Según datos obtenidos vía transparencia, al 30 de septiembre del 2021, cerca de 14 mil personas se encontraban privadas de libertad a causa de la medida cautelar. Un número que esconde una preocupante brecha de género en su aplicación, además de un periodo de espera a la sentencia que incluso puede superar los dos años.
Por Kevin Reinoso S. y Nicolás Villagra C.
7 de Enero de 2022
El pasado 20 noviembre del 2021, el nombre de Oriel Vergara fue protagonista de la crónica policial en la región de Tarapacá. Su historia fue replicada en distintos medios tras conocerse la sentencia que lo absolvió de todos los cargos tras ser acusado de homicidio frustrado contra el inspector de la Policía de Investigaciones, Hans Kay.
El caso se originó tras una supuesta balacera ocurrida en la población Raul Rettig de Alto Hospicio en 2017. Tras un largo periodo de diligencias, la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, determinó que “no se puede considerar demostrada la participación del enjuiciado en la misma (balacera), dada la ausencia de insumos probatorios suficientes a tal fin, máxime si existe prueba de cargo en contrario, que controvierte los dichos testimoniales y análisis periciales y demás prueba rendida, durante la investigación y el juicio, existiendo por ello una duda más que razonable sobre la ocurrencia de los sucesos”. Vergara estuvo cuatro años y ocho meses en prisión preventiva a la espera de esta resolución judicial.
Según datos solicitados a Gendarmería de Chile vía transparencia, al 30 de septiembre de 2021, 14.301 imputadas/os estaban privadas/os de libertad fruto de la medida cautelar de prisión preventiva. La cifra representa un 36,6% del total de 39.008 reclusos y reclusas del país, lo que según el magíster en ciencias jurídicas de la Universidad de Stanford, Mauricio Duce, está por sobre los estándares internacionales que proponen organizaciones de derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Organización de los Estados Americanos (OEA), plantean que esta medida cautelar debiera explicar entre el 10 y 15% de la población carcelaria total.
Tráfico de drogas, homicidio y robo con intimidación son los principales delitos por los que los jueces decretan prisión preventiva en Chile. De los afectados por la máxima cautelar, 7.724 están en encarcelamiento provisorio entre 0 a 6 meses, y 3.400 de 6 meses a 1 año. Asimismo, hay 2.575 casos de personas que llevan entre 1 a 2 años en prisión preventiva, y son 602 los reclusos y reclusas que llevan más de 2 años esperando la decisión final de un juez.
El abogado y jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública (DPP), Tomás Pascual, es claro en cuestionar el uso excesivo de la medida cautelar. “La DPP lo ha señalado de manera reiterada: existe un uso indiscriminado de la prisión preventiva, o un uso abusivo de la misma. Se suele usar bajo criterios más bien automáticos o fines preventivos generales”.
En la misma línea, Pascual explica que “los casos en que las personas sometidas a prisión preventiva eventualmente son absueltas, o terminan cumpliendo condena fuera de la cárcel, deberían ser excepcionales, pero lo que vemos es que un grupo considerable de quienes pasan por esta medida cautelar, son absueltos o puestos en libertad vigilada/condicional”.
Diversos especialistas consultados concuerdan en que el decreto de prisión preventiva se solicita y aplica más por la gravedad o reiteración del delito acusado, que por existir peligro de fuga. “El uso de la prisión preventiva es más una regla general que una excepción -como se esperaría idealmente, por ser el recurso cautelar más alto que existe-, y ahí está el problema”, puntualizó el Jefe de Unidad de Derechos Humanos DPP.
Mauricio Duce, director del Programa de Reformas Penales y Litigación de la Universidad Diego Portales, cuenta que el alto porcentaje de imputados en prisión preventiva es un antiguo dilema en Chile. Según explica Duce, para inicios de los años 2000, la población penal a la espera de sentencia era mucho más alta que ahora. Siendo solo una de las falencias del sistema que motivaron la Reforma Procesal Penal.
No obstante, el académico de la UDP comenta que los años que siguieron a la implementación de la reforma coincidieron con una baja en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía. Esto hizo reflotar propuestas del llamado populismo penal, exigiendo mayores penas y castigos hacia quienes delinquen como solución al aumento de la criminalidad. Pero según Duce, las leyes que ampliaron las causas para declarar prisión preventiva, estuvieron lejos de frenar los indicadores de incidencia delictiva. No solo eso. Mermaron progresivamente los avances en derechos humanos del nuevo sistema y aumentaron el hacinamiento en las cárceles.
