Vergara 240

Su padre nunca la reconoció legalmente y su madre consumía alcohol y drogas, especialmente pasta base, incluso durante el embarazo. Por eso, desde su nacimiento, en enero de 2004, Laura fue criada por su abuela materna, por tías y hasta por una vecina.

En 2011, cuando tenía 7 años, fue diagnosticada con déficit atencional e hiperactividad. Además, informes médicos de la época la describían como una niña “limítrofe”, por lo que comenzó un tratamiento psicológico y psiquiátrico en el área de salud mental del Hospital Padre Hurtado, donde permaneció durante dos años.

Pero en agosto de 2013, su entorno familiar dejó en claro que no quería seguir haciéndose cargo de ella y solicitó que ingresara a una residencia del Estado. La petición causó extrañeza en la Unidad de Gestión Clínica del Niño del hospital, así que investigaron las razones detrás de esa decisión. 

“De acuerdo a las intervenciones realizadas por el equipo de salud, la niña sería víctima de malos tratos físicos y verbales por parte de su madre, abuela y tías (…). En control médico, Laura refiere que su abuela la golpea y la castiga, dejándola sola en la calle. No cuenta con redes familiares que quieran ejercer sus cuidados de manera responsable y adecuada, manifestando que la niña ingrese a una residencia de protección”, detalla un informe social del hospital, al cual accedió V240.

Los antecedentes fueron enviados al 2° Juzgado de Familia de San Miguel, donde se solicitó una medida de protección a favor de Laura. En enero de 2014, pocos días después de cumplir 10 años, se determinó su traslado a una residencia de Puente Alto.

Sin embargo, antes de que el cambio se concretara, Laura reveló algo que hasta entonces nadie conocía: había sido víctima de abusos sexuales por parte de su abuelastro (la pareja de su abuela materna) y uno de sus hermanos. En su familia, nadie le creyó. Solo su tía.

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Tras la denuncia realizada por el hospital en enero de 2014, el 2° Juzgado de Familia de San Miguel decidió ingresar a Laura, entonces de 10 años, a un programa ambulatorio de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM), administrado por la Fundación Ciudad del Niño. Además, se determinó separarla de su entorno familiar y trasladarla al Hogar de Niñas Nuestra Señora de la Paz, en Puente Alto.

Durante sus primeros meses en la residencia, los informes describían a Laura como una niña introvertida, pero respetuosa con los adultos y con las normas del hogar. Con las Educadoras de Trato Directo (ETD), las “tías” de las residencias, mantenía una relación cercana. Con sus compañeras, en cambio, sufría burlas permanentes por su aspecto físico y era aislada por las adolescentes mayores.

“Canaliza, en su mayoría, todas las agresiones físicas y verbales en las demás niñas de su casa, quienes la descalifican constantemente diciéndole ‘gorda’ o ‘chancha’”, señala uno de los informes del hogar.

Un año y medio después de su ingreso, la situación comenzó a deteriorarse. Laura repetía a las ETD que no quería seguir viviendo en la residencia, que se sentía sola, con mucha rabia, y pedía hablar con un juez. Sin embargo, en su expediente no existen registros de que esa audiencia se concretara, pese al derecho de los niños y niñas a ser escuchados en procesos judiciales.

La sensación de abandono aumentaba cada vez que su abuela o su tía prometían visitarla y no llegaban. Según los informes enviados al tribunal, esas ausencias, sumadas al hostigamiento constante dentro de la residencia, desencadenaban episodios de desregulación emocional, rabia y violencia contra otras niñas.

Los profesionales también advirtieron un aspecto que consideraban especialmente preocupante: Laura seguía queriendo volver con su familia, incluso con el hombre acusado de abusar sexualmente de ella.

“No me siento bien acá. Quiero estar en la casa de mi abuela, si mi tata ya no me hace nada”, repetía la niña en entrevistas con el hogar.

El rechazo constante de sus compañeras impactó en su autoestima. Los informes describen una preocupación obsesiva por su peso y reiteradas preguntas sobre si algún niño podría fijarse en ella. Aunque los equipos intentaron trabajar su autoimagen y fortalecer sus recursos emocionales, reconocían que no observaban avances significativos.

