La sequía no da tregua. Son más de 200 mil las personas que en la última década han tenido como única fuente de abastecimiento un camión aljibe que, con intermitencia, les suministra agua en poca cantidad y a veces en mal estado. La crisis abarca gran parte del territorio nacional, concentrándose en ocho regiones. Construimos el mapa de las personas afectadas en las 196 comunas del país donde se reportó la contratación de este servicio. El gasto estatal en arriendo de camiones aljibe en la última década supera los $222 mil millones: una docena de proveedores se llevan cerca de la mitad de esa torta y solo uno de ellos el 22% nacional. El negocio no destaca por su transparencia: parte importante de esos dineros fueron adjudicados por trato directo. La falta de agua también golpea a cientos de crianceros desde Coquimbo al Biobío, a quienes desde 2011 el Estado ha subsidiado con $11 mil millones para salvar su ganado.
Por Equipo Ameonna
21 Diciembre 2020
En la comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía, uno de cada siete habitantes no tiene acceso regular a agua potable. Cuesta asimilarlo: está a más de 680 kilómetros al sur de Santiago, para varios especialistas la nueva frontera septentrional del fenómeno de desertificación que año a año avanza sin tregua desde el norte hacia las zonas más australes del país.
“Hemos calculado que el Desierto de Atacama avanza a una tasa de por lo menos 1 metro al día, es decir, del orden de medio kilómetro al año. En total, ya se ha desplazado entre 150 y 200 kilómetros hacia el sur. Las zonas periféricas que bordean al desierto y que son híper áridas, también lo hicieron empujadas por ese avance. Hoy se ha instalado en Tiltil (Región Metropolitana) el clima que hace 100 años tenía Combarbalá (Región de Coquimbo)”, señala el doctor en bioclimatología y profesor de la Universidad de Chile, Fernando Santibáñez.
De acuerdo con datos obtenidos vía Ley de Transparencia desde los gobiernos central y regionales, la sureña Padre Las Casas es la comuna donde la escasez hídrica golpea a la mayor cantidad de habitantes en todo Chile: 11.213 personas, según cifras de 2019, entregadas a Vergara 240 (V240) por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). No es algo nuevo: el promedio de afectados entre 2011 y 2019 en esa comuna alcanza a 9.861 personas, con un peak de 15.257 en el 2016. Los datos muestran que la Región de La Araucanía es una de las más críticas a nivel nacional: allí, el descenso sostenido de las precipitaciones desde hace al menos una década ha causado estragos, así como también la pérdida progresiva de bosque nativo y el aumento sostenido de hectáreas de monocultivos de la industria forestal, intensiva en consumo de agua.
Los cálculos de Fernando Santibáñez indican que en esa zona las precipitaciones han disminuido entre un 20% y un 25% en los últimos 100 años, aunque advierte que lo que sucede en Padre Las Casas responde en buena medida a la falta de inversión del Estado: “llueve menos y no hay infraestructura adecuada de agua potable. Es la tormenta perfecta”.
Padre Las Casas también figura muy alto en la tabla de las comunas donde el Estado más dinero ha gastado en contratar camiones aljibe para paliar la escasez de agua: entre 2011 y 2019 el gobierno central ha desembolsado más de $3.665 millones en pagos a proveedores que ofrecen ese servicio y que, para muchos, se ha convertido en un muy rentable negocio. Es la segunda comuna de Chile donde más se concentra ese gasto. ¿La primera? La Ligua (Región de Valparaíso), otra de las zonas más devastadas por la sequía, con más de $6.470 millones para el mismo periodo. A Padre Las Casas le sigue la comuna de Petorca (Valparaíso) con $2.841 millones; Combarbalá (Coquimbo) con $2.503 millones y Temuco (La Araucanía) con $2.204 millones.
Fuente: DGA
Miles de datos recopilados por V240 desde el Ministerio del Interior, la ONEMI y de cada una de las intendencias y gobernaciones de todo el país, indican que de 2011 y hasta el cierre de 2019 son al menos $222 mil millones los que ha pagado el Estado a privados en contratos para asegurar algún suministro de agua potable —que no siempre se entrega en buenas condiciones— vía camiones aljibe y otros mecanismos en al menos 191 comunas del país repartidas en 15 regiones. La crisis es grave y profunda: en más de la mitad de las 346 comunas de Chile (55%) no está asegurado para miles de personas el acceso al agua, un derecho humano fundamental consagrado por Naciones Unidas desde 2010 (ver aquí).
