Luis Cordero, ministro de Justicia: “Gendarmería requiere de más atención y no solo denuncia”

“Es un trabajo de mucha intensidad, de lunes a lunes, donde hay debates públicos que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano. Este sector es muy intenso”, dice el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero. A un año y medio de haber asumido como titular de la cartera, el abogado experto en políticas públicas recibió a V240 en su oficina, en medio de su atareada agenda, en lo que es la primera entrevista que un ministro da a un medio universitario.

Cordero profundizó en temas críticos, como el aumento de las mujeres privadas de libertad en el país y los casos de corrupción en las cárceles. También dijo que “no hay razones” para limitar la investigación del “caso Hermosilla” y ahondó en la necesidad de mejorar los mecanismos institucionales de transparencia.

-Recientemente mencionó al diario El País que “la situación de la privación de libertad está aumentando en todo el mundo, pero en el caso de las mujeres en Chile es significativamente superior a cualquier otro lugar”. ¿Por qué cree que ocurre esta situación?

“Hemos casi duplicado el número de mujeres privadas de libertad en el último tiempo. Cerca de 55% de las mujeres privadas de libertad lo están por la Ley de Drogas y, en el caso de los hombres, ese delito gira en torno al 15%; es decir, es un tipo de delito muy prevalente en la población femenina. Hoy, en el caso de personas extranjeras que cometen delitos, existe la imposibilidad de expulsión hasta que no cumplan la sentencia, lo que provoca que tengamos una gran congestión en el sistema penitenciario en el norte del país, porque hay un grupo muy significativo de mujeres extranjeras privadas de libertad que habitualmente son transportistas y, en muchas ocasiones, son víctimas de trata de blancas. Esto ha hecho que el número de encarcelamiento femenino en Chile sea muy superior al que puede existir en cualquier otra parte de América Latina”.

“Hay un fenómeno adicional -agrega-: cerca de 90% de las mujeres que ingresan a la prisión son jefas de hogar y prácticamente todas son madres. Es un tipo de población que recibe menos visitas que la población masculina, porque en muchas ocasiones son abandonadas o, en otras, suelen tratar de mantener a sus hijos alejados de la normalización de la cárcel. Entonces, el impacto social es mucho más complejo”.

-El juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, realiza visitas permanentes a Santiago Uno y en uno de sus últimos informes denunció que existen maltratos físicos, extorsión bajo amenaza, puntos de venta de armas, droga y alcohol, además de poca vigilancia nocturna de Gendarmería, cámaras con puntos ciegos e incluso casos de corrupción. ¿Usted ha podido constatar estas deficiencias?

“Hay pocas infraestructuras públicas que sean tan observadas como la cárcel. La visitan los jueces porque tienen una obligación legal y, por lo tanto, emiten estos informes. Los fiscales judiciales también emiten sus informes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también, el Comité de Prevención contra la Tortura también. Entonces, la cárcel es un espacio muy visitado. Para el Ministerio de Justicia es tan relevante el informe del juez Guzmán como el que puede hacer el fiscal de la Corte Suprema. De hecho, una de las recomendaciones de mejores políticas en materia de derechos humanos, es mantener permanentemente observados los recintos penitenciarios. A partir de esos informes, Gendarmería tiene mecanismos de seguimiento con los propios jueces que hacen las visitas”.

-Respecto al motín ocurrido el pasado 5 de junio en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago, donde participaron miembros del Tren de Aragua, ¿considera que ha habido un cambio de liderazgo dentro de las bandas de crimen organizado o que estas controlan las cárceles?

“Esa última afirmación la descarto completamente. Y la rechazo. Actualmente existe una cierta perversidad en el discurso público que apunta a la idea de que necesitamos una crisis carcelaria. Gendarmería efectivamente ha estado desafiada en el último tiempo. Hoy se tiene la tasa de personas privadas de libertad más alta en la historia del país (…). En los últimos 25 meses, pasamos de 41.000 a 56.000. No solo es la cantidad, sino que la velocidad de crecimiento. No hay registro previo y creo que es difícil para cualquier país del mundo tener la capacidad para absorber ese número en tan poco tiempo. Esto provoca una alta congestión penal, lo que está acompañado de un cambio de perfil de las personas privadas de libertad. Esto solo es posible saberlo, porque Gendarmería tiene un control directo de lo que sucede en la cárcel. Las cárceles son espacios donde se dan dinámicas por el encierro y otro tipo de situaciones de violencia o tensión y, por eso, tener cárceles sobrepobladas es un problema de seguridad, no solo de derechos humanos”.

