Por Claudia Saravia y Josefina Reyes
Mary Marín es venezolana, tiene 51 años y hace casi dos que vive en Chile. Es Licenciada en Educación, labor que ejerció por más de 15 años, pero que por falta de documentos no pudo acreditar en nuestro país. Esto puso cuesta arriba su búsqueda de trabajo. Necesitaba el dinero para traer a su esposo desde Venezuela, pero solo obtenía empleos mal pagados e inestables.
Tras semanas de un lado a otro, decidió echar mano a su experiencia y montó una improvisada guardería en el departamento donde vivía con su hija mayor, en la comuna de Estación Central. Un negocio no regulado que mantuvo hasta abril del 2018.
Ubicado en el piso 13 de una de las torres que emergen en la comuna, el departamento de 32 m2 tenía solo una habitación. Ahí recibía a un grupo de cuatro pequeños de entre seis meses y cuatro años de edad, todos venezolanos. Funcionaba de lunes a sábado, entre las 8.30 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Por una mensualidad de $130.000, Marín recibía y cuidaba a cada niño. “Ellos (padres) no iban a dejar a sus hijos en salas cunas porque en esos lugares las cuidadoras son unas irresponsables. Los niños se enferman y se golpean unos con otros. No les dan un trato personal (…) Traían sus almuerzos y si venían por medio día, les daba una merienda. No pasaban hambre”, indica Marín.
Recorrimos los edificios que rodean las estaciones San Alberto Hurtado y Ecuador de la línea 1 del Metro. Ahí pudimos constatar más de 20 guarderías ilegales que reciben diariamente a 76 menores. Algunos tienen solo algunos meses de vida, mientras que los mayores bordean los 9 años. En su mayoría venezolanos, varios de ellos pueden permanecer hasta 12 horas diarias en estos lugares.
El tamaño de los departamentos oscila entre los 21 y 32 m2. Son espacios semi amoblados, que no cuentan con implementos necesarios para estimular recreativamente a los menores y a su vez carecen de medidas básicas de seguridad, como una rejilla que los proteja ante una eventual aproximación hacia los ventanales que dan directamente a la calle.
El escenario para el negocio de Mary era ideal. Mientras los jardines infantiles cercanos no tenían cupos, ella recibía buenos comentarios de sus vecinos, tenía horarios flexibles y además cobraba mucho más barato que cualquier institución oficial. Génesis (27), venezolana y vecina del mismo edificio de Marín, fue una de las madres que dejó a su bebé en la guardería de Marín. “Ella comenzó a cuidar a mi hija desde diciembre del año pasado hasta hace un mes y cobraba un 50% menos (en comparación a los jardines) que igual es bastante menos dinero”, señala.
“El espacio tal vez es chico, pero ella (Mary) no tenía muchos niños. Mi hija siempre estuvo limpia y alimentada. No tengo quejas”, cuenta Génesis, quien defiende la existencia de este tipo de servicios. “Yo no recibo ayuda de parte del Estado porque mientras no tenga Visa, no soy absolutamente nada. Soy mamá soltera y tengo que velar sola por mi hija. Es difícil estar en este estado”, relata.
Rodrigo Delgado, alcalde de la comuna de Estación Central, reconoce las deficiencias que ha presentado el sistema tras la llegada masiva de extranjeros al país. “Los cupos en las salas cuna y jardines infantiles de la comuna han crecido un 400% en los últimos 5 años, lo que da cuenta de la poca capacidad que tuvimos como Estado de planificar la migración. (En la comuna) Tenemos dos o tres salas cunas que no han podido ser inauguradas, ya que la construcción estuvo mal planificada ”, señala. Sobre la fiscalización de las guarderías ilegales, explica que no es una labor sencilla, pues es necesario contar con una denuncia previa o que ocurra un tipo de accidente para verificar la existencia de una actividad comercial al interior de los departamentos.
Para Héctor Pujols, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, este tipo de situaciones es más común de lo que se cree. Sus dardos apuntan a una política migratoria que califica de “racista” y que se ha intensificado en los últimos años.“Si no tienes Visa, te toca aceptar lo que venga. Te toca pagar $400.000 por una habitación de 2 X 2 m2, asumir un mal salario y trabajar más de 14 horas porque tienes que comer tú y tus hijos”, explica Pujols.
Actualmente Mary dejó el negocio de la guardería. El dinero que obtuvo le ayudó a traer a su esposo desde Venezuela y hoy viven con sus dos hijas. Ella se dedica a vender productos de repostería, y si bien su pareja cuenta con un trabajo estable, no descarta volver a administrar una guardería ilegal en su hogar. Claro que con ciertas condiciones: “hay personas que cuidan hasta 9 o 10 niños y eso sí es un exabrupto. Es un abuso. Yo no lo haría”, sentencia.