De “vida o muerte”. Así describe Luis Manzano la situación que se vive en Putaendo, en la Región de Valparaíso. Porque a la grave sequía que golpea a ese territorio, se suma la amenaza de un megaproyecto minero: Vizcachitas, de la canadiense Andes Copper. Pese a haber sido sancionada en dos oportunidades por afectar reservas de agua, en mayo la autoridad ambiental le dio luz verde para la realización de 350 sondajes de prospección. La autorización, que no tuvo participación ciudadana, fue revertida por los vecinos que acudieron a la justicia.
Por Constanza Gallardo Z. y Valentina Mora J.
21 de Diciembre de 2020
Gastón Arancibia habla de Putaendo como si fuera el patio de su casa. Tiene 57 años y siempre ha vivido en esta comuna, ubicada a 121 km de Valparaíso. Al hablar, le transpira la frente. No solo por el sol implacable que hace hervir el cemento y la tierra que rodea al pueblo. “Estoy con mucha incertidumbre”, reconoce, al referirse a la intensa sequía que afecta a la zona. Y luego, espontáneamente, salta el tema de la minera. Dice que “vendrá a destruir al pueblo”. Arancibia se refiere al proyecto minero Vizcachitas, de la canadiense Andes Copper.
Cartel colgado en puente del río Putaendo totalmente seco.
“Hay comunidades de vizcachas cercanas a la mina, por eso le pusieron así”, relata. Agrega que él suele verlas en sus cabalgatas por los cerros. Allí, a 2 mil metros de altura, Vizcachitas busca desarrollar una operación con una vida útil de 45 años que le permita, en plena producción, extraer 110 mil toneladas de cobre diarias (además de molibdeno y plata). Para ello, necesitarán una enorme cantidad de agua. En los registros de la Dirección General de Aguas (DGA), la minera ya figura como propietaria de derechos de aprovechamiento por 250 litros por segundo en la zona.
Pese a que el proyecto Vizcachitas ha sido una constante preocupación para los putaendinos desde hace al menos 12 años, el 2016 Andes Copper hizo noticia a nivel nacional. La investigación de los Papeles de Panamá de CIPER reveló que el holding minero operaba en Chile a través de cinco sociedades offshore domiciliadas en el paraíso fiscal de Bahamas, todas ellas creadas por el polémico y hoy extinto bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (ver aquí).
Andes Copper partió haciendo prospecciones en 1993 en Putaendo, pero fue en 2008 cuando ingresó a la entonces CONAMA un proyecto para realizar 200 sondajes de exploración minera, avaluado en 10 millones de dólares. Pero fue rechazado: “se han realizado intervenciones al cauce del Río Rocín”, cita el documento con el que el organismo ambiental calificó negativamente el proyecto (ver aquí).
El Rocín es uno de los principales caudales en lo alto de las montañas, que además es afluente del río Putaendo, principal fuente de agua para animales y cultivos del sector. La intervención de la minera sobre este río ha sido una de las principales preocupaciones de los vecinos de Putaendo, porque, pese al rechazo inicial de su proyecto, la compañía continuó ejecutando labores de exploración.
Sondaje de mil metros. Captura realizada durante una visita de distintas organizaciones junto a la minera (2017). Créditos: Coordinadora Tres Ríos
En noviembre del 2019, la DGA multó a Andes Copper con 100 UTA (poco más de $59 millones) por intervenir los cursos de agua de la zona: “La obra en cuestión genera una alteración del escurrimiento de las aguas del río Rocín, así como una obstrucción de parte de las aguas de la quebrada La Caldera, y una obstrucción total de las aguas que escurren por la quebrada s/n (sin nombre)”. El documento agrega: “Se concluye que la infractora no cuenta con derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y que existe extracción no autorizada de aguas superficiales por parte de la misma”.
Esta no es la única multa que arrastra. Dos años antes, en 2017, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) le levantó cargos por faltas gravísimas. Sin contar con Resolución de Calificación Ambiental, señala el escrito, produjo “intervención del hábitat de especies de flora y fauna nativa, así como la alteración de cursos de agua, como consecuencia al desarrollo de las obras asociadas al desarrollo de la actividad de prospección minera” (ver expediente sancionatorio). La minera, de acuerdo con la normativa contemplada en nuestra legislación, se sometió a un plan de cumplimiento con el que logró suspender la sanción.
El 11 de mayo pasado, la comisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso le dio luz verde para realizar 350 perforaciones “con la finalidad de profundizar el nivel de certeza del recurso mineral”, proyecto que contempla una inversión de 25 millones de dólares. No hubo participación ciudadana.
Patricia Fuentes, presidenta de la agrupación Putaendo Resiste, y su esposo, Gastón Arancibia, dicen haber sido testigos de cómo minera Vizcachitas ha operado por años ilegalmente: “Estaban trabajando en el embalse Chacrillas y la empresa (Laboratorio Hidrolab), que hacía análisis del agua encontró contaminantes elevados. Cuando notificaron, servicios de medio ambiente y de salud pasaron a buscar a Gastón, que era uno de los denunciantes, y pillaron trabajadores sin permiso”, detalla Patricia.
Gastón se ha dedicado siempre a la pequeña agricultura, con plantaciones aromáticas y medicinales que riega con agua del estero Chalaco, que proviene de la cordillera, donde además tiene un camping llamado “Los Patriotas”. Según comenta, los últimos años la sequía ha alcanzado magnitudes nunca antes vistas, sobre todo el 2019: “No alcanzaba a regar ni el 10% de mis plantas por la poca cantidad de agua que llegaba”, dice.
