Víctimas del estallido social: la deuda pendiente del Estado

Viernes 15 de noviembre de 2019, 16.30 horas. Oliver (17), tal como en las semanas previas, estaba manifestándose en Plaza Dignidad. Se encontraba junto a su amiga Vanessa caminando por el Parque Forestal, cuando de pronto la gente a su alrededor comenzó a escapar de Carabineros que dispersaba a los manifestantes. Entre el miedo y la ansiedad de ser alcanzado por algún proyectil, Oliver perdió de vista a su amiga. Un segundo después, sintió el dolor provocado por una bomba lacrimógena que se había incrustado en su brazo izquierdo. Un funcionario de Fuerzas Especiales le había disparado.

Según el último catastro general realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hasta el 13 de octubre de 2020, a nivel nacional, 3.838 personas constataron lesiones producidas por agentes del Estado, en recintos de salud. De estas mismas víctimas, 1.580 fueron personas menores de edad, y 298 del total, fueron heridas con impactos de lacrimógenas en distintas partes del cuerpo.

Hace un par de semanas, el Ministro de Salud, Enrique Paris, dio a conocer la creación de un nuevo proyecto que viene a suplir las falencias del Programa Integral de Reparación Ocular, que hasta hace poco, era la única medida impulsada desde del Gobierno en ayuda de las víctimas de la violencia policial.

Según el último catastro presentado por el Minsal al INDH en septiembre de este año, alrededor de 300 personas habían sido atendidas mediante la iniciativa impulsada en 2019. Sin embargo, el plan no ha estado exento de críticas, ya que según denuncian las víctimas, este no ha funcionado de forma eficiente. Entre algunos de los reclamos más recurrentes están, entre otras, las largas esperas para ser atendidos, la falta de atención psicológica y los retrasos en las cirugías e instalación de prótesis. 

Si bien el gobierno ha facilitado ayuda y apoyo a algunas víctimas de la violencia policial, ésta ha sido enfocada solamente hacia personas con lesiones oculares. Para Nelson Caucoto, reconocido abogado de Derechos Humanos, “la ayuda realizada por el Estado a las víctimas de trauma ocular ha sido porque es lo más visible y lo más llamativo. Esto es algo inédito, no se había visto ni en la dictadura de Pinochet, ni en las guerras. Pero sin duda, estas políticas de reparación debiesen ser para todas las víctimas”.

Exactamente dos semanas más tarde de lo ocurrido a Oliver, Juan Carlos Pereira (28) también fue alcanzado por una granada disuasiva. Se encontraba como los todos viernes en Plaza Italia, rebautizada como Plaza Dignidad. Ya se había vuelto costumbre ir junto a su madre, Adriana Godoy (53), y su hermana, Denise (22), a manifestarse cada semana. Sin embargo, en esa ocasión decidió ir solo. Eran aproximadamente las seis y media cuando Juan Carlos se encontraba en la esquina de Avenida Vicuña Mackenna con la Alameda y vio a un grupo de personas corriendo hacia él. Carabineros venía detrás. Sin darse cuenta, hizo contacto visual con quien segundos más tarde dispararía una bomba lacrimógena directamente a la parte frontal de su cabeza, provocándole un traumatismo encéfalocraneano y una fractura de cráneo expuesta.

Su caso no es aislado y forma parte de una realidad que no sólo se ha concentrado en la Región Metropolitana. Según el mismo informe del INDH, desde octubre pasado a la fecha, hubo 812 personas que resultaron heridas por agentes del Estado fuera de la capital. Las cicatrices de Oliver y Juan Carlos se replicaron a lo largo del Chile.

Esteban Carter (31) salió el 13 de diciembre de 2019 a las seis de la tarde de su trabajo en Rancagua. Se encontró con una marcha. Caminó hacia un paradero, mientras aplaudía en señal de apoyo, para tomar un bus que lo dejaría en su casa en Machalí. Sólo alcanzó a ver que las personas corrían por su lado cuando todo se volvió negro. Había recibido un impacto de lacrimógena en su nuca. Despertó casi 12 horas después, con riesgo vital e internado en el Hospital Regional de O’Higgins debido a una fractura en su cráneo y una hemorragia traumática.

