Desde la entrada en vigencia de la ley de aborto en tres causales, en septiembre de 2017, 46% de los obstetras se ha declarado objetor de conciencia. Entre ellos está María José Urzúa, quien revela las razones detrás de su decisión. En tanto, quienes sí participan en el procedimiento denuncian los obstáculos que enfrentan, como la ausencia de protocolos claros y la desinformación sobre la normativa.
Por Thiare Riquelme y Andrés Infante
31 de Marzo de 2025
El viaje comenzó en Chiloé. La niña de 12 años nunca había dejado la isla. Era octubre de 2017. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llevaba pocas semanas vigente. El Ministerio de Salud había elegido con pinzas al equipo a cargo de lo que los medios llamarían “el primer aborto en Chile”, bajo la causal de violación. La niña llegó aferrada a un peluche de Winnie Pooh. Había recorrido más de mil kilómetros junto a su madre con destino al Hospital San José, en Independencia.
“El argumento que dieron los médicos de Chiloé fue que no tenían los medios para hacerlo. Eso no era real. No existe lugar en Chile donde no se pueda evacuar un útero en el primer trimestre”, dice la doctora Marcela Caro, sentada en un rincón del casino del hospital, repleto de funcionarios en su hora de colación. La obstetra estaba presente el día en que llegó la niña. “Con el embarazo al borde del límite de las 12 semanas, el ministerio decidió no insistir con los equipos locales”, agrega. El caso debía resolverse en Santiago.
Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, conoce las cifras de memoria. Desde hace dos décadas, su organización monitorea las políticas de género en Chile. “Pensemos que gran parte de las usuarias de la causal violación son adolescentes y niñas. Un tercio de los casos (ocurrió) en el año 2023”, dice.
El aborto se realizó con éxito, pero días después una imagen editada del doctor a cargo del procedimiento, Gonzalo Rubio, con sus manos y bata cubiertas de sangre, se viralizó en redes sociales. El temor creció entre el personal: “Pensamos que iban a funarlo y también a otros médicos, si realizaban abortos en el futuro”, recuerda la doctora Caro.
“Al principio, hubo una sensación de que los abortos iban a ser masivos, cosa que no sucedió”, dice la doctora María José Urzúa, matrona en el Hospital Padre Hurtado desde hace 15 años. Hoy, 46% de los obstetras se declara objetor de conciencia. “La crisis que se pensaba, nunca pasó, pero las cifras de objeción nunca bajaron”.
Cualquier trabajador de la salud que participe en el quirófano para las pacientes de la Ley IVE, que despenaliza el aborto en tres causales, ya sea en un hospital público o privado, puede declararse objetor de conciencia y negarse a realizar el procedimiento por razones personales o religiosas. Según datos de la Corporación Humanas, los obstetras son quienes más se acogen a esta opción, con 45,8%, seguidos de los anestesistas (20,5%) y los técnicos paramédicos (13%). La causal de violación es la que lidera las objeciones en todas las áreas médicas.
“Para mí, la vida empieza desde el momento en que se une el óvulo con el espermio”, afirma la doctora María José Urzúa, objetora de conciencia en las tres causales. “Aunque la definición de cuándo comienza la vida es variable, yo creo que desde ese instante ya hay vida”.
Urzúa vivió el inicio de la implementación de la ley en 2017. Se tituló en la Universidad de los Andes, que se acogió a la objeción de conciencia institucional en 2018. Es católica, pero admite tener diferencias con la Iglesia. En un comienzo, relata que 70% de sus compañeros de trabajo en el Hospital Padre Hurtado objetaba. Sin embargo, en 2024 solo eran tres personas de 30 las que objetaban las tres causales. Ella se mantiene firme en su decisión. “¿Por qué soy objetora de las tres causales? Porque creo que la vida no la generamos nosotros, y por eso no podemos decidir cuándo termina”.
“Lo que está mostrando la objeción de conciencia es cuál es el carácter de valores que tiene el segmento de profesionales médicos ginecólogos”, comenta Álvaro Insunza, gineco-obstetra y expresidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG). “Es inevitable que los obstetras lideren este tema, porque son ellos quiénes están sentados frente al procedimiento, haciéndolo”.
Respecto a la causal por violación, Urzúa cree entender por qué es la que más objeciones genera, incluso entre colegas que sí realizan los otros procedimientos. “Es rara, porque no tiene que haber una denuncia de por medio. Además, es algo evitable, porque tienes la pastilla del día después y métodos anticonceptivos de base”. Luego agrega: “Es una guagua sana, que potencialmente puede crecer y no tener ningún otro problema”.
Mientras está en su oficina, Bernardo Muñoz, anestesista con 13 años de experiencia en el Hospital Félix Bulnes, donde se desempeña en los pabellones de parto del área de ginecología y obstetricia, recuerda un episodio ocurrido en 2017, cinco meses antes del inicio de la Ley IVE.
Una paciente llegó al pabellón en riesgo vital. “Estaba acostada, con las piernas abiertas y levantadas. El doctor colocó el espéculo vaginal -una especie de pinzas-, mientras la anestesista se preparaba y la paciente lloraba. Se debía realizar el procedimiento clave: la aspiración endouterina. Pero la anestesista, al borde de una crisis de pánico, ya no podía continuar. Tuve que ir en su reemplazo y se hizo el procedimiento. Lo que se hace es frío y crudo, pero no hay otra forma”, recuerda.
Aunque Muñoz no es objetor de conciencia, episodios como éste le recuerdan que el tema puede ser complejo. “Si un compañero no está dispuesto, yo entro y lo apoyo, ya sea emocional o físicamente”, dice. Para él, cada decisión es válida, siempre que tenga un fundamento.
