En la comuna de Petorca, Quinta Región, se vive con 50 litros de agua diarios por habitante. Ni una gota más, ni una gota menos. En la descarga de un tanque de inodoro se consumen 5 litros y en promedio una persona puede ir entre 4 a 10 veces a orinar. Significa que en sólo ir al baño, una familia petorquina podría gastar su cuota diaria. Esto sin contar duchas, lavado de loza o ropa. Desde que se declaró la crisis hídrica en la localidad en el 2017, la racionalización del agua se ha convertido en parte casi naturalizada de la vida de sus habitantes y en una cuenta regresiva medida en mililitros.
Esta es una realidad que conoce en primera persona la activista oriunda de Petorca y miembro de la fundación Territorios Colectivos, Bárbara Astudillo. La imagen de las salidas a nadar al río con su familia, solo vive en su memoria. Recuerda con nostalgia la vegetación hoy inexistente en los cerros de la región. “Tener agua es tener derecho a vivir y aquí en Petorca es una vulnerabilización sistemática”, dice. Esta realidad fue la que la impulsó a iniciar una lucha social para su comunidad y las futuras infancias de la comuna.
El caso de Petorca es emblemático. En la actualidad, el agua es considerada por el Código Civil un bien público, pero prevalece y protege el consumo de ella a quienes se adjudiquen derechos de agua para su uso privado. Hoy existen propuestas para modificar esta realidad en la Convención Constituyente, pero el tema ya ha sido debatido en el Congreso.
Este reportaje de Vergara 240 revela cómo hace un año cinco senadores —tres UDI y dos RN — no se abstuvieron de participar en la votación de la reforma que cambiaría el estatus constitucional del agua, a pesar de que tienen derechos de aprovechamiento hídricos a título personal o por parte de cónyuges. Todos ellos sufragaron en contra de los cambios propuestos, pese a que tanto la Ley Orgánica del Congreso como el Código de Ética del Senado establecen que los parlamentarios que registren conflictos de interés deben inhibirse de votar.
Se corroboró, utilizando datos de la Dirección General de Aguas, del Diario Oficial e InfoProbidad, la presencia de concesiones hídricas ligadas a los parlamentarios UDI Alejandro García-Huidobro, Jacqueline Van Rysselberghe y Juan Antonio Coloma y de los militantes de Renovación Nacional Juan Enrique Castro y Manuel José Ossandón. Todos ellos rechazaron una reforma que ponía fin al carácter indefinido a esos derechos de agua y que por lo tanto los perjudicaba.
¿Por qué no se abstuvieron?
Los senadores Castro (RN), Ossandón (RN) y García-Huidobro (UDI) tienen concesiones declaradas en InfoProbidad, plataforma donde se publican las declaraciones de patrimonio y de interés de los funcionarios públicos. Los senadores Juan Antonio Coloma y Jacqueline Van Rysselbergue, en tanto, no tiene concesiones declaradas, pero sí las poseen sus cónyuges.
¿Cómo se explica, entonces, que hayan votado este proyecto? Consultados por Vergara 240, Ossandón, Castro, Coloma y Van Rysselberghe coinciden en que se está ante un tema de interés general que no amerita una abstención.
Castro tiene declaradas dos concesiones de agua, vinculados a sociedades agrícolas en las que tiene participación, para el uso del cauce del Canal Panguilemo y el Canal Peralito en la región del Maule. Castro explica a este medio que “no tengo derechos de agua. Tengo participación accionaria en empresas agrícolas y ahí existen derechos de agua asociados. Yo los declaro porque hay que declarar todo, pero no significa que yo tenga poder de decisión en esas empresas. Tendríamos que abstenernos de muchas decisiones por tener algún interés. Creo que después se reclamó por esto. Y la secretaría del Senado precisó que podíamos votar”.
Lo que en rigor ocurrió es que el 14 de enero de 2020, la mesa del Senado desestimó la solicitud de los senadores Carlos Bianchi (IND) y Yasna Provoste (DC) de anular -por los conflictos de interés de los senadores oficialistas- la votación en que se rechazó consagrar al agua como bien de uso público en la Constitución. El reclamo fue rechazado por realizarse fuera de plazo, ya que este debió hacerse antes de la votación y por incongruencia, ya que que inicialmente se pidió anular la votación y luego se busco dejar sin efecto toda la sesión de aquel día.
Ossandón tiene una concesión hídrica declarada por el agua que utiliza en su parcela. Detalla que “no me abstuve de votar, porque los derechos inscritos sólo alcanzan el 0,05% es decir, lo suficiente para regar la parcela donde vivo junto a mi familia. Estos derechos de agua no los arriendo, ni he hecho uso de ellos para fines comerciales. Insisto, solo se utiliza en mi propiedad como cualquier otro regante. Es decir abstenerse en esto sería lo mismo que no votar una ley de bancos por tener Cuenta Rut o una cuenta corriente o con temas de vivienda, si todos tenemos casa”. Ossandón afirma que “siempre he estado de acuerdo con que el agua sea un bien nacional de uso público en la Constitución. Este proyecto no me convencía porque no era una solución real al problema”.
El senador Coloma no tiene derechos de agua a título personal. Según su declaración de patrimonio, su esposa Cecilia Álamo es socia de Sociedad Santa Eugenia S.A., cuyo Rut 96887980-4 es el mismo de Inversiones e Inmobiliaria Santa Eugenia S.A, que figura con dos concesiones de derechos de agua en Petorca. Álamo también está en Agrícola La Vega Limitada, dedicada al cultivo de frutas y que, según consta en un oficio de 2014 de la Cámara de Diputados, es parte de los regantes del río Maipo.
Coloma, quien integra la Comisión de Ética del Senado, fue consultado por este tema y aseveró que “tal como lo dice el Informe de la Comisión de Constitución que regla las votaciones hace muchos años y que siempre he cumplido, creo que éste -al igual por ejemplo que el alza o baja de Impuestos- es un proyecto de interés general y amplio y que va mas allá de un porcentaje muy marginal de una sociedad familiar agrícola de mi cónyuge y que no ha comercializado derechos de aguas, por lo cual no veo inhabilidad, mas aún cuando se está ante una discusión general y en donde aún no se plantean votaciones en particular”.
En cuanto a la senadora Van Rysselberghe, si bien ella tampoco presenta ninguna concesión a título personal en su ficha de InfoProbidad ni según datos de la DGA, su cónyuge Mauricio Pavez aparece en los registros.
Maricio Pavez posee parte de la Inmobiliaria La Mochita S.A, que extrae aguas desde la cuenca del río Biobío desde los años 90. Además representa a Áridos del Laja S.A en la constitución de 2017 de Inmobiliaria La Posada Spa. Van Rysselberghe precisó que, al menos en lo que corresponde a La Mochita “hace mucho que no tiene actividades. Mi esposo, por lo tanto, no tiene relación. Desconozco si se han hecho los trámites respectivos, probablemente por eso aún figura”. También adujo que cumplía con la normativa vigente.
García-Huidobro, quien declara 4 concesiones hídricas, no respondió los llamados de este medio.
