El estallido social de 2019 cambió las calles. De acuerdo con cifras entregadas por Carabineros, solo entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, se llevaron a cabo 4.302 manifestaciones y 5.885 situaciones de desorden público a lo largo del país. De ellas, en la Región Metropolitana se realizaron 796 concentraciones, afectando a comunas como Providencia (149), Puente Alto (118), Ñuñoa (50) y Santiago Centro (45), sectores en donde se presenta mayormente el comercio ambulante.

A esto se sumó la llegada de la pandemia de Covid-19. Tras las primeras cuarentenas establecidas desde el 25 de marzo de 2020, las restricciones de desplazamiento se fueron extendiendo por gran parte del territorio, provocando que el comercio callejero estuviera casi ausente. Recién en julio de 2020, el plan Paso a Paso determinó el desconfinamiento de las comunas, permitiendo que miles de mujeres que trabajan en la vía pública pudiesen salir a generar ingresos.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile existen más de 260.000 personas que realizan labores en las calles de manera informal, de las cuales el 54,4% son mujeres. Cecilia Cifuentes, economista e investigadora del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, explica que la informalidad laboral puede ser categorizada en dos grupos: quienes trabajan por cuenta propia, sector en el que se encuentra el comercio ambulante, y un segundo grupo que corresponde a microempresas con menos de 5 personas, lo que ella asocia a “puestos informales”.

Un 59,7%  de las personas que trabajan en comercio ambulante no tiene su negocio registrado en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Un 57,2% no cotiza en el sistema de salud, mientras que el 79,3% tampoco lo hace en alguna AFP. 

Según la Dirección del Trabajo en el informe “Informalidad laboral: Conceptos y mediciones”, las trabajadoras del comercio informal son la muestra más visible de la ausencia de derechos sociales: sin acceso a indemnización por despido, escasa o nula seguridad y protección social, poco resguardo del respeto de jornadas de trabajo, entre otras. 

Aunque no existen registros oficiales que especifiquen los ingresos del comercio informal, la economista Cecilia Cifuentes afirma que cerca de la mitad de las personas que se dedican a trabajos informales ganan 200.000 pesos mensuales, cifra menor al sueldo mínimo que desde mayo de 2021 se establece en los $337.000 pesos.

¿Cuáles son las vivencias de las mujeres que trabajan en la calle? ¿A qué riesgos se han expuesto en los últimos meses? ¿Cómo han intentado salir adelante? Aquí te presentamos historias de mujeres que día a día buscan el sustento familiar en el comercio callejero.

Luchando en la vereda

Con el inicio de la temporada de invierno y lluvias, la movilidad en el centro de Santiago baja su frecuencia. Para un gran número de personas transitar por el Paseo Ahumada es solo un paso para llegar a sus trabajos, en su mayoría bajo un techo que les permite cubrirse de la lluvia. Pero para María Elena Coronado (59) esta época refleja los verdaderos sacrificios que debe hacer para mantenerse ella y a su familia.

“Con lluvia nos mojamos todos porque acá se inundan la calles”, comenta María Elena sobre la nula mantención del alcantarillado en el centro de la capital. Hace más de siete años que debe llegar antes de las 10 de la mañana a instalar su puesto de frutas, verduras y frutos secos, ubicado en la intersección de la calle Huérfanos con Morandé. A costa de todo pronóstico, ella abre su puesto y espera lo mejor para ese día. “Tengo que trabajar igual”, sentencia la comerciante, reconociendo que un día sin ingresos puede ser perjudicial a fin de mes.

Antes de llegar a trabajar a la calle, Maria Elena sufrió 13 años de violencia por parte de su pareja. Para salir de esa relación y para mantener a sus cuatro hijos, entró al mundo de la informalidad, vendiendo lentes en el Paseo Ahumada. Ella no tiene estudios o título que le permitan acceder fácilmente a un trabajo formal, pero en busca de mejores oportunidades acudió a la Municipalidad de Santiago para optar a una patente que le permitiera establecerse en el sector sin tener problemas con el espacio o con Carabineros.

Después de dos años y el pago de 120 mil pesos, se le entregó la patente de vendedora de comida como parte del plan Elige Vivir Sano. Actualmente sigue pagando semestralmente este permiso, pero ella declara que ahora su costo subió a los $230 mil. Si bien la patente le aseguraba un lugar de trabajo fijo, no la saca de su condición de comerciante informal. María Elena no cotiza ni tampoco cuenta con algún tipo de protección social en su trabajo. 

