Entre balas y rejas

Para espantar el peligro, la puerta principal de ingreso de la casa se reforzó -tenía tres cerrojos y dos picaportes – y en la reja del antejardín, el candado fue reemplazado por una portentosa chapa, dos candados y dos estacas. Había también barrotes en todas las ventanas. 

La protección extrema en la construcción de dos pisos del pasaje Valdenegro, en Villa Petersen, comuna de Cerro Navia, fue creciendo tal como el miedo de sus residentes a la delincuencia. Las rejas y mallas, funcionaron: nadie extraño pudo entrar. Pero la noche del 19 de noviembre de 2021, cuando a las 3.30 horas se desató un incendio voraz que en pocos minutos consumió la vivienda, sólo cinco de las 12 personas que estaban esa noche en el hogar pudieron salir.

Una de las víctimas, Nicole Ramírez (29), gritaba desde el segundo piso, abrazada a su hija de 10 años, que no podía romper los fierros que le impedían huir del fuego.

En octubre de 2021, la Fundación Paz Ciudadana dio a conocer los resultados de su encuesta Índice Nacional 2021. Se trata de una medición que revisa la percepción de seguridad en las familias del país. De acuerdo a la encuesta, el porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento se elevó de 27,4%, a 31,6% respecto de la medición anterior.

Los ciudadanos temen y se encierran. El problema es que cuando el riesgo viene desde adentro, como en un incendio, las rejas se convierten en una trampa.

Víctor Valdivia, enfermero y voluntario de bomberos en La Granja, San Ramón y La Pintana, lo explica así: “Ha cambiado el material de construcción. Ahora una casa en tres minutos se incendia completa. Y el hecho de que tengan que cerrar sus casas, al momento de evacuar, de arrancar, ya es difícil y cuesta mucho más la salida de las personas. Y para nosotros como bomberos se dificulta mucho más nuestro trabajo. Y a estos cierres en las rejas, en las puertas, alrededor de la casa, ahora también ya están cerrando los pasajes, entonces es mucho más complejo”.

Aunque ya existía una normativa para regular el cierre de calles y pasajes, el 17 de enero el Presidente Sebastián Piñera promulgó una nueva ley que permite bloquear accesos a conjuntos habitacionales por motivos de seguridad. “En el mundo entero el narcotráfico ha ido avanzando y eso genera una combinación frente a la violencia que es tremendamente peligrosa y angustia a las familias chilenas”, dijo aquel día el entonces primer mandatario. 

Según la ley, con la firma del 80% de los propietarios de los inmuebles, o de sus representantes o moradores autorizados, se puede concretar la medida.

Valdivia detalla que el principal temor es que a las dificultades que ya existen -calles estrechas, bloqueadas por autos; grifos mal mantenidos; algunos accesos ya bloqueados- la ley sumará otros escollos: “Si está cerrado el pasaje, tenemos que bajar maquinaria, cortar el candado y romper el portón. Si no se puede hacer, desplazar material, o sea requiere utilizar muchas más mangueras. Tenemos varias villas que ya son muy cerradas. Por ejemplo el sector de Santo Tomás de La Pintana, El Castillo o Pablo de Rokha. Entonces son barrios muy pequeños y aparte se encierran. Hemos perdido 2 a 5 minutos tratando de abrir una reja o romper un candado”. Ese tiempo, enfatiza Valdivia, puede marcar la diferencia a la hora de controlar el fuego y salvar vidas. 

Sebastián Acuña (29) puede dar fe de ello. El 19 de noviembre, cuando murieron en el incendio de su casa en Cerro Navia la amiga de su esposa Tamara Marín (34) y sus tres hijos, Ángela (16), Emilio (9) y Pascal (3); su suegra, María Verónica Almuna (65); su pareja Nicole Ramírez (29) y su hija Martina de 10 años, él, al igual que su suegro y otros dos sobrevivientes, tuvo dificultades para escapar con su otra hija Antonella.

“Baja mi suegro y mi señora piensa en su mamá y se devuelve. Me voy a devolver, pero veo a mi hija con un ataque respiratorio. Ella (Nicole) me dijo ‘sal con ella y nos vemos afuera‘. Bajamos la escalera. Recuerdo que me saqué la polera y le cubrí la cara a mi hija con ella. Venía con el humo para la cagada. Saqué el picaporte, abro la manilla y cuando llegó al patio pude respirar. La segunda etapa era abrir el portón que tenía un candado. Le empecé a pegar patadas, pero no iba a ceder porque abajo tenía dos candados, abajo otro y dos estacas que iban clavadas al suelo. No había caso. En eso, los vecinos lograron abrir el portón”, relata Acuña. 

Nicole estaba en la ventana de la habitación de su madre. “Estaba en la pieza de su mamá que daba a la calle. Intentaba salir por la ventana pero no podía porque había una protección con candado”, recuerda Sebastián.

