos, equivalentes al 0,47% de votos para los parlamentarios en el distrito 10.

En diciembre de 2019, un grupo de senadores de oposición presentaron un proyecto de ley que busca otorgar un indulto a quienes hayan sido detenidos en el marco de las manifestaciones en octubre de 2019. La normativa busca beneficiar a todos quienes estén imputados por hechos delictivos, relacionados con la protesta social, y que actualmente estén en calidad de autores, cómplices o encubridores de distintas infracciones.

La constituyente por el distrito 12, Beatriz Sánchez, explica que “el problema es que muchas veces los únicos testigos de lo ocurrido son Carabineros”. Según la periodista, esto ha dificultado el avance de los procesos judiciales, no solo de Roberto, sino de muchos detenidos más, ante la falta de pruebas que permitan resolver los casos.

Tras la victoria de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial, Giorgio Jackson, una de las figuras fuertes de la campaña de Apruebo Dignidad, declaró que las querellas por Ley de Seguridad del Estado se retirarán en cuanto asuma el nuevo gobierno. Con esto, la condena de Roberto Campos podría quedar en 61 días de prisión, si es que el caso avanza, ya que actualmente está suspendido.

El presente trabajo fue realizado por sus autores como parte del curso Crónicas y Perfiles, dirigido por la profesora Paula Escobar.

Imagen principal Instagram: @elprofedeltorniquete