En la región de Tarapacá suceden dos escenarios singulares pero representativos de un conflicto: con un 51,3%, es la región con mayor porcentaje de población penal en prisión preventiva; y su proporción de mujeres bajo dicha medida cautelar es de un 18,6%, el doble del promedio de la proporción mujer/hombre a nivel país (9,2%).
En enero del 2014, un estudio desarrollado por la CIDH y OEA bajo el nombre Mujeres y drogas en las Américas, daba cuenta del aumento progresivo de mujeres encarceladas en las últimas décadas, situación vinculada directamente con el narcotráfico. Un escenario que se refleja en la región de Tarapacá, donde los delitos vinculados al microtráfico o receptación de drogas explican el 92% de casos de mujeres en prisión preventiva.
María Jesús Fernández, abogada y directora de la Red de Acción Carcelaria (RAC), recalca la brecha de género existente en el uso de la prisión preventiva. “La tasa de uso de prisión preventiva en mujeres es más alta que en hombres, y es casi sin explicación porque las mujeres en Chile cometen menos delitos y cometen delitos menos violentos, eso es incluso tendencia mundial. Yo creo que se explica con que las mujeres están involucradas en más delitos de droga. Pero también si uno analiza, no son las grandes mandamases de las redes de narcotráfico, en general tienen roles menores”, sostuvo la jurista.
Fernández agrega que lo de Tarapacá se explica por la habitual situación de vulnerabilidad socioeconómica vinculada a estos casos. “El delito de droga es como un delito de supervivencia, que en general permite a la población femenina ejercer labores de cuidado”, concluye la también Magíster en Justicia Criminal.
Para rectificar la carga social y de género en la prisión preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugiere utilizar medidas de detención alternativas en los casos que las imputadas se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: tener un hijo en periodo de lactancia, estar embarazada, tratarse de una mujer jefa de hogar, presentar edad avanzada o una enfermedad grave. En estos escenarios, la CIDH recomienda considerar otras medidas cautelares, como libertad vigilada y arresto domiciliario monitoreado con pulseras electrónicas. En la actualidad, Chile no impone límites de tiempo para la prisión preventiva, ni tampoco contempla consideraciones especiales para alguna de las circunstancias mencionadas.
Invisibles, ¿hasta cuándo?, un estudio internacional elaborado por las organizaciones humanitarias Gurises Unidos y Church World Service, evidenció que cuando el padre es privado de libertad, la mayoría de los niños siguen recibiendo los cuidados de sus madres. Pero que cuando el encarcelamiento es materno, la cantidad de niños que sigue viviendo en sus hogares baja radicalmente, exponiéndolos a una mayor vulnerabilidad.
El caso de Lorenza Cayuhán, quien dio a luz en 2016 con grilletes y acompañada de un gendarme, inició en nuestro país una discusión sobre las condiciones de las madres recientes y mujeres gestantes en las cárceles del país. Un año más tarde, ingresó al Congreso el proyecto conocido como Ley Sayén, en referencia a la hija de Lorenza.
El texto propone suspender la prisión preventiva y sentencias de cárcel para las mujeres que estén embarazadas o que tengan hijos menores de tres años hasta que ellos cumplan dicha edad. Si bien la iniciativa no ha avanzado en su trámite legislativo, el Presidente electo, Gabriel Boric, señala en la página 198 de su programa de gobierno, que promoverá la aprobación de la Ley Sayén.
Sobre la posibilidad de ampliar el uso de medidas cautelares alternativas como el arresto domiciliario monitoreado por una tobillera rastreadora, Tomás Pascual de la Defensoría Penal Pública, asume que su implementación implica un desafío de tiempo, recursos y también voluntad política. “El problema que tenemos para controlar medidas cautelares menos gravosas lo termina cargando la prisión preventiva, porque es más sencillo dejar a esa persona metida dentro de un centro penitenciario, donde el control va a ser mucho más fácil que hacer un despliegue material de unidades policiales para verificar que la persona esté en su domicilio efectivamente y no quebrante la medida cautelar”, sostiene el abogado.
Por Valentina Urbina, Lizbeth Cifuentes y Camila Céspedes
Por Francisca Oliva y Safka Parraguez
Suscríbete a nuestro NEWSLETTER
📧 Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a [email protected]
📲 También puedes llamarnos al +56226762000
