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19 de Junio del 2021

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Uso y abuso de la prisión preventiva en Chile

Uso y abuso de la prisión preventiva en Chile

OPINIÓN | Por Luna Angel y Rodrigo Verdejo

En las históricas elecciones de este 15 y 16 de mayo participaron más de 6 millones de personas a lo largo de Chile. Sin embargo, existe una parte de la población que, conservando su derecho constitucional al sufragio, fue marginada de las votaciones e imposibilitada de participar en este proceso democrático: quienes cumplen prisión preventiva en las cárceles del país. Una medida cautelar que suma cuestionamientos por ser aplicada en forma desmedida, generando efectos profundamente negativos entre quienes ingresan al sistema penal.

 

Por Luna Angel y Rodrigo Verdejo

El 5 de mayo de este año, senadores de oposición presentaron un proyecto de ley que buscaba modificar el uso desmedido de la prisión preventiva en Chile. Una iniciativa que, según revelan los datos, es urgente. Entre las modificaciones al Código Penal, los senadores Francisco Huenchumilla, Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro y la ex presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz proponen reservar la prisión preventiva sólo para los delitos investigados que tengan una pena cuya duración sea mayor a la de presidio en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días.

De acuerdo con el Código Penal, en Chile, la prisión preventiva es la medida más gravosa de nuestra legislación y, conforme al derecho internacional, se caracteriza por su naturaleza excepcional. Sin embargo, Gendarmería da cuenta que un 36,5% del total de la población penitenciaria, corresponde a personas que cumplen actualmente prisión preventiva. Esto es 14.127 personas de un total de 38.749 internos en el subsistema cerrado de Gendarmería.

El uso de la prisión preventiva por parte de los Juzgados de Garantía y el Ministerio Público ha crecido de forma significativa en los últimos años. Gendarmería registra un alza en esta medida cautelar de 15 puntos porcentuales entre los años 2010 y 2021.  Hoy, más de un tercio de las personas privadas de libertad están sólo como imputadas en alguna cárcel del país.

Es importante no perder de vista este dato cuando se discute acerca de los preocupantes indicadores de hacinamiento, sobrepoblación y condiciones de habitabilidad del sistema penitenciario. En el último Estudio de Condiciones Carcelarias del 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informa que al menos 42 unidades penales superan el 100% de su máxima ocupación: en esos recintos hay más presos que plazas disponibles.

A la luz de los datos, la prisión preventiva no es una medida excepcional para salvaguardar el proceso de investigación en contra de las personas imputadas; se utiliza como un castigo arbitrario y previo a cualquier sentencia, lo que pone en entredicho los compromisos internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos.

En un balance del 2018 entregado por la Defensoría Penal Pública (DPP), se consignó que en la última década creció en un 90% el número de personas que fueron absueltas luego de estar recluidas durante el proceso de investigación. Tan sólo en ese año, más de 3 mil personas cumplieron esa medida cautelar sin ser declaradas culpables posteriormente.

Estar privado de libertad por un delito que no se cometió tiene múltiples y profundas consecuencias en la vida de las personas. En lo material, las personas que estuvieron en prisión preventiva sufrieron una reducción del 10% en las remuneraciones que recibieron una vez depuesta la medida cautelar. Sus expectativas laborales también resultaron afectadas: la posibilidad de optar a un empleo formal cae en un 6%. Esto en ningún caso los ayuda en su proceso de reinserción, sino que los condena a una vida de marginación y vulnerabilidad.

En el Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “la estadía en la cárcel empeora las condiciones de vida de las personas pobres privadas de libertad, y también de sus familias, quienes ven agudizada aún más su situación de exclusión y enfrentan mayor vulnerabilidad”.

Con el proceso constituyente en marcha, se abre una posibilidad inédita para revisar cómo se aplica la prisión preventiva en Chile. El uso excesivo y las consecuencias negativas que conlleva esta medida cautelar impactan directamente en la vida de personas que no dejan de ser sujetos de derecho por haber sido parte del sistema penitenciario. En ese sentido, el abuso de la prisión preventiva por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público atenta contra los derechos humanos de los individuos a quienes se somete con esta medida, toda vez que significa una vulneración grave e irreparable en contra de su dignidad.

La pandemia desnudó la descarnada realidad que se vive en las cárceles chilenas: hacinamiento, precariedad y violencia son la punta del iceberg de un fenómeno mucho más complejo y multidimensional.

 


Esta columna fue desarrollada en el contexto del curso de “Derechos Humanos para un mundo desafiado”, impartido por la académica Mónica Maureira.
Foto de Tim Hüfner en Unsplash

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