“Las soluciones son siempre complejas y, lo que ha sucedido en estos días, son desórdenes muy intensos en la cárcel de máxima seguridad protagonizados por extranjeros. Porque es una cultura criminal distinta, que ha llevado al Estado a reforzar sus políticas de máxima seguridad. Son personas que tienen contacto con sus visitas a través de locutorios, que tienen condiciones de patio que están relativamente acotadas y el Estado en eso no va a ceder”.

“LA CÁRCEL SE HA TRANSFORMADO EN UN ESPACIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL”

-Hace unos días, 10 gendarmes fueron detenidos por tráfico de armas y otros delitos. ¿Cree que la institución necesita una reestructuración ante este nuevo escenario de bandas de crimen organizado dentro de los penales, donde el personal puede estar más expuesto a la corrupción?

“Gendarmería está viviendo un proceso de modernización y, además, hay que mirar su mecanismo de adaptación constante. La paradoja es que estamos todos involucrados en una discusión sobre la agenda de seguridad para fortalecer a las policías y la persecución criminal del Ministerio Público, pero olvidamos que, si queremos hacer un sistema eficaz, el tema del cumplimiento penitenciario tiene que ser relevante. Las capacidades del Estado no son infinitas para tener plazas, por lo tanto, hay que administrar eficientemente el espacio y la gestión de la prisión”.

Cordero explica que “la cárcel se ha transformado en un espacio de investigación criminal. Provee de información muy importante para desbaratar organizaciones criminales, por eso la manera en que tradicionalmente el país mira a Gendarmería tiene que cambiar y entenderla como una organización que tiene estos propósitos útiles para la sociedad, que está en un proceso de modernización y que, por lo mismo, requiere de más atención y no solo denuncia”.

Respecto a las organizaciones criminales, añade que “no funcionan sin corrupción, y los riesgos de corrupción que generan son muy altos en todo el sector público. Las organizaciones criminales no se pueden afincar en una sociedad sin que se les permita corromper funcionarios e inyectar recursos ilícitos a la economía, por eso el sector privado también tiene que estar preocupado”.

“La línea de justicia siempre es un sector muy expuesto. Gendarmería es uno de ellos y ha comenzado ahora una política de tolerancia cero. Los casos que se han investigado y que han terminado con resultados por parte del Ministerio Público provienen de denuncias de Gendarmería. Es doloroso, porque ninguna institución quiere ver a sus funcionarios involucrados en casos de corrupción, pero es la única manera de abordarlo adecuadamente”, dice.

-Tras el revuelo del “caso Hermosilla”, como abogado, ¿cree que es conveniente que se conozcan los chats que contiene su celular? ¿Considera que estos casos contribuyen al descontento social?

“Todos los hechos constitutivos de delito tienen que investigarse y no le hace bien a un sistema institucional ponerle ‘peros’ a una investigación. En el largo plazo, la sociedad se ve beneficiada con su sistema de justicia independiente. No hay razones para limitar esa investigación, pero también exige por parte de todos quienes participan del debate público ser leales cuando se están desbaratando redes de corrupción. Los ciudadanos pueden y deben sentir genuina indignación al ver a quienes, estando mandatados para servir el interés general, en realidad están cumpliendo y gestionando intereses particulares y espurios de otra naturaleza. Para que esas investigaciones tengan resultados, se necesita tener instituciones fuertes. En el camino, uno tiene que gestionar la indignación, pero lo que no puede pasar es que esas investigaciones no se lleven a cabo”.

DENUNCIA POR NARCOPOLÍTICA: “SE TERMINA POR PERJUDICAR TODO EL SISTEMA POLÍTICO”

-Respecto a la designación de jueces por parte de ministros de la Corte Suprema, ¿cuándo se concretarán medidas para garantizar la transparencia en esos nombramientos?

“El Poder Judicial ha estado implementando medidas a favor de la transparencia, pero evidentemente estamos en un momento donde existe un consenso de que hay que cambiar el sistema de nombramientos y hacerlo eficaz. Yo creo que la pregunta dolorosa no es si queremos hacer cambios, porque la respuesta es sí. La pregunta genuinamente importante es si sustraemos o limitamos el rol de la política en el proceso de los nombramientos, cuánto vamos a reducir el rol de la política o, derechamente, la supresión de su rol en el proceso de nombramiento de jueces”.

-Y en cuanto a la intención de una mayor transparencia desde los poderes del Estado, ¿cuál es su opinión respecto a las declaraciones de la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei sobre que existe “bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco”. ¿Usted ha tenido antecedentes de este tipo?