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En noviembre de 2015, cuando tenía 11 años, Laura volvió a ser vulnerada dentro del propio sistema de protección. Según su declaración, una adolescente de 13 años se acostó en su cama y le realizó tocaciones sin su consentimiento. La niña explicó que no había contado lo ocurrido antes por vergüenza y miedo a las burlas de las otras residentes. Tras la denuncia, fue cambiada de habitación para evitar contacto con la adolescente involucrada.

Pese a ese episodio, semanas después Laura fue egresada del programa especializado de reparación por abuso sexual infantil. La fundación a cargo consideró que había cumplido los objetivos terapéuticos. Los profesionales de la residencia, en cambio, discreparon y advirtieron al tribunal que la niña debía permanecer en el programa, porque el hogar no podía asumir un proceso de reparación tan complejo.

“Dado el proceso y el contexto actual que enfrenta (…) es altamente preocupante que Laura no tenga terapia”, alerta uno de los informes enviados a la justicia. Pero el Tribunal de Familia mantuvo la decisión de egresar a la niña del programa e inició un proceso de “despeje familiar”. Es decir, buscar a un adulto de su círculo dispuesto a hacerse cargo de Laura para que abandonara la residencia.

La primera opción evaluada fue su madre. Sin embargo, el equipo psicosocial que visitó su casa registró que la mujer “sale a conversar, pero no permite que se ingrese a la vivienda. Se observa que hay latas de cerveza y malas condiciones higiénicas. La madre de la referida presentaba hálito alcohólico y se le veía demacrada. Durante la conversación, no logra mantener un relato coherente ni un contacto visual permanente. Además, dentro de su relato se logra rescatar que en la vivienda no poseería alcantarillado ni cocina”.

Por estas razones fue descartada.

Luego se evaluó a una tía que había manifestado interés en cuidarla, pero la mujer explicó que estaba sobrepasada por problemas económicos y familiares, además del consumo de drogas de uno de sus hijos.

La última alternativa fue la abuela materna. Aunque visitaba ocasionalmente a Laura en la residencia, aseguró que no podía hacerse cargo de ella porque “se portaba mal y no le hacía caso”. Además, el equipo psicosocial detalló en su informe que “cuando se aborda el tema de que en el mismo domicilio viviría su pareja, quien habría abusado sexualmente de Laura, no da credibilidad al relato, comentando: ‘Señorita, pero eso nunca pasó’”.

El tribunal inició, entonces, un proceso de susceptibilidad de adopción. Pero en marzo de 2016, según consta en un oficio firmado por el director regional metropolitano del Sename, la institución concluyó que las posibilidades eran bajas debido a su edad y a las dificultades para concretar una vinculación con padres adoptivos.

Pese a eso, un año más tarde el proceso se retomó y una pareja externa a su familia intentó adoptarla. La experiencia fracasó. Laura no logró generar un vínculo con ellos y terminó rechazando los encuentros. “Ya no los quiero ver más. Cuando estoy con ellos, me acuerdo de todo lo que he vivido y de todo lo que mis papás me hicieron”, declaró la niña a profesionales del hogar.

“(Laura) se encuentra pasando por un periodo de inestabilidad emocional importante, tras el fracaso de la vinculación con terceros no consanguíneos (…). Durante los últimos meses ha presentado complicaciones en cuanto a su comportamiento, ya que le cuesta acatar normas y límites interpuestos por la residencia, desobedeciendo a ETD y personal técnico”, dice el mismo documento.

También registra sus dificultades para relacionarse con otros niños y niñas en el colegio. Buscaba constantemente validación y afecto por parte de los adultos, mientras seguía siendo maltratada verbalmente por varias de sus compañeras.

Con 13 años recién cumplidos, Laura escapó de la residencia. Una psicóloga denunció una presunta desgracia ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto. La adolescente permaneció desaparecida durante 24 horas, hasta que regresó por su cuenta al hogar.

Los conflictos con sus compañeras continuaban y el avance en su proceso de reparación era nulo. Ante eso, la residencia determinó prepararla para la vida independiente y enseñarle herramientas con las que pudiera enfrentar la adultez sin apoyo del Estado.

“No se proyecta un egreso a mediano o largo plazo”, señala uno de los informes vistos por V240, que además advierte otra cosa: Laura no contaba con un adulto significativo con quien trabajar un eventual retorno familiar. 

En paralelo, se intentó trasladarla a un internado femenino en dos ocasiones, pero ambas gestiones fracasaron porque esos establecimientos solo recibían alumnas de octavo básico o enseñanza media. Laura cursaba sexto básico.

