Los conflictos de interés de los senadores que bloquearon la reforma constitucional del agua

En la comuna de Petorca, Quinta Región, se vive con 50 litros de agua diarios por habitante. Ni una gota más, ni una gota menos. En la descarga de un tanque de inodoro se consumen 5 litros y en promedio una persona puede ir entre 4 a 10 veces a orinar. Significa que en sólo ir al baño, una familia petorquina podría gastar su cuota diaria.  Esto sin contar duchas, lavado de loza o ropa. Desde que se declaró la crisis hídrica en la localidad en el 2017, la racionalización del agua se ha convertido en parte casi naturalizada de la vida de sus habitantes y en una cuenta regresiva medida en mililitros.

Esta es una realidad que conoce en primera persona la activista oriunda de Petorca y miembro de la fundación Territorios Colectivos, Bárbara Astudillo. La imagen de las salidas a nadar al río con su familia, solo vive en su memoria. Recuerda con nostalgia la vegetación hoy inexistente en los cerros de la región. “Tener agua es tener derecho a vivir y aquí en Petorca es una vulnerabilización sistemática”, dice. Esta realidad fue la que la impulsó a iniciar una lucha social para su comunidad y las futuras infancias de la comuna. 

El caso de Petorca es emblemático. En la actualidad, el agua es considerada por el Código Civil un bien público, pero prevalece y protege el consumo de ella a quienes se adjudiquen derechos de agua para su uso privado. Hoy existen propuestas para modificar esta realidad en la Convención Constituyente, pero el tema ya ha sido debatido en el Congreso. 

Este reportaje de Vergara 240 revela cómo hace un año cinco senadores —tres UDI y dos RN — no se abstuvieron de participar en la votación de la reforma que cambiaría el estatus constitucional del agua, a pesar de que tienen derechos de aprovechamiento hídricos a título personal o por parte de cónyuges. Todos ellos sufragaron en contra de los cambios propuestos, pese a que tanto la Ley Orgánica del Congreso como el Código de Ética del Senado establecen que los parlamentarios que registren conflictos de interés deben inhibirse de votar. 

Se corroboró, utilizando datos de la Dirección General de Aguas, del Diario Oficial e InfoProbidad, la presencia de concesiones hídricas ligadas a los parlamentarios UDI Alejandro García-Huidobro, Jacqueline Van Rysselberghe y Juan Antonio Coloma y de los militantes de Renovación Nacional Juan Enrique Castro y Manuel José Ossandón. Todos ellos rechazaron una reforma que ponía fin al carácter indefinido a esos derechos de agua y que por lo tanto los perjudicaba.

¿Por qué no se abstuvieron?

Los senadores Castro (RN), Ossandón (RN) y García-Huidobro (UDI) tienen concesiones declaradas en InfoProbidad, plataforma donde se publican las declaraciones de patrimonio y de interés de los funcionarios públicos. Los senadores Juan Antonio Coloma y Jacqueline Van Rysselbergue, en tanto, no tiene concesiones declaradas, pero sí las poseen sus cónyuges.

¿Cómo se explica, entonces, que hayan votado este proyecto? Consultados por Vergara 240, Ossandón, Castro, Coloma y Van Rysselberghe coinciden en que se está ante un tema de interés general que no amerita una abstención.

Castro tiene declaradas dos concesiones de agua, vinculados a sociedades agrícolas en las que tiene participación, para el uso del cauce del Canal Panguilemo y el Canal Peralito en la región del Maule. Castro explica a este medio que “no tengo derechos de agua. Tengo participación accionaria en empresas agrícolas y ahí existen derechos de agua asociados. Yo los declaro porque hay que declarar todo, pero no significa que yo tenga poder de decisión en esas empresas. Tendríamos que abstenernos de muchas decisiones por tener algún interés. Creo que después se reclamó por esto. Y la secretaría del Senado precisó que podíamos votar”. 

Lo que en rigor ocurrió es que el 14 de enero de 2020, la mesa del Senado desestimó la solicitud de los senadores Carlos Bianchi (IND) y Yasna Provoste (DC) de anular -por los conflictos de interés de los senadores oficialistas- la votación en que se rechazó consagrar al agua como bien de uso público en la Constitución. El reclamo fue rechazado por realizarse fuera de plazo, ya que este debió hacerse antes de la votación y por incongruencia, ya que que inicialmente se pidió anular la votación y luego se busco dejar sin efecto toda la sesión de aquel día.

