Vergara 240

Nicole Cerda (35) comenzó a tomar la pastilla anticonceptiva Ariana en 2017. Ocho años después empezó a sufrir ataques de ansiedad y decidió consultar a su ginecólogo. Durante la revisión, el médico le realizó una ecografía. Fue entonces cuando ella se enteró: estaba embarazada de cinco semanas.

“Quedé en shock”, recuerda.

La sorpresa, dice, tenía una razón: nunca dejó de tomar el anticonceptivo oral que le había recetado su médico.

Casos como este son poco frecuentes. Según el Instituto de Salud Pública (ISP), estos fármacos tienen una tasa de falla cercana al 0,1%. Pero su experiencia no es un hecho aislado. De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, entre 2020 y 2025 el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió 147 denuncias por fallas en anticonceptivos orales, que involucran a más de 20 laboratorios y farmacias. Las tres firmas con más reclamos son Laboratorio Recalcine (45), Abbott Laboratories de Chile (26) y Farmacias Cruz Verde/CESFAR (18).

Las cifras revelan, además, la escasa respuesta de los proveedores frente a las quejas. En 69% de los casos, el laboratorio o la farmacia no respondió o rechazó el reclamo presentado ante el Sernac.

Las consecuencias para las usuarias no son menores. Más de la mitad de las denuncias (50,3%) corresponde a fallas con potencial riesgo de embarazo: productos defectuosos o blísteres con pastillas alteradas (37,4%). En otros casos, el reclamo fue catalogado como “problema sanitario” (12,9%). También hay denuncias por reacciones físicas, como irritaciones, cortes o quemaduras, asociadas al uso del medicamento (5,4%). El resto corresponde a problemas comerciales, como promociones incumplidas, sobreventas o publicidad engañosa.

Laboratorio Abbott, que también es propietario de Recalcine, fue consultado para obtener su versión sobre estas cifras, pero no hubo respuesta.

FALTA DE FISCALIZACIÓN

Expertos consultados coinciden en que las denuncias por fallas en anticonceptivos también revelan debilidades en el sistema de fiscalización a los laboratorios.

En Chile, la supervisión de los medicamentos recae en el Instituto de Salud Pública (ISP). Jaime Quiroz, químico farmacéutico, explica que las farmacias generalmente se relacionan con los laboratorios a través de distribuidores y no de manera directa. Por lo mismo, cuando se detecta una posible falla en un medicamento, esta debe ser denunciada al ISP, organismo encargado de realizar los controles de calidad y emitir alertas sanitarias para retirar los lotes defectuosos del mercado.

Datos obtenidos vía Ley de Transparencia muestran que entre junio de 2021 y junio de 2025 el ISP realizó 48 fiscalizaciones a laboratorios fabricantes de anticonceptivos, principalmente Andrómaco y Recalcine. Sin embargo, solo nueve de esas inspecciones incluyeron la revisión de anticonceptivos orales, lo que implicó el análisis de 13 productos distintos. Entre ellos se encontraban pastillas de uso masivo como Marilow, Femelle, Serenata 20 y Anulette CD, entre otras.

De todas las fiscalizaciones realizadas en ese período se derivaron cuatro sumarios sanitarios (tres contra Recalcine y uno contra Andrómaco) y se detectaron dos hallazgos catalogados como críticos: uno correspondiente a las pastillas Serenata 20 (Andrómaco) en marzo de 2022 y otro que involucró siete lotes de anticonceptivas Marilow (Recalcine) en junio de 2023.

Pese a que en las denuncias ante el Sernac también aparecen laboratorios como Silesia, Bayer y Johnson & Johnson, entre otros, los registros del ISP no documentan fiscalizaciones a esas empresas en el mismo período.

Macarena Filún, del Colegio Químico Farmacéutico de Chile, explica que las fiscalizaciones del ISP pueden adoptar distintas formas. Una de ellas consiste en tomar muestras aleatorias de lotes de medicamentos para analizarlos en laboratorio y detectar posibles defectos en su composición. Otra modalidad es la inspección presencial en las instalaciones del laboratorio, donde se revisan procesos productivos, inventarios, reportes de calidad y antecedentes de fabricación.

Durante la pandemia, además, se incorporó un tercer mecanismo: los autorreportes enviados por los propios laboratorios, debido a las dificultades para realizar fiscalizaciones presenciales. Este sistema, sin embargo, ha sido cuestionado por el Colegio Químico Farmacéutico. “Siempre hemos dicho que, al menos, son insuficientes. Todavía se reciben ciertos autorreportes, pero ahora entiendo que se están retomando más fiscalizaciones presenciales”, afirma Filún.