¿Cuántas son en total las personas afectadas? Los datos de la ONEMI analizados para este proyecto indican que en la última década el promedio de personas atendidas con fondos de emergencia para paliar el déficit hídrico alcanzó a 226 mil en todo el país. La gran mayoría de ellas fue abastecida con camiones aljibe, su única posibilidad de acceso a agua potable (la cifra incluye también a aquellas a las que se les proporcionó estanques). Sin embargo, el número de habitantes sin suministro regular y que se abastece, además de camiones aljibe, de agua de pozos, aguas lluvia, norias y recolección desde afluentes (ríos, esteros, canales o vertientes) asciende a más de 415 mil, según cifras de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
Entre esas personas está Claudina Millán y su esposo, habitantes de la comuna de San Juan de la Costa, en la Región del Biobío, quienes deben compartir la poca agua que reciben de camiones aljibe con sus animales en un territorio rodeado de forestales (ver aquí); también Maribel Manquecoy, lawenche (hierbatera) mapuche de la localidad de Los Pellines (Región de los Ríos) quien, frente a la arremetida inmobiliaria en la zona, ahora debe caminar por horas en busca de agua y plantas medicinales que antes recogía a poca distancia (ver aquí); o Luis Manzano y Gastón Arancibia de Putaendo (Región de Valparaíso), quienes luchan por mantener a flote su producción agropecuaria en un lugar donde la escasa disponibilidad de agua podría verse amenazada por un mega proyecto minero vinculado a paraísos fiscales (ver aquí).
Otra cara menos conocida de los efectos de sequía es la que ha golpeado a los animales de cientos de crianceros principalmente de la zona central del país. Patricio Rojas, un ganadero de Coquimbo, es uno de ellos: no le quedó otra que bajar de las montañas para trasladar a sus hambrientas cabras por las playas de la Cuarta Región en busca de alimento y agua, tal como lo cuenta una de las historias de este especial (ver aquí). Datos entregados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) a V240 por Ley de Transparencia indican que entre 2011 y 2019, la institución ha invertido más de $11 mil millones en la compra de fardos y cubos de alfalfa para alimentar a miles de cabezas de ganado (cabras, ovejas, vacunos y caballos, principalmente) producto de la progresiva erosión de los suelos.
Como en toda crisis, hay una mayoría que pierde y unos pocos que ganan. Detrás del suministro de agua en camiones aljibe se esconde un enorme negocio para algunos. No solo es suculento, también es opaco. Más de 570 proveedores figuran en los datos recopilados desde intendencias y gobernaciones regionales de todo el país para este proyecto en el que se revisaron miles de órdenes de compra. En algunas regiones, el mercado está altamente concentrado: en el Biobío, región donde más se gasta en arriendo de camiones aljibe, un proveedor que opera casi en exclusiva captura el 22% del total del gasto nacional en la última década, con ingresos que superan los $48 mil millones.
Pero el negocio de camiones aljibe arroja otras sorpresas. V240 revisó el tipo de contratación que hicieron intendencias y gobernaciones de este servicio en los últimos 10 años, en una muestra de más de 8 mil compras por un total de $133 mil millones. De ese monto, al menos $82 mil millones fueron entregados bajo la modalidad de trato directo, es decir, sin que se hiciera una licitación que permitiera competir por el mejor precio. Este es un mecanismo excepcional de compra para casos de emergencia y que en la práctica permite escoger a un proveedor a discreción. Quizá sea eso lo que explique lo que nadie —en intendencias y gobernaciones— es capaz de responder de modo cristalino: por qué suben y bajan los precios, en millones, por distribuir en camiones aljibe la misma cantidad de agua en el mismo lugar.
La fundadora del Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, quien junto a su equipo de investigadores también ha analizado el gasto estatal en camiones aljibe, señala: “Detectamos que la causal casi única para justificar esos contratos es emergencia, urgencia o imprevisto. No podemos estar comprando este servicio y todos los años decir que es por esta causa. Desde al menos 2006 existe evidencia científica para Chile de sequía, ¿cómo es posible, entonces, que todos los años se contrate por trato directo camiones aljibe?”.