Ossandón tiene una concesión hídrica declarada por el agua que utiliza en su parcela. Detalla que “no me abstuve de votar, porque los derechos inscritos sólo alcanzan el 0,05% es decir, lo suficiente para regar la parcela donde vivo junto a mi familia. Estos derechos de agua no los arriendo, ni he hecho uso de ellos para fines comerciales. Insisto, solo se utiliza en mi propiedad como cualquier otro regante. Es decir abstenerse en esto sería lo mismo que no votar una ley de bancos por tener Cuenta Rut o una cuenta corriente o con temas de vivienda, si todos tenemos casa”. Ossandón afirma que “siempre he estado de acuerdo con que el agua sea un bien nacional de uso público en la Constitución. Este proyecto no me convencía porque no era una solución real al problema”. 

El senador Coloma no tiene derechos de agua a título personal. Según su declaración de patrimonio, su esposa Cecilia Álamo es socia de Sociedad Santa Eugenia S.A., cuyo Rut 96887980-4 es el mismo de Inversiones e Inmobiliaria Santa Eugenia S.A, que figura con dos concesiones de derechos de agua en Petorca. Álamo también está en Agrícola La Vega Limitada, dedicada al cultivo de frutas y que, según consta en un oficio de 2014 de la Cámara de Diputados, es parte de los regantes del río Maipo. 

Coloma, quien integra la Comisión de Ética del Senado, fue consultado por este tema y aseveró que “tal como lo dice el Informe de la Comisión de Constitución que regla las votaciones hace muchos años y que siempre he cumplido, creo que éste -al igual por ejemplo que el alza o baja de Impuestos- es un proyecto de interés general y amplio y que va mas allá de un porcentaje muy marginal de una sociedad familiar agrícola de mi cónyuge y que no ha comercializado derechos de aguas, por lo cual no veo inhabilidad, mas aún cuando se está ante una discusión general y en donde aún no se plantean votaciones en particular”.

En cuanto a la senadora Van Rysselberghe, si bien ella tampoco presenta ninguna concesión a título personal en su ficha de InfoProbidad ni según datos de la DGA, su cónyuge Mauricio Pavez aparece en los registros.

Maricio Pavez posee parte de la Inmobiliaria La Mochita S.A, que extrae aguas desde la cuenca del río Biobío desde los años 90. Además representa a Áridos del Laja S.A en la constitución de 2017 de Inmobiliaria La Posada Spa. Van Rysselberghe precisó que, al menos en lo que corresponde a La Mochita “hace mucho que no tiene actividades. Mi esposo, por lo tanto, no tiene relación. Desconozco si se han hecho los trámites respectivos, probablemente por eso aún figura”. También adujo que cumplía con la normativa vigente.

García-Huidobro, quien declara 4 concesiones hídricas, no respondió los llamados de este medio.

La excepción

“Señora Presidenta, de acuerdo con el artículo 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, norma reflejada en el artículo 8° de nuestro reglamento, me inhabilito en esta votación”. El senador independiente pro RN, Kenneth Pugh, argumentó así su abstención en la segunda discusión general por la reforma al Código de Aguas, el 5 de noviembre de 2019, durante la tramitación que acabó con el rechazo del proyecto dos meses después. 

La reforma llevaba más de una década en trámite y había terminado fusionando nueve proyectos en uno. Disponía la reformulación de lo establecido constitucionalmente sobre el agua, para considerarla como un bien público. En particular, el proyecto causaba conflictos entre los parlamentarios, ya que algunos defendían la libertad de hacer uso privado del bien natural, mientras que otros consideraban que debía estar a cargo del Estado.

La ley orgánica y el artículo del reglamento a los que aludió el senador Pugh establecen que “los senadores no pueden promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos”, o a sus padres, hijos o cónyuge. Es decir, que deben abstenerse de emitir su voto, aunque pueden participar de la discusión aclarando con anterioridad el interés que ellos o las personas mencionadas tengan en el asunto.

A pesar de que no existen concesiones hídricas a nombre personal o de empresas vinculadas a Kenneth Pugh, según lo estipulado en el Diario Oficial, la inhabilitación del senador tiene relación con los negocios de su hermano Michael Pugh Olavarría. Michael Pugh es dueño y representante legal de San Pedro de la Aguada, sociedad agrícola fundada en 2016 que según la Dirección General de Aguas (DGA), cuenta con tres concesiones activas.

Lo relevante de la abstención de Pugh fue que marcó un contrapunto con el actuar de los otros cinco senadores de su sector que votaron pese a sus evidentes conflictos de interés.

La reforma que no fue

El proyecto proponía el cambio del artículo 19 N° 24 de la Constitución, el cual establece actualmente que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.” 

El argumento principal a favor de la reforma era transformar el agua en un bien de uso público. Además se regulaba del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serían siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas; garantizaba la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico; contemplaba el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.

La reforma constitucional era uno de los proyectos emblemáticos de la oposición, ya que unía fuerzas desde distintos sectores, refundiendo nueve mociones de la misma índole presentadas desde el 2008 al 2016. Parte de estos parlamentarios pertenecen al PS, PPD, PR y a la DC, incluso a RN, debido a que la última moción que fue introducida por el senador de este último partido, Francisco Chahuán.

