Durante el segundo semestre de 2019, un grupo de estudiantes de Periodismo UDP, guiados por el profesor Alberto Arellano, investigó las finanzas de las iglesias evangélicas, en el marco de una práctica electiva al alero del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP-UDP). El resultado de ese trabajo se plasmó en un proyecto especial publicado por Vergara 240, que obtuvo una mención honrosa en la categoría digital del Premio Periodismo de Excelencia.
En esa investigación se utilizó intensamente la Ley de Transparencia para solicitar información pública, pero hubo una institución que hasta hoy se ha negado a entregar los datos: el Servicio de Impuestos Internos (SII). Tras la primera negativa, el Consejo para la Transparencia le ordenó facilitar los datos tributarios de las iglesias de manera anonimizada, pero el SII insistió en oponerse a la entrega recurriendo a la Corte de Apelaciones, que acaba de confirmar que la información es pública.
El caso se inició en agosto de 2019, cuando Alberto Arellano pidió al SII acceso a la Declaración Jurada N° 1945 que deben entregar las instituciones religiosas y que contiene información sobre sus ingresos. Se invocaba el principio de divisibilidad, que obliga a los organismos a entregar aquella información que es pública, omitiendo los datos reservados.
El SII denegó la información, argumentando que entregarla “implicaría la afectación de los derechos de las personas, principalmente en lo relativo a la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, acto que sin lugar a dudas constituiría una vulneración a los derechos de las personas”. Adicionalmente, el SII aseguró que aún si la información fuese pública, no tenía una base de datos que la contuviera, por lo que entregarla implicaría una cantidad de trabajo que distraería indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales.