Antes de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, María Elena llegaba a ganar 200.000 pesos diarios. Actualmente sus ingresos disminuyeron en un 40%. Gran parte de las ganancias van destinadas al pago del arriendo, que incluido los gastos comunes implican alrededor de 250 mil pesos, monto que recauda con dificultad cada mes. “No me queda ni para ahorrar 10 mil pesos en el banco o para comprarme un helado”, sentencia.

La patente tampoco le permite dejar su puesto durante sus horas de trabajo. María Elena ya ha recibido dos partes de aproximadamente 180 mil pesos por dejar el carro solo y amarrado, mientras consigue un lugar para ir al baño. “No tengo derecho a ir al baño, hubiera sido lo mismo si lo dejo el carro con mi hijo menor de edad o tapado, me ponen un parte igual”, sentencia.

A diferencia de María Elena, Laura Meza (48) no tiene patente para trabajar en la calle. Lleva cerca de 20 años dedicada a la venta de vestuario trabajando en diversas ferias libres, siendo las más recientes una ubicada en el sector de Matucana y el Persa Teniente Cruz en Pudahuel, comuna en la que reside actualmente. 

A pesar de que alguna vez Laura tuvo un empleo formal, ella admite que decidió dejarlo por no sentirse conforme con el ambiente laboral y el bajo sueldo que recibía en ese momento. Es así como llegó al comercio de ropa en la calle, trabajo que le ha permitido mantener a sus dos hijas, además de compatibilizar sus tiempos para asumir sus responsabilidades como madre. “Con esto le he dado lo mejor que puedo a mis hijas”, declara Laura sobre la relevancia que ha tenido su puesto en la calle.

Entre mayo y julio de 2020, meses con altas cifras de contagios y marcados por el confinamiento, los ingresos de Laura no superaban los 30 mil pesos por día. Actualmente la cifra ha aumentado un poco, llegando a los 70 mil pesos diarios. Aún así, Laura es consciente que estas ganancias varían según el mes. “Te puedes ir con $1.000, con $10.000, o como llegaste. Es muy relativo”, agrega.

La Fundación Sol expone en su estudio PRODEMU: Encuesta Nacional Condiciones de Trabajo, hogar y salud durante la pandemia del COVID-19 (2021), que un 40,4% afirma que alguien de su hogar ha disminuido sus ingresos, de este el 89,8% corresponde a mujeres.

Laura llega a las 6 de la mañana a su puesto en Matucana, dos horas más temprano que antes de la pandemia. Como no tiene patente, su puesto de trabajo no es fijo y madrugar le asegura tener un buen lugar. espacio suficiente para vender. “Acá los puestos se los pelean, se arman riñas, de combos, de palabra. Incluso se llega al arma blanca”, confiesa.

Una situación similar vive María Elena en el Paseo Ahumada. “Esto se volvió una competencia”, explica la comerciante, sobre el aumento de personas que se quedaron sin trabajo y se establecen hoy a vender sin patente. Además acusa poca presencia de Carabineros, lo que incide en una menor fiscalización al comercio ambulante. “Esto se volvió unas calles sin ley”, afirma Coronado.

Ante esta competencia, María Elena también optó por reinventar su negocio, adquiriendo productos como calendarios, posters de artistas e incluso mascarillas, que por su patente no puede vender, pero que comercia con la ayuda de su hijo. De acuerdo con el informe “Comercio informal en Chile: 6 claves para el debate” publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, quienes ejercen en el sector informal suelen presentar menores niveles de educación y menores ingresos que su contraparte formal, incluso llegando a tener ingresos menores al sueldo mínimo. Una realidad que María Elena busca cambiar para sus hijos, apostando a entregarles una buena educación y que así no dependan de la calle. “No los quiero ver aquí sentados”, sentencia.

Laura también se angustia al pensar en el futuro, especialmente ante la baja de sus ingresos. “Es muy tentador ser comerciante, porque tienes plata todos los días”, comenta, destacando que ella siempre ha sido organizada con sus dineros. Aunque ahora la pandemia provocó muchos gastos e inversiones que no contemplaba. “Yo no me proyectó, yo trabajo el día y vivo el día”, concluye.

Mujeres al filo de la precariedad

Cuando se enteró que estaba embarazada, Luz Carranza (34) no tenía un trabajo estable, ni tampoco el apoyo del padre de su hija. Antes del 18 de octubre del 2019, se dedicaba a vender artesanías y ropa modificada en Quinta Normal. Tras la falta de clientes durante ese periodo, tuvo que darle un giro a su trabajo y vender ropa reciclada en la misma comuna, negocio con el que actualmente gana máximo 10.000 pesos por día. 