“No. Mi visión es que hay que ser bien responsable en esto. La alcaldesa Matthei es funcionaria pública y tiene un deber de denuncia. Es un hecho de que hay alcaldes involucrados en casos de corrupción vinculados a financiamiento ilícito, como es el caso del alcalde Aguilera. Ahora, ¿ese caso son los “muchos casos” a los cuales hace mención la alcaldesa Matthei? Lo desconozco y si ella tiene antecedentes, creo que es conveniente que los entregue, pero no simplemente por un emplazamiento, sino porque genuinamente es relevante que los entregue. Cuando se hacen acusaciones tan graves en términos tan genéricos, siempre se cree que el problema está al frente y, en verdad, se termina por perjudicar a todo el sistema político y, por lo tanto, alejar aún más a las personas del escrutinio del funcionamiento del sistema democrático”.

-En ese sentido, ¿considera que una solución sería que se concretara el levantamiento del secreto bancario?

“Si estamos todos de acuerdo en que las organizaciones criminales están avanzando en el país, lo que hay que hacer es generar más mecanismos de prevención. El Ejecutivo ha presentado un proyecto, el de inteligencia económica, que además recoge las mejores prácticas del extranjero y debiera permitir el acceso al secreto bancario para garantizar el funcionamiento adecuado de los mercados. Sin embargo, la oposición, históricamente, ha votado en contra de todas las iniciativas del secreto bancario, pero sí estamos de acuerdo en detener la expansión del crimen organizado y que hay que tener cuidado por los efectos de la corrupción y por el daño que le puede hacer a una economía inyectar plata ilícita”.

PUNTA PEUCO: “EL ESTADO NO TIENE LUGAR DONDE TRASLADAR A ESAS PERSONAS”

-En su primera Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación del Plan Nacional de Búsquedas y, el año pasado, dijo que se reforzaría el Servicio Médico Legal para darle más fuerza al proyecto. ¿Cuáles son los avances concretos del plan hasta hoy?

“El plan tiene una gobernanza, que es el Comité de Seguimiento. Es la primera vez que el Estado asume una responsabilidad de la búsqueda directamente y primera vez que los familiares participan activamente en ese proceso. De hecho, ellos cumplen un rol muy activo en el Comité de Seguimiento. En la actualidad están identificados los sitios prioritarios, se está avanzando con el Servicio Médico Legal y en la digitalización de documentos, tenemos que procesar alrededor de 10 millones de documentos, y por eso se está trabajando con Inteligencia Artificial. El plan tiene muchos avances, está diseñado y estructurado como una política permanente y ha tenido el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria”.

-En relación al proyecto de expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad para transformar este espacio en un centro de memoria, ¿cómo se va a asegurar que esta iniciativa no quede dormida en un eventual gobierno de derecha o ultraderecha?

“El proceso de expropiación ya se inició, está solicitado el oficio y se está gestionando por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene la atribución. Es una expropiación que nosotros esperamos ejecutar durante esta administración y tiene un propósito, que es construir en ese lugar un sitio de memoria. El Ejecutivo ha avanzado en una agenda de derechos humanos que debe ser considerada una política permanente por parte del Estado. Lo de Colonia Dignidad es una vergüenza de los últimos 60 años en Chile; no solo son los crímenes de la dictadura cometidos en ese lugar, son los crímenes que ocurrieron contra las personas que vivían en situaciones de semiesclavitud en un sistema que, además, toleró la denigración de la dignidad humana, además de los delitos de abuso sexual. Colonia Dignidad representa esos momentos oscuros, que la sociedad chilena tiene que tenerlos muy presentes para ver lo que fue capaz de tolerar y defender por algunos sectores”.

-Usted descartó cerrar Punta Peuco. ¿Han habido nuevas conversaciones al respecto en el gobierno?

“Solo le puedo decir una cosa: hoy tenemos un problema de sobrepoblación (carcelaria). En materia de Derechos Humanos, el Estado sigue condenando y las personas siguen ingresando a cumplir condena en Punta Peuco o en Colina, que son los dos lugares donde está la mayoría de las personas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad. Es un tipo de población penal que tiene determinados rangos de edad. El Estado no tiene lugar donde trasladar a esas personas en la actualidad. Punta Peuco es un centro penitenciario y recibe el tratamiento como cualquier otro”.

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📹 AQUÍ PUEDES VER PARTE DE LA ENTREVISTA AL MINISTRO LUIS CORDERO