Vergara 240

El domingo 31 de julio el alcalde de Puente Alto señaló que el proyecto de Nueva Constitución “le permite a homicidas, personas que están incluso privadas de libertad, postular a cargos públicos. Incluso a narcotraficantes”. El Artículo 172 de la propuesta establece que no podrán postular a cargos públicos ni de elección popular quienes estén condenados por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, corrupción, y otros que determine una ley. Expertos señalan que, tal como está hoy redactada la propuesta, los dichos de Codina podrían tener cabida, pero que también dependerá de una ley que regule esta materia.  

El 26 de julio la doctora en filosofía, Sylvia Eyzaguirre, afirmó en el programa Sin Filtros que, “la creación de los colegios está omitida en la Nueva Constitución, y es más, se le da derecho a administrar de forma autónoma colegios solo a los pueblos originarios”. Lo anterior es “Verdadero, pero…” La propuesta constitucional señala que los pueblos indígenas pueden desarrollar sus establecimientos educacionales. Efectivamente se omite qué otras personas u organizaciones podrán crear instituciones educativas ya que eso será materia de ley. Asimismo, en otro artículo se establece que el Estado garantizará la libertad de enseñanza.  

El miércoles 27 de julio, la ex convencional Marcela Cubillos publicó en Twitter que en la propuesta de nueva constitución no existen normas relativas al terrorismo. La afirmación es verdadera ya que en ninguna parte de la propuesta constitucional está presente el concepto.

El pasado 26 de julio, la ex convencional Giovanna Grandón, denunció la entrega de folletos con el logotipo de la Convención Constitucional y cuyo contenido era “información falsa” sobre la propuesta. Los volantes contienen un código QR que lleva al sitio web de “Facilitadores Constitucionales”, organización de la sociedad civil inscrita en el Servel a favor del “Rechazo” pero de quienes se desconoce más información.

El 23 de julio, la abogada Enza Alvarado señaló a El Mostrador que, de aprobarse la propuesta constitucional, sería la primera en hablar expresamente de “cambio climático”. Esto lo calificamos como “Falso, pero…”, ya que al menos 12 constituciones alrededor del mundo hacen referencia al cuidado del ecosistema y al cambio climático. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes consultadas, la propuesta chilena habla de “crisis climática”, aspecto que no estaría contemplado en otras constituciones.

El 23 de julio, el ex candidato a diputado por la Democracia Cristiana Rodrigo Albornoz, afirmó en Twitter que “en proyecto constitucional hacen desaparecer a Carabineros”. Esta afirmación la catalogamos como falsa. El texto de la nueva Constitución propone que Carabineros de Chile ya no sea una policía militarizada sino civil, y que sus generales puedan ser sujetos de acusación en el Congreso. Sin embargo, no se refiere a su eliminación. De hecho, la propuesta considera y menciona a las policías en numerosos artículos.

Semana a semana, un equipo conformado por cinco estudiantes -dirigidos por la profesora Valentina Nicole de Marval Moya- verificará las informaciones relacionadas con la propuesta constitucional, trabajo que se extenderá hasta el Plebiscito del 4 de septiembre.

El 15 de julio el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmó a Radio Universo que “las mismas encuestas que hoy día dicen que el “Rechazo” va ganando, decían que estábamos empatados para el 80/20 [Plebiscito de entrada]”. Pero los sondeos que actualmente señalan que la alternativa “Rechazo” va liderando las preferencias, en 2020 indicaban que la opción “Apruebo” era la que encabezaba las encuestas previas a las votaciones del pasado 25 de octubre de 2020. Sí hubo un empate en un sondeo ese mismo año, pero respecto al tipo de órgano constituyente (convención mixta o constituyente).

El 18 de julio Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, declaró en un punto de prensa que “este proyecto de Constitución prohibiría echar del país a delincuentes si ellos piden refugio”. Esta afirmación es falsa, ya que la propuesta constitucional establece en su Artículo 71 que “ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza” si su vida corre peligro en su país de origen. Además, la misma norma señala que será una ley la que eventualmente regulará los procesos de solicitud de refugio. Es decir, dependerá de una política pública y no de la Constitución el cómo y a quiénes se les otorga el refugio.