Luis Matamala, oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), advierte que en el sector público hay una escasez crítica de especialistas e infraestructura. Sin embargo, subraya que, pese a estas carencias, el cáncer debería ser tratado como una prioridad, ya que, a diferencia de otras enfermedades cubiertas por el GES, “si estos pacientes quedan fuera de plazo, se mueren”.
El GES cubre 17 tipos de cáncer, siendo el de mama el que concentra la mayor cantidad de retrasos: 4.114 casos. Solo este tipo de cáncer acumula más prestaciones demoradas que todos los cánceres en hombres, que suman 4.015 casos. En total, 73% de las personas con atenciones oncológicas pendientes son mujeres, con 10.787 casos registrados en el primer trimestre del año
Elvira Tagle, coordinadora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (CIPS UDD), comenta que, si bien todo tipo de cáncer es prioridad, “una bandera de lucha para nosotros como centro es el cáncer en mujeres”.
El informe de los primeros tres meses de 2025 revela que los retrasos afectan principalmente a personas mayores de 50 años. De los 14.782 casos pendientes, 68% corresponden a este grupo etario, es decir, 9.987 garantías. El tramo más golpeado es el de entre 65 y 69 años, donde 1.691 adultos, que emitieron una prestación y expiró, quedaron a la deriva tras el retraso en sus garantías.
FUERA DEL GES
La mesa estaba servida para que Marco Rojas, empleado público, se sentara junto a su esposa Nuri Uribe y sus tres hijos para celebrar su cumpleaños número 62. Un día antes había sido Navidad, pero poco antes del Año Nuevo, todo cambió.
Con veinte kilos menos y usando un pantalón dos tallas más pequeño que el que vistió en la cena de su cumpleaños, Marco aún recuerda esos últimos días de 2024 como uno de los momentos más duros de su vida. El 29 de diciembre acababa de iniciar el tratamiento en el sistema privado de su cáncer de amígdala, tres meses después del diagnóstico.
Tras recibir los exámenes, le recomendaron comenzar su tratamiento de inmediato en el sector privado, pero no había cupos disponibles. Por vivir en Maipú, fue derivado al Hospital El Carmen, donde no contaban con el tratamiento necesario para su tipo de cáncer, por lo que solicitaron su traslado al Hospital San Borja.
Durante una semana, Marco y su esposa fueron al hospital a confirmar si su ingreso había sido tramitado. Les aseguraron dos veces que sí. Sin embargo, nunca recibieron el llamado que esperaban. Al volver a consultar, les informaron que la persona encargada de su registro había dejado el hospital y que su admisión nunca se concretó en el sistema. El desconcierto fue absoluto, y se transformó en indignación cuando un funcionario les sugirió atenderse por fuera: “Esto puede ir muy lento”, les advirtió. Y no se equivocaba.
Según relata Marco, las noches en vela esperando el inicio de su tratamiento fueron un infierno. Despierto a las tres de la madrugada, no podía dejar de oír en su cabeza las palabras del médico al entregarle el diagnóstico: “Hazlo rápido, todavía estamos a tiempo. No es algo que se pueda esperar mucho más”.
La incertidumbre sobre el inicio de la terapia eclipsaba el dolor físico que sentía. Dice que la angustia y la ansiedad lo dominaban, al punto de sentir que debía huir de su propia casa. Cansados de esperar que el sistema público gestionara los exámenes de sangre necesarios para la gastroscopia —clave para tratar el cáncer de Marco—, él y su esposa decidieron continuar el tratamiento en el sistema privado.
El 9 de junio de 2025, nueve meses después del hallazgo del cáncer, el teléfono de Marco sonó. Era una secretaria del Hospital San Borja. Llamaba para preguntar si ya se había hecho la gastroscopia que le habían indicado.
De no haber conseguido, con rifas y préstamos, los diez millones de pesos que cuesta el tratamiento, esa habría sido la primera vez en casi un año que el sistema público se comunicaba con él.
Nueve meses de espera por una llamada.
La patología que padece Marco forma parte del 40% de los tipos de cáncer que no están cubiertos por el GES.
EL ABANDONO A MARISELA
Tras enterarse del retorno del cáncer, Marisela se derrumbó. Así lo recuerda ella: “Fue terrible saber que nuevamente tenía lo mismo. Sacamos hora en Concepción para ver a un oncólogo, y ahí fue fatal, porque no me dio expectativa de vida”.
A pesar del golpe, el especialista le recomendó que acudiera lo antes posible al Hospital Clínico de Chillán.
En los primeros días de abril, aunque llevaba meses sin controles, Marisela volvió al centro de salud. Allí le asignaron una consulta con un cirujano. “Le llevé los exámenes y me dijo que iban a hacer una junta oncológica para evaluar mi caso”, relata. También le mencionó que le realizarían una biopsia.
Hasta hoy, nada de eso ha pasado. No la han contactado desde el hospital sobre el resultado de la junta oncológica. Sigue en espera. Ante la demora, y el avance de su cáncer, Marisela Opazo decidió atenderse en el sector privado.
El cáncer que padece, desde 2019, está entre las cinco enfermedades relacionadas con el cáncer con mayores prestaciones GES vencidas.
LA DEUDA DEL PRESIDENTE BORIC
En su programa de gobierno, el entonces candidato y hoy Presidente de la República, Gabriel Boric, prometió que durante su mandato se fortalecería la atención para pacientes con cáncer. “Trabajaremos por asegurar acceso oportuno a una atención oncológica integral, buscando que las personas con enfermedades neoplásicas tengan mejores resultados”, decía el documento.
A pesar de que el programa hablaba de asegurar un acceso oportuno, el Presidente, que asumió en 2022 con 12.993 prestaciones atrasadas de las Garantías Explícitas de Salud en el área oncológica, no ha logrado estabilizar la cifra, que hoy se encuentra en 14.782 garantías expiradas.
Los casos tuvieron un aumento explosivo posterior a la pandemia, pasando de 2.606 en 2019 a los mencionados en 2022. Elvira Tagle, coordinadora del CIPS, detalla que han intentado bajar la cantidad de atrasos, pero no han podido y se ha convertido en un número que “solamente crece y crece”. En la comparativa entre 2019 y el primer trimestre del presente año, el aumento de casos es de un 567%.
V240 se contactó con Fonasa y la Subsecretaría de Redes Asistenciales para conocer la postura del Gobierno, pero al cierre de este reportaje, no hubo respuesta.