Así es como pasó de producir 10 mil kilos de orégano a solo mil, los que vende a $3 mil el kilo. Las consecuencias económicas fueron graves: las dos hectáreas y media donde tiene sus plantaciones son arrendadas y “al dueño no le importa si dio o no la cosecha, hay que pagar igual”, cuenta.
La situación en el valle de Putaendo ha llevado a la pareja a pensar en la posibilidad de cambiar de rumbo: “Tenemos la incertidumbre de hasta dónde va a llegar esto. Quizás vender lo poco que tenemos para irnos”, dice Patricia.
Luis Manzano, agricultor y criancero de la zona, dice que el pasado fue el año más crítico de la última década:
“Fue el más seco en 60 años. Subí con cerca de 50 vacunos a la cordillera en noviembre para que se alimentaran. En marzo, cuando los traje a la casa, llegué con 19. Murieron porque no había pasto por la sequía”. Agrega que sus plantaciones —algunos árboles de damascos y duraznos—, sobrevivieron por poco y que, incluso, una hectárea completa de duraznos se le murió y se los regaló a un joven para que hiciera carbón. Varios de sus vecinos han pasado por lo mismo:
Manzano a veces se monta en alguno de sus caballos para subir a la cordillera que rodea Putaendo, la que alberga más de 130 glaciares de roca. En ocasiones, llega tan alto que puede contemplar de cerca el lugar donde ha estado explorando y se pretende instalar el proyecto de la canadiense Andes Copper.
Luis Manzano en el terreno donde mantiene a sus caballos.
Ricardo Sánchez es amigo de Luis y Gastón. Comparten cabalgatas, reuniones y trabajos en el campo. Ricardo aún mantiene una granja educativa que los niños del pueblo solían visitar, con especies como llamas, ciervos y gansos.
El año pasado no dio abasto para mantener a los más de 200 animales que tenía: tuvo que vender a sus familiares 150 ejemplares de aves al ver que iban a morir de sed: “Tenía patos, gansos, pavos reales y tuvimos que desprendernos. En el caso de las vacas, tuvimos que venderlas a mitad de precio porque ya no teníamos cómo mantenerlas”.
Sánchez, al igual que otros pequeños agricultores y crianceros de la zona, explica que la sequía ha puesto sobre la mesa otro problema que existe en el pueblo: la repartición de las aguas provenientes de los cauces cordilleranos. El embalse Chacrilla, ubicado a 24 kilómetros de lo que sería la futura producción de Vizcachitas, reúne las aguas que provienen del derretimiento de los glaciares de la cordillera y que abastecen a todos los cultivos y animales del pueblo.
Luis Manzano junto a Ricardo Sánchez.
El agua se reparte en un sistema de turnos que, según cuentan los vecinos, suele favorecer a las plantaciones de los grandes agricultores de la zona, quienes manejan la junta de vigilancia que se encarga de administrar ese recurso.
“En el invierno no quisieron darnos agua para los animales y querían dejar los turnos cada 16 días. ¡Imagínate los animales, 16 días sin tomar líquido!”.
Para él, la reactivación de Vizcachitas fue la gota que rebasó el vaso y teme que la situación llegue a colapsar. Opinión que comparte Luis Manzano, quien afirma que sería un caos si la minera se instala, porque la poca agua que queda sería contaminada: “La idea es correrla y no dejar que se instale a como dé lugar”, afirma.
Patricia, Gastón, Luis y Ricardo hoy lideran la oposición, junto a sus vecinos, al proyecto minero. “Aquí estamos entre la vida y la muerte”, dice Luis, quien agrega que esto lo hacen para las futuras generaciones.
Ricardo Sánchez mostrando los animales que le quedaron en su granja educativa.
El 11 de julio de 2019, cerca de 2 mil vecinos de Putaendo enviaron cartas al SEA para que el organismo abriera un proceso de participación ciudadana (PPC) que permitiera a la comunidad hacerse parte del trámite del proyecto de sondajes de Vizcachitas.
Nueve meses después, se rechazó la solicitud porque a criterio de la entonces directora regional del SEA, Esther Parodi Muñoz, no se cumplían las exigencias establecidas en la normativa para acceder a un PPC.
Tras acudir a instancias judiciales, el 26 de agosto pasado la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección de los vecinos y obligó la apertura de instancias de participación ciudadana. El SEA —que ya había aprobado el proyecto— apeló a la decisión, pero la Suprema mantuvo el fallo.
La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto quedó congelada: la justicia obligó a la minera a involucrar a los habitantes de Putaendo a través de reuniones y consultas (ver aquí).
Desde entonces se concretaron cuatro reuniones. “Le tuvimos que pedir a la gente del SEA que por favor dejaran que los representantes de la minera respondieran a nuestras preguntas. Por ejemplo, al preguntar por el daño del material particulado al ambiente, no supieron qué decir y lo hizo el SEA. Fue una situación constante durante las cuatro reuniones”, dice Patricia Fuentes.
La participación ciudadana y el plazo para las observaciones de la comunidad concluyeron el pasado 14 diciembre. Actualmente, el proyecto figura en el Sistema de Evaluación Ambiental “en calificación”.
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