No tuvo más opción que seguir viviendo en el hogar mientras la preparaban para la vida independiente. En abril de 2020, después de pasar seis años en el Hogar de Niñas Nuestra Señora de la Paz, se decidió cambiarla a otro centro de protección: el CREAD Pudahuel.

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Cuando Laura llegó al CREAD Pudahuel, tenía 16 años y acumulaba una larga historia de abandono, abuso y fracaso institucional. Su paso por ese recinto sería breve, pero decisivo. En ese período, las autoridades ya habían iniciado el cierre progresivo de los CREAD del país debido a las reiteradas denuncias por vulneraciones de derechos dentro de esos centros. Laura, sin saberlo, terminaría formando parte de esa historia.

Al ingresar, los profesionales del recinto le realizaron una evaluación diagnóstica a la adolescente. El documento resume más de una década de daños acumulados: abusos sexuales, intentos fallidos de reintegración familiar, el abandono que experimentó y una profunda fragilidad.

“Se encuentra inestable emocionalmente. Se connota significativo daño a nivel psicosocial, existen significativas carencias emocionales y de contención”, señala el diagnóstico.

Pero dentro del CREAD Pudahuel la situación de Laura no mejoró. Al contrario, todos los problemas que arrastraba desde su antigua residencia se intensificaron, especialmente las conductas sexualizadas y la sensación permanente de soledad.

En un informe de la institución se detalla que logró una buena relación con sus pares y adultos, pero que en una ocasión tuvo un problema “de índole sexual” al ser acusada por otras jóvenes de estar observándolas en el baño. El documento describe luego que “en términos emocionales, se mantiene estable, expresando sentimientos de soledad ante la situación familiar que presenta, exponiendo a la dupla psicosocial sus deseos de poder estar en familia”.

Un año después de su llegada, Laura logró integrarse al grupo de adolescentes del recinto y comenzó a participar de una práctica habitual dentro del CREAD Pudahuel: escaparse por los techos. Según denuncias por presunta desgracia, se fugaba al menos una vez al mes.

El 19 de julio de 2021 volvió a escapar. Estuvo desaparecida durante 23 días. El 1° Juzgado de Garantía de Santiago decidió no abrir una investigación penal luego de que Carabineros la encontrara con vida y sin lesiones atribuibles a terceros.

Cada vez que Laura se fugaba, nadie en el CREAD Pudahuel sabía dónde dormía, cómo se alimentaba ni con quién se reunía. Hasta que a fines de ese año, tras una salida no autorizada de dos días, les contó su verdad a los profesionales de la residencia.

Según los documentos del centro, había conocido por Facebook a un adulto que comenzó a contactarla por redes sociales y luego por WhatsApp. La adolescente relató que se reunía con él en una vivienda de Peñalolén y que mantenían relaciones sexuales. También aseguró que la relación era consensuada y que ambos eran pareja.

En enero de 2022, tres meses después de fugarse con el hombre que conoció por Facebook, el Juzgado de Familia de San Miguel determinó trasladar a Laura a una residencia familiar ubicada en Ñuñoa, ya que el CREAD Pudahuel había comenzado su etapa de cierre. Durante ese proceso, Laura cumplió 18 años. Sin embargo, pudo seguir dentro del sistema de protección porque todavía cursaba la enseñanza media. Continuar estudiando era la única condición que le permitía mantener un lugar donde vivir.

Tiempo después, un familiar cercano —que pidió mantener su identidad en reserva— comenzó a visitarla esporádicamente. Según su relato, Laura le confesó que tenía miedo de vivir en ese lugar. “Le pregunté qué sucedía, pero me respondió que no me podía decir mucho porque después le pegaban adentro. Ella, desde muy chica, sufrió bastante con su familia. De sus hermanastros, dos fallecieron. Uno se suicidó y al otro lo asesinaron por temas de drogas. También tiene un hermanastro que está preso en otro país”, afirma el familiar. 

Hoy, Laura tiene 22 años. Vive en la calle, es adicta a las drogas y abandonó tanto la residencia familiar como sus estudios. Con eso, también quedó fuera del sistema de protección estatal, por lo que su causa en el Tribunal de Familia fue cerrada de manera definitiva.

A través del mismo familiar, V240 logró contactarla para conocer su testimonio. Laura aceptó con una condición: que le compraran ropa y un par de zapatillas.