En 2019, al segundo mes de embarazo Luz se enfermó de una infección renal y tuvo que pasar tres meses en cama. Como su trabajo es informal, no recibió ningún tipo de ingreso durante ese tiempo y tuvo que endeudarse para pagar las cuentas de la luz y agua. 

Luz es de nacionalidad peruana y llegó a Chile hace 8 años, pero durante la gestación tuvo un inconveniente con su pasaporte, lo que dificultó el proceso de renovación de su cédula de identidad chilena. Demoró casi dos años en obtener el documento y la residencia, hecho que le impidió acceder a beneficios sociales, ser parte de Fonasa durante su embarazo y el primer año de su hija. “No tenía un seguro laboral que cubriera los gastos mientras estaba enferma”, asegura Luz, quien tuvo que vender todas sus pertenencias para comprar alimentos y pagar deudas.

Afortunadamente con los meses su infección mejoró, y aun adolorida, Luz salía a trabajar todos los días a la calle. Con casi 9 meses de embarazo se instalaba en el suelo con un paño extendido en donde colocaba su mercancía.

Una vez que la pequeña nació, y sin importar el frío o calor, Luz y su hija salen a la calle para intentar ganar un monto cercano al sueldo mínimo. El miedo al contagio por covid-19 está presente, al igual que a todos los peligros que implica estar con un menor de edad en la vía pública. “Desde que tuve a la niña he tenido que salir a vender con ella. Pero ahora que creció y camina es más difícil trabajar”, dice Luz.  

Tal como lo señala el informe “La contribución del diálogo social a la igualdad de género” (2020) publicado por la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo existen dos mil millones de personas que se ganan la vida en el mercado informal y las mujeres representan al 58%. Además tienen más probabilidades que los hombres de pertenecer a los segmentos más vulnerables de la economía informal.

Eleonora Nun, investigadora de Espacio Público, explica que gran parte de las mujeres que se dedican al sector informal suelen trabajar desde sus viviendas ya que necesitan estar cerca de quienes deben cuidar, ya sea hijos, padres, abuelos, etc. “En esta sociedad las mujeres tienden a estar a cargo de las labores domésticas y de cuidado, ambos no remunerados. Esta es una restricción a la hora de salir a trabajar lejos de sus casas”, afirma la investigadora. 

En Chile, según datos publicados por el INE en sus Boletines Trimestrales, desde el 2019 hasta la actualidad, las mujeres siempre han liderado las cifras de informalidad con respecto a los hombres.

Pero la pandemia cambió todo el ritmo laboral de Fabiola. Si bien ahora trabajaba desde casa y podía mantener a sus hijos protegidos, la baja movilidad y el establecimiento de cuarentenas hicieron que ella decidiera trabajar de noche, durante todo el toque de queda. Su comuna, Lo Espejo, estuvo cerca de cuatro meses en confinamiento total, en ese tiempo Fabiola logró establecer una clientela con las personas que al igual que ella trabajan toda la noche.

Aidee Collao (62) trabaja en el Paseo Ahumada en la comuna de Santiago vendiendo frutos secos y bolsas de tela. Desde hace más de 20 años que se dedica al comercio ambulante. Paga su patente, más de 60.000 pesos mensuales para guardar su mercancía en una bodega e invierte 400.000 pesos en sus productos.

Sus ganancias han caído a casi un cuarto de lo que obtenía previo al estallido. Confiesa que no ha recibido ningún bono ya que es parte del Registro Social de Hogares. Tampoco ha utilizado un retiro del 10% de la AFP ya que nunca cotizó. “No soy pyme. No soy pobre ni rica. Ni ahora ni nunca he recibido alguna ayuda del gobierno”, explica Aidee. 

Según la OCDE (2020) en su informe “COVID-19 en América Latina y el Caribe: Consecuencias socioeconómicas y prioridades de política”, cerca del 61% de los trabajadores y trabajadoras informales de Latinoamérica no tienen acceso a redes de seguridad laboral: seguro de cesantía, de pensiones y salud.

Este trabajo fue desarrollado por Simona Paranhos Sánchez e Ignacio Aguirre Rojas, alumnos de Periodismo UDP, como parte de su Proyecto de Título, guiados por el profesor Fernando Morales.