“Tengo la percepción de que cuando se cierra un pasaje, no se vuelve a abrir. Eso habla de una falla de un Estado que no pudo entregar la seguridad que se espera. Los acontecimientos de los últimos seis meses y este ascenso de delitos tan violentos, verme reflejada en otras familias -cuando fueron las balaceras que mataron a dos niños en una semana, los mismos hechos que han ocurrido en Viña del Mar- me entristecen y empatizo mucho con esas familias, con esa comunidad de la bala que se forma, porque sé que volver a sentirse seguro es un camino muy largo y puede tardar una generación. Entonces con el cierre de los pasajes siento una desesperanza muy grande”, dice Valentina Correa Uribe (33), hija de Alejandro Correa Correa (60) quien el 18 de mayo de 2020, a las 9.40 horas, fue asesinado por un sicario, por una disputa de terrenos en toma, en la puerta de su hogar en Avenida Bosques de Montemar en Concón.

Valentina representa otro rostro de la crisis en seguridad: los familiares de víctimas de delitos de armas. Tanto así que en las postrimerías de su mandato, días antes de presentar la ley de cierre pasajes, Piñera promulgó otra legislación relacionada con la seguridad: la nueva ley de armas que prohíbe, entre otras cosas, la importación de armas de fogueo y el uso de armas modificadas, adaptadas y de alto calibre.

Sólo en 2021, dijo el entonces Presidente Sebastián Piñera, las policías incautaron más de 4 mil armas de fuego.

En febrero, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó otro dato: al comparar las cifras de asesinatos entre enero de 2021 y 2022, la cantidad de crímenes se mantiene constante, pero aumenta el uso de armas de fuego: de 35 muertes totales a causa de heridas con arma de fuego en enero de 2021, se llegó a 50 en el mismo mes de 2022; mientras que el uso de arma cortante disminuyó de 37 a 21 casos. Muy por debajo de estas cifras se encuentra el uso de “elemento contundente” con 3 y 4 registros, e “incendio” que aparece solo en una oportunidad en ambos períodos estudiados. El alza en uso de armas de fuego es de 42%.

El director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson Rodríguez, explica que los homicidios han evolucionado. Aunque no hay coincidencia en los datos entre distintas instituciones respecto de las cifras de asesinatos -las entidades no comparten información-, sí hay claridad en el aumento de cierto tipo de crímenes. “Estamos viendo que hay un porcentaje mucho más alto hoy que se clasifican con imputado desconocido. Hace 7 años, el porcentaje de imputados desconocidos era 20%(…). Ahora, eso ha cambiado de manera radical y del 20% subió a más del 40% sin un imputado conocido. Eso significa que el delito muy probablemente fue premeditado o está asociado a otro tipo de fenómenos delictuales: robos que terminan en homicidios y delitos planificados. También puede estar relacionado con el crimen organizado, con bandas criminales que están operando en el robo de vehículos, con protección de ciertos territorios, con narcotráfico”, dice Johnson.

Las víctimas de balas perdidas muchas veces caen en medio de esos enfrentamientos a los que alude Johnson. Es el caso de Yasna Yaupe Castro (18), quien el pasado 11 de septiembre de 2020, murió cuando amamantaba a su hija Adeline de 2 meses. Un proyectil de 40 mm perforó el muro de material ligero de su dormitorio en su casa del pasaje Salvador Sanfuentes en la Población Santo Tomás de La Pintana. Esta población es una de las 33 zonas prioritarias definidas por el Plan Nacional de Barrios Prioritarios, lanzado en julio del 2019 por la administración Piñera.

El plan de #BarriosPrioritarios permite:
🔸Intervenir 33 vecindarios en todo 🇨🇱
🔸Aumentar la presencia policial con + de 200 efectivos
🔸Aplicar programas sociales y mejoras urbanas con foco preventivo
🔸Combatir con más fuerza al crimen organizado y el narcotráfico#CalleSegura pic.twitter.com/DUHiqzN1cx

— Ministerio del Interior Chile (@min_interior) July 29, 2019

Según se detalló en la presentación, el objetivo de la iniciativa era “disminuir los delitos complejos en 33 zonas prioritarias del país, incrementando el despliegue policial y la implementación de políticas de desarrollo social para el bienestar de los vecinos”. A tres años de su implementación, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, plantea que lejos de mejorar la calidad de vida de quienes habitan en los territorios, el plan solo se ha traducido en más represión.

El jefe comunal de La Granja y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin Aguilar, acota que estamos frente a una “crisis de inseguridad y para constatar esto basta con ver los noticiarios”. 

Desde Cerro Navia, la misma comuna en que un incendio le costó la vida a siete personas, el alcalde Mauro Tamayo Rozas, complementa que frente a la sensación de inseguridad, los vecinos no tienen otra opción más que reforzar sus hogares. “Han optado por encerrarse, llenarse de rejas, de fierros en las ventanas, en las puertas, en las rejas de afuera, crear una verdadera fortaleza. Eso impide que alguna persona vaya a robar, pero también impide la salida del hogar en caso de alguna emergencia y ahora con el cierre de pasajes, es peor. Dado la gran cantidad de incendios en los sectores populares con construcciones de material muy liviano, con sistemas eléctricos hechos de manera artesanal, sin ningún tipo de protecciones, vamos a tener muchas más víctimas que no podrán salir de sus hogares”, enfatiza Rozas.

Un complejo escenario, reconocido también por el actual gobierno. El pasado 20 de abril, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo en una entrevista que Chile enfrenta “el peor momento para la seguridad desde el retorno a la democracia”.