Consultado para este reportaje, el ISP no respondió las preguntas sobre la cantidad de fiscalizaciones realizadas ni sobre los criterios utilizados para priorizar los controles.

El exdirector del instituto, Heriberto García, reconoce los problemas en torno a las fiscalizaciones. “Es lo que es. No sé si será suficiente. A lo mejor se necesita más, o a lo mejor se necesita menos”, dice. Y agrega que aumentar los controles en un tipo de medicamento implica necesariamente redistribuir recursos: “Si tú fiscalizas más a los anticonceptivos, probablemente estás dejando fuera medicamentos para el cáncer o los paracetamoles”.

Según Filún, cuando se detectan fallas en anticonceptivos los laboratorios pueden recibir multas sanitarias, pero esas sanciones no les impiden seguir participando en licitaciones públicas. Por eso, el Colegio Químico Farmacéutico ha planteado que el sistema debiera endurecer las consecuencias. “Los proveedores deberían recibir sanciones efectivas y no solo multas. Nuestra propuesta es que quienes incurran en estas fallas no puedan volver a adjudicarse licitaciones del Estado”, señala.

UN SISTEMA SOBREPASADO

Tras descubrir la falla en la pastilla anticonceptiva, Nicole Cerda renunció a su trabajo y meses después informó a su familia que estaba embarazada. Hoy, su hija Trinidad tiene casi dos años.

A nivel individual, las consecuencias de estas fallas no siempre se traducen en denuncias formales. Cerda, por ejemplo, decidió no iniciar acciones legales. “No denuncié porque tenía pensado embarazarme, pero en dos años más. Si hubiese estado soltera, sí lo habría hecho”, cuenta.

Casos como el suyo se han repetido. La matrona Melisa Figueroa relata que atendió a pacientes cuyos embarazos, ocurridos entre 2022 y 2023, se produjeron tras fallas detectadas en lotes específicos de anticonceptivos combinados. Según explica, estos embarazos no planificados suelen ser asumidos con resignación y muchas pacientes, después de la experiencia, optan por métodos anticonceptivos más permanentes, como la esterilización quirúrgica o dispositivos de larga duración, entre ellos el dispositivo intrauterino (DIU) o los implantes subdérmicos.

El uso de anticonceptivos en Chile es alto entre mujeres jóvenes. De acuerdo con el informe “Estudio de hábitos de consumo y caracterización del mercado de anticonceptivos femeninos en Chile”, elaborado por el Sernac en 2024, las personas entre 18 y 29 años concentran la mayor utilización de estos métodos. Las pastillas anticonceptivas orales siguen siendo las más utilizadas por las mujeres chilenas, con cerca del 60% de preferencia.

En este contexto, las fallas en anticonceptivos han generado episodios que han puesto en tensión la capacidad de respuesta del sistema. Uno de los más recientes ocurrió en 2023, cuando el Sernac inició un procedimiento tras detectarse fallas en siete lotes de anticonceptivos Marilow, fabricados por Laboratorios Recalcine. Los productos presentaban deficiencias en la efectividad de sus principios activos.

Debido a que la respuesta entregada por el proveedor a las usuarias fue considerada insuficiente, el Sernac dio por fracasado el procedimiento voluntario colectivo, calificando la propuesta de la empresa como “insuficiente, incompleta y carente de proporcionalidad con relación al daño causado”, según estableció la resolución exenta N°203 del organismo.

Un antecedente aún más masivo ocurrió en 2020, cuando el Instituto de Salud Pública emitió seis alertas farmacéuticas y retiró del mercado distintos anticonceptivos por fallas de calidad. Entre ellos estuvo Anulette CD, caso que reveló blísteres defectuosos que contenían pastillas alteradas. Según la Corporación Miles, la falla habría derivado en cerca de 200 embarazos no planificados.

La organización representó a las mujeres afectadas en una demanda colectiva contra el Estado y los laboratorios. La magnitud del caso instaló un debate público sobre los mecanismos de fiscalización y la capacidad del sistema sanitario para responder ante errores que afectan directamente la autonomía reproductiva de las mujeres.

El exdirector del ISP, Heriberto García, sostiene que en situaciones como esa las decisiones regulatorias también deben considerar el acceso al medicamento. Según explica, retirar completamente el producto del mercado podía provocar un efecto aún mayor.

“Haber retirado todo el producto habría generado muchos más embarazos no deseados por falta de acceso al anticonceptivo”, dice.

Esta investigación fue realizada para el curso Periodismo de datos, del profesor Luciano Jiménez, y editada por V240.

La ilustración de la portada fue generada con IA.