Luego de doce años desde la presentación de la primera moción, el proyecto vio posibilidades de legislación este año. Tras esto fueron variadas las instancias de discusión, siendo tema de interés por varios meses en distintas comisiones del Senado, inclusive creándose una comisión especial para su estudio.

Finalmente, el proyecto fue votado el 7 de enero, obteniendo 24 votos a favor y 12 en contra. No fueron suficientes para que lograra ser aprobado, debido a que no consiguió el quórum de dos tercios del total de legisladores que se establece para reformas constitucionales, es decir, 29 de los 43.

Respecto a la participación de los senadores, fueron 36 los que votaron en el referendo final, sin ninguna abstención. Quienes se inhabilitaron junto con el senador Kenneth Pugh, fueron Rodrigo Galilea (RN) y el presidente interino de Renovación Nacional, Rafael Prohens, conocido empresario agrícola.

El senador Alejandro Navarro (PRO) días más tarde declaró a la prensa que la votación estaba viciada ya que argumentó, sin dar nombres, que hubo senadores que “votaron en contra, pese a tener directa o indirectamente participación en sociedades que se benefician de la extracción del agua. Y con sus votos, el agua sigue siendo privada.” 

Sin sanción, no hay cambio

Según Manuel Arís, investigador de Espacio Público y experto en ética y anticorrupción, hubo dos faltas relacionadas con conflictos de interés en este caso. Por un lado, el incumplimiento de la ley 20.880 de Probidad Administrativa, al no transparentar todos los derechos de agua en InfoProbidad. La segunda, la vulneración al artículo 5°B de la ley orgánica del Congreso, que regula las abstenciones e inhabilitaciones frente a cualquier tipo de interés personal. Arís plantea que se vulneraron las labores parlamentarias, ya que los senadores mencionados anteriormente votaron a pesar de tener concesiones activas. “Existe un interés particular que pudo afectar la decisión de los parlamentarios y no privilegiar el bien general, que es el mandato que ellos tienen”, planteó el experto. 

Sin embargo, el problema principal es que el artículo 5°B no establece sanciones efectivas para quienes no lo acaten, por lo que en la práctica inhabilitarse termina siendo una actitud optativa, más que obligatoria. Según Arís, que casos como estos sigan quedando impunes habla de un “problema de la aplicabilidad del artículo, ya que si los parlamentarios no lo cumplen, probablemente no va a haber una sanción, y si la hay no va a ser pública”.

El senador Alejandro Navarro al ser consultado —antes del accidente cardiovascular que lo mantiene con diagnóstico reservado— reafirmó sus declaraciones iniciales, puntualizando que a pesar de que la reforma establece un beneficio general, “en el Senado los propietarios de aguas son reducidos, pero los que están, tienen intereses económicos directos”, situación que según él entorpeció la votación. 

El senador Francisco Chahuán (RN) fue el único senador oficialista que votó a favor del proyecto, además presentó una de las 12 mociones refundidas de la reforma. A pesar de esto, su apoyo no fue suficiente para que la ley obtuviera los votos necesarios. Al ser consultado, comentó que una de las razones del fracaso de la reforma fue la falta de apoyo de sus pares: “yo hice lo que consideraba que era lo mejor, sobre todo por las circunstancias que está viviendo el país en materia de años de sequía” y que “se perdió porque no se logró conseguir los votos necesarios y en eso faltó más voluntad política y la necesidad de explicar mucho mejor por qué era tan relevante efectuar esta modificación constitucional del agua.”

Sobre posibles conflictos de interés, declaró que todo debía ser denunciado e investigado, “si se comprueba que existieron faltas a la ética o conflictos de interés sería grave, pero eso debe comprobarse, y antes de eso debe denunciarse. Lamentablemente algunos parlamentarios hablan mucho de faltas a la ética o de conflictos de interés, pero no son capaces de hacer las presentaciones en las instancias que el órgano legal chileno permite hacerlo y no sólo decirlo en las entrevistas”.

Pugh, quien sí se inhabilitó, evitó cuestionar a los demás senadores. “Esas son preguntas que se deben hacer a cada uno. Yo respondo por mis actos y decisiones y no por lo que hagan tercero”, adujo.

Al cierre de este reportaje ha pasado casi un año desde la votación de este proyecto de ley. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de sanción contra los senadores que no se inhabilitaron. Esto replantea las dudas sobre la falta de regulación ética a quienes toman las decisiones en Chile. 

Para Arís, los hechos constituyen una falta y “se debería iniciar una investigación por parte del Comité de Ética del Senado”. Sin embargo, apunta a que la fiscalización es difícil, ya que los senadores “tienen la complejidad de tener que sancionar a sus pares sin saber si ellos mismos se pueden ver vistos en problemas similares en el futuro”.