“La mayoría de las veces no se ve nada, pero cuando te acercas a las 12 semanas, uno puede llegar a distinguir algunas partes, como embriones de 5 o 6 centímetros. La verdad, eso es incómodo”, dice la doctora Marcela Caro, que no es objetora de conciencia. “Hace poco, una colega nos contó que se le soltaron sus lágrimas, pero ella entendía que había una historia detrás. Es una situación difícil, pero no es la única que enfrentamos como ginecólogos. Es parte de nuestro trabajo”.
El procedimiento implica una alta carga emocional tanto para las pacientes como para los médicos, por lo que los hospitales ofrecen apoyo psicosocial. “Nosotros no tenemos las herramientas para acompañar el duelo. La parte del duelo, el recuerdo y todo eso, requiere mucha preparación para poder atender bien a esas pacientes”, dice María José Urzúa, la obstetra objetora del Hospital Padre Hurtado. A pesar de sus creencias, dice que entiende el dolor que implica vivir y hacer el procedimiento.
Generalmente, existe una falta de interacción entre los gineco-obstetras con sus pacientes, antes y después del aborto. Bernardo Muñoz, el anestesista, lo describe así: “El trato es más que nada técnico. La matrona ofrece un apoyo mucho más completo, porque son las que están más apegadas, mientras que el médico simplemente hace el procedimiento y chao”.
Para algunos, esta desconexión podría influir a la hora de apegarse al mecanismo de objeción. Tamara Pérez, matrona egresada de la Universidad de Santiago, comenta que “la relación con los médicos es mucho más distante. Las que estamos 100% con la usuaria somos las matronas. Los médicos solo dan las indicaciones y están en casos de urgencia”.
Marcela Caro, del Hospital San José, también destaca un problema de poder, sobre todo en la causal de violación. “Hay un acto muy médico de decir, yo tengo el control, aunque la verdad en todas las causales la decisión está en manos de las pacientes. Siempre la medicina ha sido paternalista, se asume que el profesional decide lo que es mejor para la paciente, en vez de ofrecerle el abanico de posibilidades y dejar que ella elija”.
Aileen Cortés, matrona y jefa de turno de la unidad de maternidad en el Hospital Sótero del Río, el segundo con más objetores en la Región Metropolitana (85%), donde trabaja hace 16 años, también ha enfrentado esta situación. “Les digo (a los objetores) que es su trabajo y que no cuento con otro profesional médico. Yo no puedo hacer un legrado (raspar el tejido del útero), no estoy capacitada para eso”, dice. “Si en ese momento está justo el objetor de conciencia, me queda decirle que tiene que hacerlo… Finalmente, ahí la paciente puede correr riesgo”.
Desde la Corporación Humanas, la directora Camila Maturana aborda el problema como una disputa ideológica que utiliza la objeción de conciencia “como una vía para eludir el cumplimiento de la ley (…). Por eso le ponemos tanta atención, porque era el riesgo por dónde se iba a obstaculizar el acceso a la ley de tres causales”.
La ley establece que “el Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios (…) y deberán asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo”. Sin embargo, aunque estos protocolos existen formalmente, su implementación en la práctica es irregular. Muchos recintos sanitarios no cuentan con uno o presentan deficiencias importantes. Un ejemplo es el Félix Bulnes, el hospital con más objetores de conciencia (93%) en la Región Metropolitana, que carece de un protocolo definido, según señalan trabajadores del lugar. Esta situación no es aislada: funcionarios de otros hospitales, como el San Borja, el Sótero del Río y el Luis Tisné, confirman que la falta de protocolos es un problema recurrente.
Ailen Cortés, matrona del Hospital Sótero del Río, explica que “al principio, varios recintos elaboraron listados de los objetores de conciencia (…). Aunque no hay un protocolo formal, con el tiempo uno va conociendo quién objeta y quién no”. Además, Cortés acusa que existe un desconocimiento entre el personal respecto a los alcances y procedimientos establecidos por la Ley IVE.
Estrella Villagrán y Camila Menares comparten la crítica. Matronas recién tituladas de la Universidad Diego Portales, ambas recuerdan que durante sus prácticas e internados en los hospitales San Borja y Luis Tisné “nunca te hacen averiguar sobre la ley, ni aprender los protocolos a seguir”.
Algunos profesionales señalan que los protocolos presentan fallas, especialmente en los casos de aborto por causal de violación. Según la Ley Dominga, se debe garantizar que las pacientes que han sufrido una pérdida gestacional sean atendidas en espacios separados de aquellas que se encuentran en trabajo de parto, con el fin de proteger su integridad emocional y física. Sin embargo, esta disposición no siempre se respeta.
Menares y Villagrán experimentaron situaciones que reflejan las fallas del sistema. Cuentan que las pacientes que tuvieron que acogerse a la segunda causal, inviabilidad fetal, debían ser llevadas a las salas de ginecología o de alto riesgo, pero la falta de cupos las obligó a quedarse en las salas de preparto. Ahí compartían espacio, separadas solo por una cortina, con pacientes en trabajo de parto o con sus recién nacidos. Villagrán comenta que “una estaba teniendo su aborto, viviendo ese momento con su esposo, mientras al lado había señoras pariendo”.
La situación de Menares fue un paso más allá: “Al lado tenía conectada al monitor a otra mujer con una gestación fisiológica de 40 semanas, y se escuchaban los latidos del bebé. Imagínate lo crudo y violento que pudo haber sido”.
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