No es la única cara del negocio de agua. Impacto causó la reciente noticia de que ahora este recurso comenzará a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street, tal como el oro y el petróleo (ver aquí). Pero derechos de aprovechamiento de agua se transan desde hace años en Chile, en un mercado que no destaca por su transparencia y que se ampara en una legislación que deja mancha ancha para especular con el recurso. Uno de los reportajes de este especial revela que un empresario le vendió derechos de agua al Ministerio de Obras Públicas en $184 millones en la Provincia de Petorca, derechos que un año antes había comprado en solo $40 millones. Allí, el Estado tuvo que salir a pagar por derechos, luego de que durante años entregara de manera gratuita a privados más agua de la que realmente había disponible en la zona (ver aquí).
En Chile, el consumo humano de agua no prevalece sobre otro tipo de usos como el de las industrias agrícola, minera y forestal. En la práctica, acceder a agua potable no es un derecho asegurado para la población: no está resguardado en la Constitución. De ahí que, en el debate constitucional que se aproxima, se avizora que precisamente sea este uno de los principales temas bajo discusión.
Fuente: DGA, Indap y Gobernación de la Provincia del Limarí
Biobío, La Araucanía, Coquimbo, Valparaíso y El Maule son las regiones donde se concentra 83% del gasto total en arriendo de camiones de aljibe. Los $222 mil millones que el Estado ha desembolsado en la última década para proveer de agua a personas carentes del recurso en casi 200 comunas del país solo reflejan el gasto realizado desde el gobierno central. A lo largo de esta investigación se detectó que en distintas regiones algunas municipalidades también destinan parte de su presupuesto a ese ítem de gasto. Es lo que sucede, por ejemplo, en la Región Metropolitana. Desde esa intendencia indicaron a V240 que los datos de gasto desagregados por comuna estaban en mano de los municipios, pues son ellos los que ejecutan directamente la contratación de aljibes.
Los datos analizados también dan cuenta de que el mercado de distribución de agua potable con camiones aljibe está altamente concentrado en algunas regiones. Es el caso de Atacama, Valparaíso, El Maule y Biobío.
“Las compras de este servicio van en aumento todos los años y, pese a ello, siguen siendo justificadas como adquisiciones de urgencia y emergencia, lo que pone aún más el foco en la necesidad de abrir el mercado a más competidores. El trato directo implica riesgos no menores en materia de probidad, pues abre espacio para errores y arbitrariedades”, señala Von Wolfersdorff, quien por lo mismo también hace hincapié en la importancia de avanzar en tener un registro público de dueños o beneficiarios finales de sociedades.
En Biobío, por ejemplo, un solo proveedor, que opera a través de cinco sociedades de su propiedad, acapara el 98% del negocio en toda la región: Transportes y Logística Chile, Empresas Antártida de Chile, Empresas Tierra de Chile, Empresas Agua de Chile y Empresas Desierto de Chile, son todas propiedad del empresario penquista Germán Faúndez Fuentes.
Desde 2010 Faúndez registra contratos con la Intendencia del Biobío y a la fecha estos acumulan un monto de $48.575 millones, de acuerdo con información solicitada a ese mismo organismo. El 1 de diciembre pasado, Germán Faúndez fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Concepción por delitos tributarios: el Servicio de Impuestos Internos (SII) le imputa un perjuicio fiscal de $1.215 millones, en el que figuran involucradas dos de las cinco empresas con las que provee de este servicio.
El SII acusó a Faúndez, entre otros delitos, de emitir más de 170 facturas falsas. La querella fue presentada en marzo de 2018 en contra de las empresas Transportes y Logística Chile, Empresas Antártida de Chile e Inversiones Chile. A partir de entonces y pese a esa acción judicial, Faúndez ha seguido recibiendo contratos por parte de la Intendencia del Biobío para transporte de agua en camiones aljibe, aunque a través de otras sociedades: Empresas Tierra de Chile (creada en 2015); Empresas Aguas de Chile (creada en 2016) y Empresas Desierto de Chile (creada en 2017), esta última es la que concentra todos los contratos en 2019 ($860 millones). Quienes conocen el negocio de Germán Faúndez, indicaron que el empresario transportista a su vez subcontrata el servicio a decenas de otros proveedores, por lo que no sería el único receptor de esos millonarios ingresos.