Faltaban solo unas horas para que terminara el año 2019 y el estudiante de medicina Diego Lastra (28) estaba en el mismo sector en el que Oliver y Juan Carlos fueron impactados por bombas lacrimógenas: Plaza Dignidad. Según relata su hermano menor, Daniel Lastra (26), Diego se encontraba brindando apoyo de primeros auxilios en la calle Carabineros de Chile cuando vio que un furgón policial se acercaba hacia él. A aproximadamente 20  metros de distancia, un Carabinero disparó una bomba lacrimógena hacia su cara. Pese a que llevaba antiparras, el proyectil impactó directamente en su ojo izquierdo ocasionándole un estallido ocular. “Se llevó la mano al ojo y dice que sintió como gelatina. Ya no había nada. En ese momento pensó al tiro que había perdido su ojo. Lo asumió desde el primer momento”, relata Daniel.

Un año del impacto

Actualmente, Juan Carlos Pereira (28) debe someterse nuevamente a una operación para la colocación de una placa de titanio en su cráneo, la cual debería haber sido instalada, según los médicos, en marzo. Adriana Godoy, madre de Juan Carlos, relata que “debido a la pandemia, él ya no era prioridad, todas las operaciones debían esperar. Mi hijo tiene que operarse porque está en riesgo, un golpe o una caída sería mortal”.

En tanto, Diego Lastra (28) a esta altura del año debería haber recibido la instalación de su prótesis ocular, sin embargo, al igual que Juan Carlos, debido a la pandemia no ha podido realizarlo. “Actualmente está usando un cobertor, que es la mitad de una prótesis que se usa para levantar el párpado. Mi hermano, no sólo perdió un ojo, sino que también tuvo fractura en la cara y el cráneo. Tiene una placa metálica en la cara. A veces quedamos sólo en el estallido ocular, pero en realidad el proceso de sanación es mucho más complejo que eso”, relata su hermano.

Carolina Espinoza (34), madre de Oliver, relata que luego de que su hijo estuviera cuatro días hospitalizado esperando una segunda intervención en la Posta Central, tomó la decisión de gestionar el traslado de su hijo a la Clínica Indisa. Fue ahí donde se enteró que “el daño como tal,  no era la quemadura, sino el daño que le había provocado a su nervio Radial, el cual le terminó inmovilizando el brazo por casi un año”. A raíz de ello, la operación de Oliver consistió en una transferencia nerviosa y un injerto de piel, el cual constó de 80 puntos, que luego se convirtieron en una cicatriz que le recorre desde la muñeca, hasta pasado el codo. “El Oliver desde que salió de la clínica ha estado yendo dos veces por semana a una terapia ocupacional con su médico tratante. Y hace aproximadamente dos meses, recién está moviendo con normalidad su mano, aunque todavía le falta bastante”, menciona Carolina.

Esteban Carter pudo volver a su trabajo. Tras el impacto de la bomba lacrimógena, estuvo con licencia hasta el 5 de octubre de este año, lo cual complicó poder costear los tratamientos tanto psicológicos como físicos a los que tuvo que someterse. “No tuve ningún apoyo gubernamental ni para el tratamiento psicológico ni de nada, sólo pagaron el hospital los días. Yo salí del hospital y nos tuvimos que hacer cargo de todo”, relata.

A un año del 18 de octubre, aún hay muchas víctimas que no han sido indemnizadas por daños ocurridos durante las movilizaciones del estallido social. Yuri Vásquez, abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, afirmó que al ser Carabineros una institución del aparato estatal, que tiene la potestad y el monopolio del uso de la fuerza, la responsabilidad de los daños cometidos por la institución recaen en el Estado. “Esto no es sólo una cuestión de interpretación, sino que también hay una normativa legal por la cual el Estado debe responder por los daños cometidos durante el Estallido Social. No hay ninguna duda”, enfatizó.

Crónica realizada en el Taller de Redacción Digital, dirigido por la académica Ivonne Toro.