Desde la Fiscalía del Biobío, informaron a V240 que Faúndez fue formalizado por “delitos reiterados de aumento ilícito de sus créditos fiscales y declaración maliciosa de gastos”. V240 solicitó entrevista al abogado del empresario, Humberto Alarcón, sin embargo por correo electrónico respondió que no darían declaraciones al respecto.
La Región del Biobío no solo destaca por concentrar todos los contratos en prácticamente un solo proveedor. Es también una de las regiones donde más se utiliza el trato directo como mecanismo de adjudicación. De acuerdo con información entregada por la intendencia de esa región, la mayoría de los contratos fueron entregados bajo esa modalidad.
En el análisis de una muestra de más de 8 mil pagos hechos por intendencias y gobernaciones a nivel nacional por $133 mil millones, se detectó que al menos $82 mil millones fueron entregados por trato directo. Además del Biobío, las regiones con mayor uso de este mecanismo excepcional de compra fueron Coquimbo; Valparaíso y La Araucanía.
Datos analizados por la Fundación Observatorio Fiscal del gasto de intendencias y gobernaciones en camiones aljibe entre 2016 y el primer semestre de 2019, indican que el trato directo oscila desde un 77% a un 93%, dependiendo del año (ver aquí).
En varias comunas también se observan diferencias de precio por la entrega del mismo servicio. En Petorca, por ejemplo, al mismo proveedor se le pagó $476 mil en 2015 y $1,6 millón por transportar 88 mil litros en 2017. Y en La Ligua, la misma cantidad de litros repartidos varía entre $700 mil y $1,5 millón durante el periodo analizado. Desde la gobernación provincial indicaron que esos registros corresponden a los del gobierno pasado, que la diferencia podría deberse a la época del año en que se realizó el servicio o al hecho de que, al ser trato directo, los montos simplemente varían y “no hay un precio fijo que deba respetarse”. En Quillota, los precios varían de $3,2 millones a $12 millones por igual cantidad de agua transportada. En este último caso, desde la gobernación indicaron que se trataría de un error de tabulación. En la comuna de Victoria (Araucanía), los precios oscilan entre $900 mil y $7 millones, con 15 mil litros como referencia. La situación se repite en varias otras comunas con subidas drásticas de precios.
Las respuestas que más se repiten al momento de consultar por las bruscas variaciones de precio —las que se presentan en al menos la mitad de las regiones— apuntan a que las diferencias consignadas responden a la gestión de la administración pasada; a que los datos pueden estar mal ingresados y a que, si bien es la misma cantidad de litros y la misma comuna de destino, cambian los puntos de origen donde se debe ir a cargar el agua y eso generaría costos diferenciados.
Fuente: Indap
Poco más de $11.178 millones ha tenido que desembolsar el Estado a través del INDAP entre 2011 y 2019 en la compra de forraje para animales producto de la sequía. Esos dineros han llegado a crianceros de 248 comunas del país (72% de las 346 comunas), principalmente entre las regiones de Coquimbo y del Biobío, macrozona en la que se concentra el 92% del gasto total.
Es la Región de Coquimbo —Canela, Illapel y Combarbalá, principalmente— la que concentra el mayor gasto del Estado en forraje con $2.840 millones, según los datos entregados por el INDAP. Cifras extraoficiales indican que solo en la zona central (entre Coquimbo y El Maule) la mortalidad de ganado asciende a al menos 10 mil ejemplares en los últimos años.
Pero la crisis es mucho más extensa: a nivel comunal es nuevamente una localidad del sur de Chile la que se ubica en el tope máximo del gasto de emergencia para ganado: Alto Biobío, con $583 millones.
A Coquimbo, le siguen en gasto las regiones de O’Higgins —Marchigüe, Navidad y Litueche, entre otras— con $2.422 millones y la de Valparaíso —La Ligua, Petorca y Cabildo, principalmente— con $1.646 millones.
Por Constanza Gallardo Z. y Valentina Mora J.
Por Valentina Morales y Daniel Meza
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